El ex titular de la AFI Gustavo Arribas, su ex segunda en el organismo, Silvia Majdalani, y el ex director de Contrainteligencia, Martín Coste, quedaron al borde del procesamiento por el espionaje ilegal al Instituto Patria y a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

El fiscal Santiago Eyherabide consideró que hay elementos para procesar a Arribas, Majdalani y Coste por las tareas de espionaje ilegal y falsedad de documentos públicos por haber intentado dar a los hechos ilícitos cometidos desde la AFI una apariencia de legalidad.

En un dictamen que firma Eyherabide -porque la fiscal Incardona se recupera de coronavirus-, la Fiscalía pidió al juez Juan Pablo Augé el procesamiento de los imputados por las operaciones de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria en 2018 y al domicilio de Cristina Kirchner.

Augé, que también se recupera de coronavirus, resolverá en los próximos días la situación de varios imputados que fueron indagados en la causa por espionaje ilegal. En el caso hay numerosas pruebas que para los fiscales alcanzan para dictar un procesamiento.

La declaración de Coste es sustancial. El ex espía aseguró que fueron actividades sin sustento legal y que se intentó usar como argumento para justificarlas la existencia una supuesta amenaza de grupos “antisistémicos”, anarquistas, contra la ex presidenta, que no era real.

En lo esencial, todos los imputados por espionaje ilegal manifestaron haberse enterado por televisión de las tareas de la AFI en el Patria. Arribas dijo que todo ocurrió en el marco de una causa judicial y Majdalani optó en su narración defensiva “por una laguna en cuanto a los detalles de lo que sucedió después”, según describe el fiscal.

Coste fue “claro y directo” ya que fue quien afirmó que por indicación de la señora 8 participó de la confección de documentos para dar aspecto de legalidad al espionaje. Así “reconoció que las acciones de inteligencia no estaban respaldadas en ninguna orden judicial”.

Si bien la Fiscalía consideró que Coste actuó por órdenes de Arribas y Majdalani, “su calidad de funcionario público y su jerarquía le exigían un comportamiento tendiente a esclarecer lo sucedido y de poner a disposición de las autoridades judiciales correpondientes toda la documentación y todo lo realizado respecto de las conductas ilícitas”, dice el pedido de procesamiento de Eyherabide.

El ex director de Contrainteligencia dio detalles que permitirían avanzar hacia otras imputaciones ya que habló de la elaboración de una ingeniería documental en la que habría tenido un rol fundamental la Dirección de Asuntos Jurídicos, que estaba a cargo de Sebastián De Stéfano, y que dependía de Arribas.