Nota de Tapa

2x1 no va a quedar ninguno... adentro

El fallo de la Corte Suprema que declara aplicable el cómputo del 2x1 para los genocidas por delitos de lesa humanidad continúa despertando controversias. Entrevistas exclusivas a los abogados defensores de Musa Azar y Jorge D’Amico. La palabra de representantes de Derechos Humanos. Un escenario impensado en la búsqueda de memoria, verdad y justicia.

A media mañana del miércoles 3 de mayo, la noticia comenzó a correr como reguero de pólvora: la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos contra dos, declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad. Más específicamente, para el caso de Luis Muiña, un civil condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

La decisión de la mayoría, constituida por los ministros Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, sostuvo que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo y se aplica “siempre” a todos los delitos, sin distinción alguna. Con este argumento, declaró aplicable la ley 24.390 (conocida como 2x1) al caso de Luis Muiña.

Específicamente, en el caso de Muiña, la Ley 24.390, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando fue derogada, computa dos años por cada uno efectivamente preso a partir de los dos años de prisión preventiva. El fallo se presta a controversia -según penalistas- porque los delitos fueron cometidos y juzgados antes de la vigencia de la ley de marras, que además fue derogada en 2001.


En disidencia votaron los jueces Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y Juan Carlos Maqueda, quienes argumentaron que el beneficio del 2x1 no es aplicable a los condenados por delitos de lesa humanidad

CASO MUIÑA
El fallo de la Corte Suprema fue dictado en el caso del represor civil Muiña, en la causa “Bignone, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas, en el partido bonaerense de Morón.

Condenado a 13 años de prisión, Muiña integró un grupo parapolicial conocido con el nombre de “Swat”, conformado por una decena de personas, quienes operaron dentro del Posadas, donde utilizó el centro clandestino de detención conocido como “el chalet”.

La sentencia condenatoria de 2011 quedó firme el 21 de agosto de 2013, cuando la Corte declaró inadmisible un recurso extraordinario de la defensa.

En setiembre de 2013, el Tribunal de primera instancia le aplicó el 2x1 y estableció -por ese cómputo- que la condena estaría cumplida el 11 de noviembre de 2016. Pero esa resolución fue anulada por la Cámara Federal de Casación Penal, que consideró que el beneficio era “inaplicable” al caso, en fallo recurrido ante la Corte por la defensa de los sentenciados.

Muiña fue condenado como coautor de los delitos de privación ilegal agravada en concurso con imposición de tormentos en perjuicio de cinco víctimas: Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff.

El expediente señaló que estos delitos derivaron de una operación represiva del 28 de marzo de 1976, que empleó tanques, helicópteros y que comandó en persona Reynaldo Bignone, quien ocupó el Posadas y detuvo ilegalmente a cinco trabajadores del establecimiento asistencial. Los secuestrados fueron encerrados en el centro clandestino de detención conocido como “El chalet”, que funcionaba en el mismo predio del hospital, donde fueron torturados.

EL FALLO

En el fallo de la Corte, la mayoría del máximo tribunal sostuvo que el Estatuto de Roma, instrumento jurídico internacional destinado a juzgar a acusados por delitos gravísimos, tales como genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, “incorpora el principio de la ley más benigna” y su carácter imperativo