El juez Bava ordenó -en el mismo fallo en el que dispuso las indagatorias- formar un «legajo de prueba de carácter reservado» en virtud de tratarse de documentos entregados por la AFI sobre «los que pesa la obligación legal» de mantener secreto.

El legajo podrá consultarse solo en forma presencial en el juzgado federal de Dolores sin posibilidad de sacar copias porque el contenido se encuentra amparado por el secreto previsto en la Ley Nacional de Inteligencia, según se advirtió.

La causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del San Juan se inició por una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó ante la Justicia de Mar del Plata elementos que permitían inferir que durante el Gobierno de Macri se los había espiado.

Los elementos que dieron origen a la denuncia fueron hallados en la base Mar del Plata de la AFI tras un requerimiento de información formulado por el juez federal Alejo Ramos Padilla en el marco del caso D´Alessio, más precisamente en el capítulo investigativo dedicado a las denominadas bases «AMBA».

Según pudo constatar esta agencia, en la causa hay elementos que acreditan que en las base de Mar del Plata se encontraron informes y fotografías que daban cuenta de seguimientos realizados sobre familiares de los tripulantes del ARA San Juan, producidos sin autorización judicial ni justificación válida alguna.

El 2 de abril de 2018, por ejemplo, la mujer de un tripulante del submarino hundido y la hermana de otro fueron seguidas y fotografiadas en el Golf Club de Mar del Plata por personal de AFI cuando el expresidente Macri -a quien querían entregarle una carta- se encontraba en el predio jugando golf.
En el expediente también hay testimonios de familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan que darían cuenta de la supuesta infiltración en el colectivo de familiares, según pudo reconstruir esta agencia.

El expediente inició su trámite en Mar del Plata pero luego pasó a tramitar en Dolores junto con la investigación centrada en el espionaje político llevado a cabo desde las bases AMBA sobre organizaciones y dirigentes, maniobra por la cual ya se encuentran procesados Arribas y Majdalani, entre otros.

El número de agentes que cumplieron funciones orgánicamente bajo las órdenes del procesado Director de Reunión Provincia de Buenos Aires, Pablo Pinamonti, ascendió a 87, aunque por ahora están bajo investigación penal solo aquellos sobre los que hay prueba de su involucramiento directo con las tareas de inteligencia prohibida.

Arribas y Majdalani también están procesados por el espionaje ilegal realizado desde la AFI sobre el Instituto Patria y por el espionaje desplegado sobre periodistas, sindicalistas, diputados y dirigentes políticos, sociales y religiosos durante el gobierno de Macri.

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