Nota de Tapa

¡Acorralado!

En 2015, una medida del ex juez Rómulo Rava, colaboró con Luis Manuel Pericás en una jugada judicial que pretendía quedar impune, en perjuicio de Raúl Sumbay. Actualmente un fallo dejó sin efecto la medida del ex juez Rava con lo cual Pericás perdería el 50% del edificio de Radio LV7 en Tucumán.

El caso se originó tras la denuncia del empresario Raúl Sumbay. Pericás vendió a Sumbay el edificio de LV7, luego convenció a Sumbay de pagarle una deuda que tenía con su tío Pedro Pericás. Posteriormente, Pericás acudió al ex juez Rava. El juez santiagueño recapitalizó a Pericás, el abogado de Sumbay, Jorge Navarro, denunció que el fallo demoró apenas tres días en refrendarse como una irregularidad del proceso judicial. El 13 de febrero el expediente habría sido retirado y jamás retornó al juzgado lo cual reafirmo las sospechas en cuanto al proceso fraudulento.

NOVEDADES EN EL CASO PERICAS

El 24 de septiembre se supo que penalmente, Sumbay demandó por “asociación ilícita” a Pericás, también a su hermano, Pablo Pericás, y al ex juez Rava. El empresario tucumano pidió al juez Darío Alarcón las imputaciones de Rava y Pericás. Con el dictamen favorable de la fiscal Olga Gay de Castellanos, el abogado de Sumbay enrostró los delitos “defraudación, asociación ilícita y tráfico de influencias” a Pericás; y “abuso de autoridad, cohecho pasivo agravado, prevaricato, denegatoria y retardo de Justicia” a Rava. Según fuentes judiciales, la investigación avanzó y habría novedades en los próximos días.

Además, la Cámara Civil y Comercial de Apelaciones de 3ª Nominación habría restituido los derechos de un empresario tucumano sobre el edificio en que funciona la radio tucumana LV7, blanco de un escándalo que involucró al santiagueño Luis Manuel Pericás y devino luego en la renuncia de tres jueces del Crimen acusados de producir un “combo” de medidas cautelares irregulares.

Con los votos de los vocales Graciela Neirot de Jarma, Pedro Basbús y Arrulfo Hernández, el alto cuerpo confirmó la resolución de la jueza de Paz Civil de 4ª Nominación, María Julia Ponce de Merino.

En ella, la magistrada revocó el fallo del ex juez Rómulo Rava, quien en el 2015 había determinado la nulidad de todos los actos jurídicos realizados por Pericás, en especial la venta del edificio de LV7 (por casi $ 8.000.000). También, todo lo relacionado con el contrato de management y acuerdos derivados de una operación entre el empresario tucumano Sumbay y Pericás.

El empresario Luis Manuel Pericás apeló el procesamiento en su contra, planteó nulidades en la causa y solicitó su sobreseimiento. La defensa de la ex jueza del Crimen, Dra. Lucrecia Martínez Llanos, también apeló el procesamiento que pesa sobre sus espaldas. Los dos recursos fueron tratados en una audiencia en la Cámara de Apelaciones y el tribunal deberá resolver los planteos en los próximos días.

Este viernes la causa Cautelares sumó un nuevo capítulo por intermedio de la Cámara de Apelaciones que determinó varios puntos claves en el proceso.

De acuerdo a la resolución, resalta que no se hace lugar al pedido de recusación por el imputado Luis Manuel Pericás en contra la ex jueza del Crimen, Dra. Rosa Falco.

Además se rechaza los recursos de apelación interpuesto por los ex jueces imputados, Lucrecia Martínez Llanos, Miguel Ángel Moreno y Ramón Antonio Tarchini Saavedra, confirmando sus procesamientos.

También se mantienen como coautores del delito de defraudación calificada y abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionamiento público.

En la última parte del fallo, la Cámara hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el imputado, Jorge Eduardo Antuz, y modifica la calificativa legal por la defraudación calificada en grado de partícipe secundario.

El 25 de septiembre se daba a conocer la ampliación, por parte del juez Darío Alarcón, de la acusación en contra del ex juez de Paz Letrado de 2ª Nominación, Rómulo Rava, varado en una millonaria puja por el manejo del edificio y administración de radio LV7 Tucumán.

Con dictamen favorable de la fiscal Olga Gay de Castellanos, Alarcón adosó más cargos a las figuras ya existentes de “prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Las imputaciones originales fueron resultantes de una denuncia del Consejo de la Magistratura, al alertarlo sobre anomalías en los fallos de Rava.