Chile, marcado por años como un ejemplo de la región, se ha convertido en un país marcado por los incidentes y la violencia en las calles. Eso afecta directamente el futuro de la economía.

Las protestas, iniciadas a mediados de octubre y la falta de reacción política para restablecer el orden público y consensuar medidas que pongan freno a la desigualdad apuntan contra el futuro económico del país.

El país liderado por Sebastián Piñera pasó de debatir si el crecimiento anual estará por encima del 2,5%, dando por hecho crecimientos trimestrales en positivo, a hacerlo sobre si el país entrará o no en recesión en 2020.

“La expectativa de que la incertidumbre política se mantenga alta durante un tiempo más crea vientos de cara adicionales para la economía”, refrendaba el equipo de análisis de Goldman Sachs, uno de los mayores bancos de inversión con mayor predicamento en Wall Street.

Los avisos resultan atronadores en una de las economías más estables de la región y que se había ganado la preferencia de los inversores en sus carteras emergentes.

El diagnóstico coincide con el de JPMorgan, otro de los grandes de la inversión, que presagia “un prolongado período de baja actividad económica empresarial” en el que se cruzarán las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2021.

El horizonte recesivo no ha sido descartado por el Gobierno: las dudas al respecto, de hecho, se mantienen más vivas que nunca desde la Gran Crisis.

La foto de los daños sobre las infraestructuras aún es parcial, pero arroja ya una cifra lo suficientemente gruesa como para hacer saltar las alarmas: al menos 4.500 millones de dólares, según la Cámara Chilena de la Construcción, solo considerando los espacios públicos. En la capital, las ventas del comercio al por menor cayeron a una tasa de doble dígito en los días más álgidos de las protestas, la confianza del consumidor ha caído hasta su nivel más bajo en tres años y tenido un efecto cascada sobre la recaudación.