Nota de Tapa

Algo huele mal

El juez Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes por supuesto fraude con fondos públicos destinados al tratamiento de residuos urbanos. Julio Castro, de Añatuya, y Rodolfo Capellini, de Ojo de Agua, son los ex jefes comunales santiagueños involucrados en la causa. La corrupción detrás de la basura.

El último día de enero, el juez federal Claudio Bonadio decidió procesar a 92 intendentes y ex intendentes de todo el país, al considerarlos partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública, en una causa en la que ya estaban procesados los ex jefes del Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, responsables políticos del manejo del programa.

Los procesamientos de Bonadio fueron dirigidos a intendentes y ex intendentes de ciudades ubicadas en las provincias de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa, Buenos Aires… y Santiago del Estero. Es decir que casi un centenar de intendentes de todo el país quedaron procesados en una causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades llevaran adelante tratamientos de residuos sólidos urbanos, es decir, la basura que se genera en cada casa.

Los santiagueños procesados por el juez Bonadio son los ex intendentes de dos de las más importantes comunas del interior de la provincia: Añatuya y Ojo de Agua. Se trata del médico Julio Ernesto Castro y del ex sacerdote Rodolfo Lino Cappellini, respectivamente.

El magistrado federal también dictó el sobreseimiento de otros tres intendentes y la falta de mérito de uno. Los procesados fueron embargados por 3 millones de pesos.

Se trata de un expediente iniciado en 2016 a partir de una serie de irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los programas para el tratamiento de residuos urbanos (PGRISU), de la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

La medida se tomó a pesar que, en noviembre del año pasado, la Cámara Federal rechazara un planteo de nulidad del expediente formulado por el ex asesor de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Social Rubén Marcelo Ybarra. El juez resolvió avanzar a fondo en el expediente y extendió los procesamientos que ya pesaban sobre tres exjefes de Gabinete a los jefes comunales.

Según Bonadio, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública, entre los años 2013 y 2015, que habría superado los 600 millones de pesos.

“Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado”, sostuvo Bonadio en el fallo de 347 páginas.

Entre los 92 procesados se encuentra el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, el exintendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, y el exintendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutierrez.

“Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de 604.529.670 pesos”, sostuvo el juez.

SIN JUSTIFICACIÓN

A la vez, el juez Bonadio indicó que “cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del PGIRSU al que se habían obligado”.

El magistrado agregó que tampoco pudieron “explicar por qué, en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, las mismas derivaron en otras labores o cuestiones”.

En esta causa, la Cámara Federal ya analizó el accionar de los exjefes de Gabinete procesados y sostuvo que “quienes ostentaban el control de los PMGIRSU incurrieron en un reparto discrecional de los caudales cuya custodia tenían a su cargo, al amparo de una estructura administrativa en donde la desorganización era funcional a tales fines”.

En total son 10 los ex funcionarios nacionales que están procesados por la implementación irregular del programa que tenía como finalidad lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país.
Los fondos provenientes del Estado nacional se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que debían presentar los intendentes, previa firma del convenio.