El presidente Alberto Fernández encabezó este viernes en Casa Rosada la reunión con empresarios, sindicalistas y organizaciones sociales por el «compromiso solidario».

Asistieron también a la reunión el jefe de Gabiente, Mario Cafiero, los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Agricultura, Luis Basterra, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

El documento, también conocido como Pacto Social, lleva como título Compromiso Argentino para el Desarrollo y la Solidaridad y sostiene en su inicio que «La Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social. Necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla».

“Los abajo firmantes, el nuevo Gobierno y los representantes de los trabajadores, el empresariado y los movimientos sociales, asumimos el compromiso de trabajar juntos para abordar esta emergencia. Sobre esa base, vamos a construir un conjunto de consensos para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible”, continúa.

Entre los empresarios presentes estuvieron el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, mientras que asistieron los sindicalistas Héctor Daer, Carlos Acuña, Armando Cavalieri, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Hugo Moyano, Antonio Caló, Sergio Palazzo, Omar Viviani, Hugo Yasky y Sonia Alesso, entre otros.

Alberto Fernández en reunión por el Compromiso Argentino para el Desarrollo y la Solidaridad, NA

Sostiene a su vez que empezará por “ofrecer respuestas a los últimos para llegar a todos” y destacan la necesidad de “dar respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación”.

Sobre la deuda pública, el documento afirma que “la voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía, en el marco de una ética pública de las prioridades que ponga a la dignidad humana por encima de cualquier otro interés”.

“Reconocemos también la prioridad de la resolución sustentable de esa deuda pública. Expresamos nuestra confianza y respaldo a la gestión que ante los acreedores privados y organismos internacionales realizará el nuevo gobierno argentino. No será la mera negociación de una administración. Lograr una solución sustentable será la tarea colectiva de todo un país que reclama poner a la producción y al trabajo por encima de la especulación financiera y la fuga de capitales”, indica.

Los firmantes aceptan además “el desafío de edificar consensos de largo plazo, que vayan más allá de un periodo presidencial, y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas”. “Esos acuerdos serán un conjunto de instrumentos precisos, factibles y coordinados para el logro de metas definidas. No se trata de un compendio de buenas intenciones, sino de logros y objetivos muy concretos”.

En tanto, coincidieron en la necesidad de poner en marcha un Consejo Económico y Social, “que procese esos acuerdos en debates multisectoriales e informados, con tiempos de maduración acordes a su complejidad”.

Destacan que la agenda debe “incluir como temas prioritarios un esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos”.

“En ese sentido, somos conscientes del efecto devastador de la inflación sobre el salario, la inversión productiva y, en general, la tranquilidad de nuestros hogares. El reordenamiento fiscal y monetario que el Estado se ha comprometido a llevar adelante se debe reforzar en su efectividad con el curso de conductas sectoriales responsables, en especial en lograr la estabilidad de precios. Nos comprometemos a poner nuestros mayores esfuerzos en ese objetivo”, suscribieron.

En ese sentido, se comprometieron “a trabajar en paralelo en el tratamiento de un conjunto de propuestas sectoriales que, a partir de la estabilización macroeconómica y social, puedan sentar las bases para un nuevo y extenso tiempo de crecimiento con inclusión”.

“Coincidimos en la importancia de crear más empleos de calidad y erradicar la precariedad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, promover a las pequeñas y medianas empresas, mejorar la competitividad de la economía, alentar una integración con el Mercosur y el mundo, vincular la ciencia con la creación de valor, enfrentar mejor los desafíos al empleo de la economía 4.0, fomentar el empleo joven, incrementar la participación de las mujeres, estimular a la economía popular y a la agricultura familiar, cuidar el medio ambiente y garantizar el acceso a salud, educación y el hábitat a los sectores más postergados”, indicaron.

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