Nota de Tapa

¿Ley o ética?

El cobro de una pensión indebida, por parte de una abogada y alta funcionaria municipal, desató no sólo una fuerte polémica sino que abrió el debate acerca de los alcances de este beneficio. El asistencialismo y la discrecionalidad en su otorgamiento se topan de frente con los embates que realiza la ANSeS para frenar las prácticas ilegales. Qué sucede cuando cobrar una pensión graciable es legal, pero no ético.

El lunes 5 de marzo del año pasado, a través de las pantallas de “Telenoche investiga”, todo el país pudo conocer que en Santiago del Estero los muertos se casan, y sus viudas y viudos cobran pensiones derivadas. El repudio, el estupor y la bronca ganaron todos los espacios, sobre todo, teniendo en cuenta que los beneficiados mencionados en primer término eran familiares de una diputada nacional. Fue apenas el inicio de una gran investigación, que derivó en sendas investigaciones de la justicia provincial y federal, a la par de sendas auditorías y pesquisas internas en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), el organismo perjudicado en más de 15 millones de pesos.

Las investigaciones judiciales, policiales y administrativas lograron determinar el modus operandi del circuito interno que facilitó la obtención de los beneficios truchos.

Casi un año después, otra investigación de la ANSeS sacó de su modorra a propios y extraños cuando anunció los alcances de sus nuevas pesquisas que permitieron descubrir 500 casos de presuntas incompatibilidades de pensionados.

Pero eso no fue todo, lo más llamativo fue, sin duda alguna, fue la novedad que, entre los casos detectados, figuraba el nombre de una abogada que desempeña un alto cargo jerárquico dentro del municipio capitalino.

En forma simultánea, la Fiscalía Federal de Santiago del Estero imputó por percepción irregular de una pensión graciable a la abogada Ana Isabel Herrera. Es más, el fiscal federal Pedro Simón, declaró que “ni moral ni legalmente” le correspondía acceder a ese beneficio. Tampoco dudó en calificar el hecho como una “vergüenza”.

Conceptos que fueron reiterados de inmediato en las mesas de café, en los corrillos tribunalicios e inclusive en las redes sociales, donde nadie dudó en decir que era mucho más que bochornoso que una letrada haya cobrado una pensión cuando no le correspondía hacerlo.

PENSIONES GRACIABLES

Mientras la investigación sobre el caso particular de la abogada Ana Isabel Herrera avanzaba, a muchos les pareció extraño que no haya sido detenida y comenzaron a surgir especulaciones que hablaban de por qué no estaba tras las rejas si había estafado al Estado cobrando algo que no le correspondía. Qué pasó. Por qué ella no y otros sí.

Para entender de qué se trata hay que volver la vista atrás e ir a los orígenes del beneficio social de la abogada. Éste le fue otorgado en 2006 por un ex senador nacional que no es otro que José Luis Zavalía.

Pero, en mérito de qué, o por qué un legislador otorgó un beneficio social a una persona determinada, en este caso a Herrera.

“Las pensiones graciables eran una potestad discrecional de los legisladores nacionales”, explicó un reconocido letrado que pidió que no saliera a la luz su identidad.

En forma paralela comenzaron a hilvanarse conceptos como como clientelismo y dádivas con el de pensiones graciables. Por qué.

En principio, hay que decir que “pensiones graciables” es un término utilizado para designar a aquellas pensiones que se otorgaban sin que fuera necesaria alguna justificación de invalidez, o incapacidad, o desamparo. Y eran otorgadas discrecionalmente por diputados y senadores nacionales.

El sistema fue creado durante el gobierno de Juan Domingo Perón, a través de la ley 13.337, sancionada sobre la base del inciso 20 del artículo 75 de la Constitución nacional, que establece, entre las atribuciones del Congreso, la de “dar pensiones”.

Dicha ley, sancionada el 27 de septiembre de 1948, afirmó: “Las pensiones dependen exclusivamente de la gracia del legislador, la C.N.P.A (Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales) sólo se limita a propiciar la respectiva liquidación a partir de las comunicaciones que se reciben de la Comisión de presupuesto de cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación”.