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Historias de sospechas sobre las fundaciones políticas acá y en los EE.UU.

La polémica sobre las fundaciones de los políticos viene de larga data y no sólo se desata aquí sino en todas partes del mundo. En la Argentina, en 2007 el entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, pidió que la Justicia investigara la campaña de cuatro años atrás por presunto lavado de dinero entre Jorge Brito, dueño del Banco Macro, y la fórmula presidencial Carlos Menem-Juan Carlos Romero, que abandonó el balotaje ante Néstor Kirchner-Daniel Scioli. Garrido puso entonces la lupa sobre la Fundación Argentina Solidaria, que había fundado el ahora senador salteño del PJ y que había costeado en 2003 casi todo el proselitismo del llamado Frente de la Lealtad. Argentina Solidaria había aportado $10,8 millones (US$ 3,6 millones de entonces) para pagar avisos en televisión, radio y medios gráficos. Además, la cifra superaba ampliamente la permitida por la ley de financiamiento de los partidos.

Garrido sostenía también que la fundación se había financiado con fondos de la provincia de Salta, que entonces gobernaba Romero, y con depósitos en efectivo de sujetos no identificados. La entidad operaba con tres cuentas bancarias que tenía en una sede porteña del Macro. El banco, que era agente financiero de Salta, había omitido la emisión de registros de operaciones sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Argentina Solidaria experimentó en 2003 un salto del 3.500% respecto de sus donaciones anuales desde que había sido fundada, en 1992. A pesar de las sospechas, la causa judicial no prosperó. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi estuvo a su cargo.

En los Estados Unidos también hay ejemplos de fundaciones de políticos bajo sospecha. Al igual que muchos empresarios, Donald Trump tenía una fundación, pero esta protagonizó un fuerte salto en sus ingresos en el año en el que se candidateó a presidente. En 2016 juntó US$ 2,9 millones, tanto como había recolectado en la suma de los cuatro años anteriores. Además, durante el año electoral donó 3 millones, más que lo que había distribuido en total entre 2013 y 2015.

Dos tercios de las donaciones a la Fundación Donald J. Trump en 2016 provinieron de un empresario del juego de Las Vegas y de la esposa del presidente de Marvel Entertainment, Laura Perlmutter, que aportaron el dinero en un evento a beneficio de veteranos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, una parte de lo recaudado habría terminado en manos del entonces candidato presidencial republicano, según la investigación del fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman. Así fue que un mes antes de los comicios, Schneiderman denunció que la Fundación Trump había violado la regulación sobre recaudación y le ordenó que dejara de pedir fondos. Después de la victoria electoral y para evitar más conflictos de interés, Trump anunció que cerraría la entidad benéfica, a la que había dejado de donar en 2008.

En la mayor potencia mundial, la opacidad de las fundaciones de políticos tampoco respeta grietas. La Fundación Bill, Hillary y Chelsea Clinton también estuvo en el ojo del huracán en la campaña de 2016. Cuando la candidata presidencial demócrata había asumió como secretaria de Estado en 2009, firmó un documento en el que se comprometía a no intervenir en ningún asunto que directa o indirectamente tuviese que ver con la fundación familiar, que lleva recaudados más de US$ 2 mil millones desde 1997. Sin embargo, aparecieron casos que levantaron sospechas.

En 2010, el Departamento de Estado aprobó que la empresa rusa Rosatom comprara una minera de uranio canadiense con proyectos en los Estados Unidos. Lo hizo después de que un banco ruso ligado con Rosatom pagara US$ 500 mil a la fundación por una conferencia del ex presidente de Estados Unidos en Moscú.