La Justicia boliviana ordenó detener a Jeanine Añez, quien asumió la presidencia de manera irregular en noviembre de 2019 tras el golpe de Estado contra Evo Morales.

La orden de captura corre también para cinco de sus ex ministros y a la cúpula de las Fuerzas Armadas que pidió la refuerza de Morales durante la revuelta que terminó con su presidencia.

A todos ellos se los acusa de los cargos de sedición y terrorismo, que en el Estado Plurinacional de Bolivia tiene una pena de 5 a 20 años de prisión.

En cuanto al poder político detrás de la caída de Morales, ya fue detenido el ex ministro de Energía, Rodrigo Guzmán, mientras que la Policía busca a Arturo Murillo, ex ministro de Gobierno; Yerko Núñez, ex ministro de la Presidencia; Luis Fernando López, ex ministro de Defensa y Álvaro Coimbra, ex ministro de Justicia.

Luego de la decisión judicial, Añez expresó: «La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones».

Los altos mandos militares juzgados en este caso son Williams Kaliman y Flavio Arce, este último ya detenido. Mientras tanto, el ex jefe de la Policía, Yuri Calderón, también es buscado.

La denuncia inicial apuntaba también contra Luis Fernando Camacho, dirigente de Santa Cruz y principal impulsor del golpe de noviembre de 2019. A pesar de que fue llamado como testigo, Camacho politizó la investigación cuando tuvo la oportunidad.

La oposición política al MAS denunció una «persecución». Carlos Mesa, ex candidato a presidente aseguró que se trata de «un proceso de persecución política peor que en las dictaduras».