La medida señala que la renovación “responde a la necesidad de actualizar la normativa adaptándola al Código Civil y Comercial de 2015 y la Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación”.

El protocolo establece los derechos de los cuerpos gestantes y las obligaciones de las instituciones sanitarias de todo el país de garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo a partir de lo establecido en el Código Penal.

El artículo 86 del Código determina que el aborto debe llevarse a cabo si la persona lo solicita en casos de que corra peligro su vida o cuando el embarazo sea producto de una violación.