Las negociaciones por la renovación del programa Precios Cuidados para el último trimestre del año avanzan, como de costumbre, contrarreloj. El Gobierno debería anunciar la nueva etapa del plan esta semana, pero todavía siguen las discusiones con las empresas sobre los productos y los precios que regirán entre octubre y diciembre. ¿Logró el secretario de Comercio, Matías Tombolini, armar una nueva canasta con marcas líderes en los formatos más vendidos? ¿Avanzó con la idea de recomponerle los márgenes a las compañías para achicar la brecha de hasta 100% que hoy existe entre los productos del programa y los que están afuera?
Las reuniones entre las empresas de consumo masivo y los funcionarios de la Secretaría de Comercio comenzaron hace ya tres semanas y todavía siguen las discusiones para poder cerrar el nuevo acuerdo entre fines de esta semana y comienzos de la próxima. Según varias fuentes empresarias, el pedido inicial de la Secretaría fue, en todos los casos, una lista de productos más acotada pero con las marcas líderes y en los formatos más vendidos. El objetivo oficial es bajar de un listado de 1.030 artículos a unos 500.
Varias primeras marcas ya participan del programa, ya que durante la gestión de Paula Español se buscó recuperar la impronta original y generar un esquema de precios de referencia. Tombolini planteó la misma idea, con mayor presencia de marcas líderes, pero no está consiguiendo todo lo que se propuso. Menos aún al considerar un contexto en el que la actualización de precios no será la que el funcionario había prometido apenas entró en funciones. Por eso, muchas compañías no accedieron a incluir algunos productos y, al mismo tiempo, algunas pusieron como condición de negociación que se acuerden límites de volúmenes a entregar.
Según coincidieron en varias compañías, la idea inicial de Comercio era, en los casos de productos que ya están en Precios Cuidados, permitir subas por encima de la inflación con el fin de ir recuperando atrasos y cerrar la brecha de precios que existe con ítems de igual categoría pero que no están en el programa. Con los actuales niveles de inflación y ajustes menores, esa distancia se fue agrandando cada vez más y lo que produjo es un exceso de demanda de esos artículos que integran el programa, seguido de faltantes en algunos casos. Tombolini quería revertir este escenario, pero la política sumada a la inflación que no cede se lo impidió.
No es casual el tuit que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, publicó la semana pasada a horas de conocerse el dato de pobreza del primer semestre del año: “El Indec publica hoy datos sobre el descenso de la pobreza del 37,3% al 36,5% en el primer semestre del 2022. Sin embargo, en el mismo período la indigencia aumentó del 8,2% al 8,8%, esto evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos. Está más que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”.
Y siguió: “El ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”. Comercio ya estaba negociando con las empresas, y si bien las pautas de incrementos estaban ya puestas sobre la mesa, este mensaje no pasó desapercibido en los despachos de Tombolini.
