Nota de Tapa

Aportantes sin causa

La mayoría de las entidades sin fines de lucro creadas por dirigentes no informa quiénes son sus donantes. La sciolista Dar nunca presentó un balance en la IGJ. Entre las del PRO, Pensar y Suma apenas revelaron algunos nombres de aportantes y sólo Formar dio la lista entera, que incluye a empresas públicas y proveedores de la Ciudad, aunque con montos bajos. Advierten sobre conflictos de interés.

La mayoría de las fundaciones creadas por las principales figuras o partidos políticos ocultan la información sobre las donaciones que reciben. Amparados en una ley que no los obliga a detallarlas públicamente, no informan quiénes les dan dinero, ni cuánto reciben de cada uno de esos aportantes. La sciolista Fundación Dar nunca presentó un balance ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y las del PRO, Pensar y Suma, apenas dieron algunos nombres en sus resultados contables de 2013 a 2015.

Sólo una fundación del partido gobernante, Formar, detalló el flujo de dinero que recibe de empresas, cámaras y personas, según surge de la documentación de la IGJ. Y de esa información surgen múltiples zonas oscuras, cuestionables o que podrían llegar a ser ilegales.

Empresas públicas y proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donaron entre 2013 y 2015 fondos a Formar, que preside y presidía Guillermo Dietrich, actual ministro de Transporte de la Nación y entonces subsecretario de Transporte porteño, y que estaba y está dirigida por una mayoría de funcionarios porteños que antes respondían a Mauricio Macri y ahora a Horacio Rodríguez Larreta. El Banco Ciudad fue el tercer mayor donante de la fundación en aquel período, con unos $105 mil pesos de aquel tiempo, equivalentes a US$15.085 de entonces, según el tipo de cambio promedio del año del cierre de cada ejercicio. En 2013, el banco estaba presidido por Federico Sturzenegger, actual jefe del Banco Central, y en 2014 y 2015 por el hoy ministro de Interior, Rogelio Frigerio.

De una lista de 403 donantes, la empresa Subterráneos de Buenos Aires SE (Sbase) ocupó el puesto 52º, con $40 mil, equivalentes a 4.319 dólares. Sbase es dueña de la red concesionada a Metrovías y se encarga de las obras de extensión del subte. Entre 2010 y 2016 estaba presidida por Juan Pablo Piccardo. En la posición 98º figuró la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA), con $20 mil, equivalentes a 2.159 dólares. En 2015, cuando se desembolsó ese dinero, su presidente era Darío Sarquis, actual gerente general del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).

No se trata de cifras siderales como las que se decía que costaba una campaña presidencial en 2015: $1.000 millones. Eso sí: la ley impedía que se erogaran más de 250 millones de pesos. De acuerdo con la norma vigente, los partidos o alianzas sólo pueden recibir fondos públicos y aportes de personas físicas para las campañas electorales. La Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos prohíbe que, dentro y fuera de la campaña, las agrupaciones reciban contribuciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas, así como las que exploten juegos de azar. Cuando se trata de financiar campañas electorales, la ley prohíbe todo aporte de personas jurídicas (compañías, organizaciones), aunque pueden hacerlo fuera del período electoral. En cambio, los aportes a fundaciones de cualquier clase están regulados por la ley de fundaciones y no están alcanzados por la ley de financiamiento de los partidos.

Por eso, a pesar de que sus estatutos y balances dan cuenta de tareas de formación política y actividades solidarias, las fundaciones de políticos estuvieron sospechadas de contribuir con la campaña presidencial en la que se enfrentaron Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa.

Tres fundaciones están ligadas a los máximos líderes del PRO: Pensar, que preside el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera; Suma, que conducía la actual vicepresidenta de la Nación y ex senadora por el PRO, Gabriela Michetti; y Formar. Pensar declaró que recibió entre 2013 y 2015 ingresos por 11,5 millones de pesos. Formar, por $6 millones; y Suma, por 5,9 millones de pesos.

Todos estos datos surgen de los balances que las tres fundaciones presentaron fuera del tiempo legal estipulado por la IGJ, recién en 2016, cuando el kirchnerismo dejó de gobernar. Aún no proporcionaron los correspondientes al año pasado. Las sociedades deben acercar sus balances a la IGJ en los cuatro meses y medio posteriores al cierre del ejercicio. Si incumplen, deberían recibir multas y hasta se les podría quitar la personería jurídica, siempre de acuerdo con la gravedad del hecho.