Nota de Tapa

Arde Tribunales


Una insólita pelea entre fiscales y jueces derivó en la paralización de las actividades en el Poder Judicial. Más de 30 integrantes del Ministerio Público Fiscal se alzaron contra los magistrados penales, poniendo al descubierto detenciones, traslados, allanamientos y otras medidas tomadas de manera ilegal. El apriete de los fiscales fue entendido como una “resistencia institucional” al ordenamiento jurídico.

El 1º de noviembre pasado, el juez Juan Carlos Storniolo, vocal del Tribunal de Juicio Oral, fue recusado por el fiscal Rafael Zanni, en un caso de abuso sexual simple. A simple vista, el incidente podía ser entendido como una de las tantas medidas procesales que se toman en torno a un debate oral. Sin embargo, fue el principio de una crisis institucional sin precedentes en la historia jurídica del país, manteniendo al Poder Judicial en una paralización de actividades, que derivó no sólo en la suspensión de juicios sino que puso al descubierto una serie de medidas ilegales en la que los fiscales habrían estado incurriendo, como por ejemplo ordenar detenciones sin conocimiento de ningún juez.

Para entender de qué se trata y cómo sucedieron los hechos resulta necesario echar la vista atrás y relatar los hechos cronológicamente.

En principio, el juez Storniolo (Ver entrevista adjunta), a raíz de un pedido de hábeas corpus, detectó que había una persona detenida, con total desconocimiento de los jueces, habiéndose ordenado la detención por parte del Ministerio Público Fiscal. Días más tarde, en el caso en que él actuaba como juez unipersonal, dictaminó que la calificativa que pedía un fiscal era inapropiada. Con lo cual, tres días después fue recusado.

En su descargo, el magistrado no sólo informó acerca de los motivos que lo llevaron a tomar la decisión que resultó en su recusación, sino que aseveró que el fiscal “siguiendo la postura del Fiscal General (Luis De la Rúa), adoptó una postura de resistencia institucional al ordenamiento jurídico procesal y constitucional”. Además, señaló que “no estamos ante una mera incidencia procesal, sino ante una actitud de ‘soberbia institucional’ que responden a las directivas del Fiscal General y sus subalternos que ejecutan sus decisiones”.

Para el magistrado, “esta dependencia jerárquica” implica que “el titular del organismo –abusando de sus funciones- conmine a los inferiores jerárquicos a cumplir sus caprichos, poniéndose al margen de la ley, la Constitución Nacional, Provincial y los Tratados Internacionales. Los fiscales inferiores –víctimas de una estructura jerárquica- son los que ponen la cara a posturas irracionales que emanan de sus superiores”.

A la vez, el Dr. Storniolo enfatizó que “estamos ante una cuestión de gravedad institucional”.

TRIBUNAL DE RECUSACIÓN

A raíz del pedido de recusación, se formó un tribunal para resolver el incidente, conformado por los Dres. Alfredo Pérez Gallardo, María Angélica Peralta de Aguirre y María Eugenia Carabajal, quienes no sólo rechazaron el pedido del fiscal, sino que expresaron que “las manifestaciones del recusante constituyen un alzamiento en contra de la jurisdicción y denotan una ignorancia supina de los principios que informan el proceso penal y de los roles de las partes en proceso”.

Además, señalaron que “las extrañas afirmaciones” que realizara el fiscal en torno a que “para la defensa es igual defender en el juicio una calificativa impuesta u otra más grave, ya que se trata de los mismos hechos”. Destacando que “no es menor la cuestión, ya que implica un grosero desconocimiento de las funciones del Ministerio Público Fiscal que, en primer lugar, es el custodio de la legalidad del proceso y su actuación debe basarse en un criterio objetivo, y aquí no sólo ha perdido la objetividad, sino que ha desconocido su función de control de legalidad…”.

Este tribunal de recusación dejó sentados dos valiosos principios: El primero es que la calificación legal de la conducta endilgada al imputado o acusado es una función exclusiva del órgano judicial. El segundo es que el juez de la causa no sólo puede sino que debe controlar desde el primer minuto que la calificativa, provisoriamente impuesta por el Ministerio Público Fiscal, sea la adecuada al os hechos que se investigan.