El lenguaje inclusivo busca “destruir la unidad lingüística de la Nación” y “como prospecto ideológico es un acto de naturaleza estrictamente política”, que “debe desecharse en virtud de los valores democráticos y de la identidad cultural”, afirma un proyecto de ley de “Prohibición del lenguaje inclusivo” que dos ciudadanas ingresaron en la Cámara de Diputados con auspicio de un abogado constitucionalista. La iniciativa, que se presentó por mesa de entradas el 16 de junio y fue girada a la comisión de Legislación General dos días después, apunta a hacer valer la restricción para “todos los documentos y/o actos oficiales emitidos por cualquiera de los tres poderes del Estado en todos sus niveles, así como a las escuelas de todos los niveles y demás establecimientos educativos de la República Argentina”, dado que, sostienen las ciudadanas autoras en los fundamentos, “ninguna minoría tiene derecho a destruir el idioma oficial de la Nación imponiendo su voluntad a la mayoría de los hablantes”.
Cynthia Roxana Ginni y Patricia Alejandra Patternesi “remiten proyecto de ley de su autoría”, indica el sumario del expediente para el que, por fuera de la Cámara, recoge adhesiones el abogado constitucionalista Félix V. Lonigro, fervoroso opositor a la perspectiva de género, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la ley de equidad de género en los medios (“¡Inconstitucional! Quieren negar por ley pauta publicitaria a medios que no usen lenguaje inclusivo”). “Accionemos contra el lenguaje inclusivo (…) Accionemos contra la deformación e ideologización de nuestro idioma. Si nos quedamos dormidos, irán por todo”, propuso a principios de esta semana el constitucionalista en redes sociales, a través de posteos en los que invitaba a sumar adhesiones a la iniciativa y ofrecía compartir el texto del proyecto a quien le enviara correo electrónico solicitándolo.
El proyecto, de 7 artículos y 13 páginas de “fundamentos”, refiere al lenguaje inclusivo “en cualquiera de sus formas (‘x’, ‘e’, ‘@‘, etc.), empleado a para reemplazar el uso del masculino cuando es utilizado en un sentido genérico, así como de cualquier otra forma diferente a la lengua oficial adoptada por la República Argentina”. Para lograr sus fines de prohibirlo, establece derogar “todas las disposiciones que se opongan o limiten” a la ley, e invitar a las provincias a adherir.
El texto niega cuatro veces que las palabras pueden invisibilizar identidades; reitera siete veces la voluntad de separar política y lingüística. Retoma uno de los argumentos clásicos de los activismos que cuestionan el paradigma de autonomía progresiva de derechos para chicas y chicos (el lema “con mis hijos no te metas”, esgrimido para rechazar, entre otras cosas, leyes de Educación Sexual Integral), le aplica la idea de “corrección”, de lo no contaminado y lo lleva al terreno del bien y el mal, en el lenguaje. Escribieron las autoras en los fundamentos: “Estamos convencidas de que esta Ley tendrá un impacto positivo en la sociedad toda promoviendo el uso correcto, oportuno y adecuado del lenguaje, impidiendo que las ideologías, políticas o de cualquier otra índole, contaminen mediante el lenguaje: a) la comunicación oficial manifestada a través de actos y/o documentos oficiales, y b) la educación de niños y adolescentes, entendidos éstos en su generalidad, evitando que de este modo se coarte y/o restringa (sic) el derecho preferente que tienen todos los progenitores de educar a sus hijos según los valores y principios que estimen pertinentes”.
La iniciativa también vuelve diez veces sobre la noción de ideología y lenguaje, y en cada mención con más virulencia. La misión es “evitar el abordaje ideológico o político de cuestiones estrictamente lingüísticas”, algo que incluye el rechazo a “los reproches de la ideología de género que busca excluir a la mujer y al varón, separándolos y acentuando las diferencias en desmedro de la igualdad que supuestamente preconizan”. Escribieron la autoras: “la ideología no iguala, divide y disgrega, pero el idioma nos une porque nos incluye y confiere identidad común”.
Con citas de autoridad que van de Mario Vargas Llosa (“ha sentenciado que el lenguaje inclusivo es una aberración’”) a Sergio Sinay («en cuanto ha dicho que ‘El lenguaje inclusivo en realidad no es un lenguaje, sino una jerga, y no es inclusivo sino más bien excluyente’”), el proyecto asegura, además, que “tampoco es cierto que aquello que no se nombra no existe, aplicable a las mujeres según el criterio de los promotores de la inclusividad. La mujer sí está nombrada y contenida en las formas determinadas por las convenciones de la lengua”.
La iniciativa de las ciudadanas Ginni y Patternesi no es la primera propuesta de congelar por ley la dinámica fluida del lenguaje inclusivo. En mayo de este año, el diputado Alberto Asseff había ingresado un proyecto para “erradicar la marca morfológica del lenguaje español erróneamente conocida como ‘lenguaje inclusivo’”. En los argumentos, explicaba: “hay mucho por hacer en favor de la inclusión sin necesidad de deformar el idioma”. Un poco más atrás, en octubre de 2020, la iniciativa había sido de otro legislador, Francisco Sánchez, quien proponía modificar la “ley 27.275 de Acceso a la información pública sobre lenguaje claro”, que incluye apartados sobre “los excesos del lenguaje inclusivo” adoptado en distintas instancias del Estado, al que termina definiendo como “lenguaje forzado”, antes de reflexionar: “si se proponen formas alternas ‘incluyentes’ que no han surgido en la interacción natural entre personas (el caso de todes, tod@s, todxs), estas formas siempre distorsionan el lenguaje o terminan discriminando a alguien”.
