Un prófugo de 64 años que se entregó a la policía australiana porque la cuarentena en Sydney le había dejado sin empleo ni techo fue condenado el jueves a otros dos meses adicionales de prisión por escapar de la cárcel casi 30 años antes.

Darko Desic estaba detenido desde mediados de septiembre, cuando entró en una comisaría del suburbio costero de Dee Why y confesó haberse fugado de la Prisión de Grafton, 620 kilómetros (390 millas) hacia el norte en 1992. El hombre se declaró culpable de haber huido de una detención legítima y regresó a prisión para cumplir los 14 meses restantes de una pena de 33 meses por cultivar marihuana.

La magistrada Jennifer Atkinson dijo en la Corte Local Central de Sydney que no tenía más alternativa que imponer una condena por la fuga. Añadió dos meses a la sentencia. El delito conlleva una pena máxima de 10 años.

La juez aceptó que Desic había huido por “temores reales” a ser deportado tras su condena a su país de origen, la antigua Yugoslavia. Temía tener que servir en el Ejército en las guerras entre 1991 y 1995 que llevaron a la división del país.

Ante el tribunal, el abogado defensor Paul McGirr dijo a la prensa que Desic había recibido poco antes una carta de la Fuerza de Fronteras de Australia informándole de que sería deportado una vez saliera de prisión. “Tengamos en cuenta que no tiene el mismo país al que regresar, Yugoslavia”, dijo McGirr.

“Esperemos que alguien con un poco de sentido común revise esto”. No estaba claro a qué país podría ser deportado Desic, que no tiene ciudadanía estadounidense. Cuando tenía 35 años, Desic empleó una sierra para cortar los barrotes de la ventana de su celda. Encontró unos alicates en un cobertizo en el recinto de la prisión y los utilizó para cortar una cerca perimetral.

No cometió más delitos, aunque vivía con la presión constante de no saber cuándo podría ser arrestado, dijo McGirr. La comunidad en la que trabajó como empleado de mantenimiento había llegado a “querer y respetar” a Desic, añadió su abogado. Una campaña pública de recaudación de fondos reunió 30.000 dólares australianos (23.000 dólares) para sus costas legales y alojamiento tras su detención, dijo McGirr.