Alberto Fernández y Pfizer-BioNTech acortaron las distancias legales para cerrar un contrato comercial que permita la provisión urgente de 1.500.000 de vacunas contra el COVID-19 entre enero y marzo.
El Presidente y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, exploraron las posibilidades jurídicas para encontrar una solución a los planteos de Pfizer y a su vez preservar los derechos propios del Estado Nacional. Ibarra propuso una nueva ley que Alberto Fernández rechazó por sus costos políticos. Y a la inversa, el mandatario sugirió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que la secretaria Legal descartó por razones normativas.
En este contexto, el camino del acuerdo comercial con Pfizer será a través de un artículo específico que explicitará los alcances jurídicos de la negligencia atribuible al conglomerado farmacéutico que ya vende vacunas en Estados Unidos, Europa y América Latina.
“Lo voy a poner en dos ejemplos para que quede claro que pienso al respecto: si Pfizer me entrega suero en lugar de vacuna contra el COVID-19, ellos son responsables y negligentes. En cambio, si ellos me dan la vacuna impecable, y yo la aplicó vencida, la responsabilidad es mía. Ahí hay negligencia de nuestra parte, hay negligencia del Estado Nacional”, explicó el Presidente en Olivos cuando le preguntaron sobre las diferencias con Pfizer.
