La relación entre el Gobierno y las empresas se encuentra atravesando un momento de tensión. A pesar de los mensajes oficiales de que “el camino es el dialogo” el sector empresario se siente desconcertado con el doble discurso.

“Por un lado te llaman a invertir a crear empleo y por otro lado te imponen medidas que desalientan a seguir”, grafican. Otros señalan que este tipo de medidas podrían afectar la negociación con el FMI ya que, no son herramientas que el organismo multilateral avale. Aunque, el gobierno se escuda en que es “provisoria”.

“En este momento de la Argentina había que parar la escalada de precios y eso estamos haciendo. Vamos a seguir hablando y tratando que se unan la mayor cantidad de empresas”, aseveró la portavoz del presidente Alberto Fernández, Gabriela Cerruti en declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

El Gobierno continuo firme en su decisión de mantener congelados hasta el 7 de enero del año próximo unos 1432 productos tal como lo hizo conocer a través de la resolución 1050.

Si bien el secretario de Comercio, Roberto Feletti alega que el listado fue consensuado con la “mayoría de las empresas” los directivos afirman que el listado “ya estaba previamente confeccionado”.

Las sospechas se basan en que “resulta imposible el que hayan podido analizar todos los precios que las empresas enviamos y colocarlas en el listado publicado en la resolución”, comentan.

De hecho, el listado muestra precios que cuestan hasta un 40% menos o incluso que están por debajo de lo acordado en su momento con la ex secretaria de Comercio, Paula Español dentro del marco de Precios Cuidados. Al respecto, afirman en los pasillos de la Secretaria de Comercio que la saliente funcionaria se habría llevado todos los archivos.

Con un comunicado la Asociación Empresaria Argentina (AEA) manifestó su rechazo a la medida calificándola como “muy negativa para el funcionamiento habitual de las empresas establecidas en nuestro país”. Recuerda que tanto en el país como en el mundo “los congelamientos de precios no resuelven el problema de la inflación”.

Finalmente, el comunicado de AEA que agrupa a los dueños de las principales empresas del país consigna que “esta medida, al alterar significativamente la previsibilidad necesaria, desalienta la realización de inversiones productivas y la generación de nuevos empleos por parte del sector privado, que es el actor central del desarrollo económico y social”.

Desconcierto

“Lo mínimo que puedo decir es que estaban apurados por hacer un anuncio” comentaba un importante industrial. En general, las empresas al igual que las cadenas de supermercados se encuentran ante un dilema.

Los fabricantes según la resolución oficial deben incluso producir al límite de su capacidad – en esto de cantidad por precio- desconociendo que muchos insumos, por ejemplo, envases son importados.

“La importación no es automática, tenes bastantes dificultades para lograr que te autoricen el pago”, confesaba un importante fabricante que no solo abastece al mercado interno, sino que es un importante exportador.

También las principales entidades están analizando legalmente la situación ya que no tienen en claro que medidas aplicará el gobierno ante un eventual incumplimiento.

Más allá de las quejas empresarias el gobierno está decidido verificar su cumplimento. Los gobernadores e intendentes se ocuparán de organizar cómo se controlarán que en los comercios se encuentren los productos del listado, comentan fuentes oficiales.

Justamente con este propósito este miércoles por la tarde Felleti convoco, en lo que se estima es el primer encuentro, al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff. También fueron inventados numerosos intendentes del conurbano.

El tema de cuáles serán sanciones que se aplicaran en caso de incumplimiento de los fabricantes y de los supermercados, Cerruti afirmó que “utilizarán todas herramientas que tiene el Estado a su alcance” pero ante la consulta de Ámbito respecto a si utilizarán la “Ley de Abastecimiento” la funcionara eludió la respuesta.

Es que desde la Casa Rosada se insiste con el mensaje de “dialogar” y no “imponer” por esta razón ayer Felletti salió públicamente a decir que la lista de precios era resultado de un acuerdo.

Muchas empresas han pedido audiencia con el secretario de Comercio al ver que figuran productos (nunca fueron convocados a presentar listas) o precios que no pueden mantener, pero hasta el momento no habían recibido respuesta alguna.

Al respecto, trascendió que desde los despachos oficiales hicieron llegar que Feletti comenzará a recibir a las empresas para escuchar sus dificultades.

Lo cierto es que existe mucho desconcierto en las empresas productivas en cómo cumplir con la normativa. Distinto es el caso de los supermercados quienes se enfrentarán con el problema cuando sus proveedores no les entreguen los productos a los precios establecidos por la resolución.

También, se sorprendieron de la virulencia con la cual el secretario de Comercio le contestó al titular de la Cámara de Comercio (CAC), Mario Grinman quién analizando la disposición oficial aventuro que podría haber desabastecimiento.

A través de twitter, Feletti no solo rechazó sus dichos, sino que los calificó como una “»amenaza». El funcionario resumió la «lógica empresarial», que según dijo es «no quiero etiquetado frontal, no quiero acuerdos de precios, no quiero ley de góndola».

Desde la CAC salieron a respaldar los dichos de su titular y rechazaron que haya sido amenazantes. La entidad indicó que “las recientes declaraciones efectuadas en medios de comunicación por el Presidente de la Entidad, Natalio Mario Granma, referidas a los controles de precios y a sus efectos, en modo alguno han pretendido amenazar al Gobierno ni a ningún otro sector del quehacer nacional”.

Aunque afirma que dichas declaraciones reflejan “la opinión pública la postura institucional –basada en la experiencia de medidas similares adoptadas en los últimos 70 años, aplicadas por casi todos los gobiernos, de diversos signos políticos– y en el convencimiento de que la iniciativa privada y la competencia, en un contexto de reglas claras y estables, constituyen la mejor estrategia no solo para combatir la inflación sino también para alcanzar el desarrollo económico y social al que los argentinos aspiramos”.

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