El debate por la autonomía del cuerpo y el derecho a decidir sobre la propia muerte volvió a encenderse esta semana en América latina luego de que, el viernes pasado en Colombia, el Instituto del Dolor (IPS Incodol) cancelara el procedimiento de eutanasia de Martha Sepúlveda, apenas 36 horas antes de concretarse en Medellín, y sus abogados anticiparan que rebatirán la decisión del comité médico ante la Corte Constitucional.

«Vamos a interponer una acción de tutela para proteger su derecho fundamental a morir dignamente y por tratos crueles y denigrantes. La próxima semana o la siguiente tendremos una respuesta por parte de un juez, que esperamos nos dé la razón y le garantice una nueva fecha y hora para poder acceder a su derecho a morir dignamente a través de la eutanasia», explicó Camila Jaramillo, abogada del caso.

Sepúlveda, de 51 años, quien fue diagnosticada en 2018 con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y cuyo deterioro progresivo ya no le permite caminar ni desplazarse por sí misma, iba a ser la primera persona en acceder en el país al procedimiento de eutanasia sin tener una enfermedad terminal.

Colombia

Colombia es el único país de América Latina en el que el derecho a morir dignamente está reglamentado desde 2015 y presenta tres mecanismos: la adecuación del esfuerzo terapéutico, los cuidados paliativos, y la eutanasia para personas con enfermedad terminal y pronóstico de vida de seis meses.

Desde julio, por acción de la Corte Constitucional, fue ampliado a quienes padecen una enfermedad grave e incurable, como la ELA. El Ministerio de Salud aún no incluyó la última modificación en la norma.

«Estoy totalmente tranquila. Soy muy creyente, pero Dios no me quiere ver sufrir. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos», expresó Martha el 3 de octubre a Noticias Caracol, ni bien se enteró de que su muerte estaba pautada para el domingo 10 a las 7.

Cinco días más tarde recibió una carta del comité médico que le explicó que «a partir de las imágenes en televisión vieron que el diagnostico que tenía no era terminal, aunque en agosto habían diagnosticado que tenía una enfermedad incurable avanzada. No sabemos si este cambio fue por presiones externas», agregó Jaramillo.

Según una encuesta de agosto pasado realizada por Invamer, el 72,5% de la población colombiana está a favor de la eutanasia, mientras que el 24,8% está en desacuerdo.

«Sin embargo, en las últimas dos décadas se radicaron más de 20 proyectos de ley y ninguno resultó. Todas las resoluciones que reglamentan el procedimiento son de la corte», precisó Lucas Correa, director del área de Investigación de Desc Lab, un laboratorio social y jurídico dedicado a la defensa de los derechos humanos.

En paralelo, el derecho a decidir cómo, cuándo y dónde morir se debate en Chile y Paraguay.