Judiciales

La Fiscalía pidió diez condenas a perpetua y siete penas de entre 3 y 20 años de prisión

El MPF consideró acreditada la intervención de los 17 acusados en diferentes hechos y probados 266 de los 271 casos que llegaron a juicio. Pidió al tribunal que haga cumplir las penas en la cárcel y que declare que “en la provincia de Tucumán, durante la implementación del Operativo Independencia, no existió un conflicto armado interno”.

“Justicia” fue la última palabra con la que el fiscal federal de Tucumán, Pablo Camuña, cerró el petitorio en el alegato del juicio oral por los crímenes contra 266 víctimas durante el Operativo Independencia, tras pedir previamente la condena a prisión perpetua para diez ex militares y ex policías y la imposición para otros siete de penas de 3, 7, 12, 13, 18 y 20 años de prisión.

La Fiscalía -que estuvo representada también por los fiscales ad hoc Agustín Chit y Patricia Vitar- cerró esta tarde su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán tras seis jornadas consecutivas, en las que expuso las pruebas recogidas en el debate oral y público, que comenzó en mayo del año pasado.

Los representantes del MPF pidieron además que “se imponga el cumplimiento efectivo de las penas requeridas en una unidad penitenciaria” y citaron al respecto la jurisprudencia reciente de ese mismo tribunal que determinó que “la condena en un juicio oral importa per se un considerable incremento en los riesgos procesales [es decir, la posibilidad de fuga] los cuales deben ser conjurados por los tribunales en virtud del especial deber de cuidado que tienen en casos en los que, como el presente, se pueda generar una situación de impunidad de autores de graves violaciones a los derechos humanos”.

Antes de solicitar las penas, los fiscales pidieron a los jueces que se tengan por acreditados los delitos perpetrados contra 266 víctimas de las 271 que integran el objeto procesal de la causa, que se califique a los hechos que las perjudicaron como delitos de lesa humanidad y que “se declare como garantía de no repetición que en la provincia de Tucumán, durante la implementación del Operativo Independencia, no existió un conflicto armado interno”.

La Fiscalía pidió que se declare la nulidad de cinco causas seguidas durante aquella época a víctimas de este juicio por violación a la derogada ley 20.840, conocida como “ley antisubversiva”, que sirvió para dotar de legalidad las detenciones arbitrarias y la persecución política.