El ministro de Economía Sergio Massa descartó por completo en las últimas horas que el gobierno argentino esté evaluando la aprobación de un puerto en Tierra del Fuego construido y controlado por el régimen chino tal como pretendía la administración local fueguina. El rechazo se dio a conocer durante su exposición ante el Congreso Nacional donde explicó los puntos fundamentales de la Ley de Presupuesto 2023. “Es una reafirmación de soberanía”, sentenció el funcionario.

Mientras explicaba las nuevas escalas salariales de las Fuerzas Armadas, Massa dejó en claro que el proyecto que se desarrollará en aquella provincia será diseñado y construido enteramente por capitales argentinos y que no participará otro país por tratarse de un asunto de “soberanía”. “Estamos incorporando un dato adicional que entendemos que es una reafirmación de soberanía. Es la inversión en materia antártica de la construcción de la Base Naval Ushuaia para que sea de soberanía argentina tanto el desarrollo del Polo Logístico Antártico como el desarrollo del funcionamiento de nuestras Fuerzas en materia antártica”, aseguró el ministro.

“El Presupuesto prevé además la recuperación de la Base Petrel. Son 2.500 millones (de pesos) para llevar adelante la construcción del muelle, instalaciones y las viviendas del servicio del personal. Obviamente se va a seguir con la inversión de radarización porque entendemos que hace al espacio aéreo”, concluyó Massa.

Los temores por “la entrega de soberanía” comenzaron a sobrevolar algunos despachos de la Casa Rosada cuando se supo que el gobernador de Tierra del Fuego tenía entre manos la entrega de la construcción de un puerto a empresas ligadas con el régimen de Beijing, entre cuyos objetivos se encuentra la explotación de los recursos naturales de la Antártida. Entre los planes de Xi Jinping figura la posibilidad de instalar una base naval en la provincia más austral de la Argentina como puerta de entrada al extremo sur y como futuro gendarme interoceánico.

En una reciente investigación de Infobae, se pudo determinar cómo China había hecho pie en Tierra del Fuego y cómo el actual gobernador, Gustavo Melella había abierto las puertas para que el régimen chino para que construya en Río Grande un puerto que podría transformarse en una base militar naval con proyección a la Antártida, lo que representaría una injerencia a los intereses soberanos y estratégicos de la Argentina.

La relación de Melella con bancos y empresas de capitales asiáticos es pública: le ordenó al Fiscal de Estado que “suspenda los plazos procesales” de una causa judicial por el incumplimiento de una compañía con nexos con Beijing para la construcción de un polo petroquímico y un puerto que terminó en escándalo. La injerencia del poder político en ese expediente judicial -en el que están en juego más de USD 300 millones- fue a pedido del embajador de la República Popular China en nuestro país, Zou Xiaoli. Detrás de la exigencia hubo una promesa de inversiones millonarias de ese país en Tierra del Fuego. La administración fueguina cumplió con diligencia con el requerimiento diplomático.