El caso de Juana, la nena wichi de 12 años violada por 6 criollos en el paraje Alto La Sierra, en 2015, sigue tan vigente como los 500 años de genocidio indígena. Si bien la Sala 1 del Tribunal de Juicio de Tartagal condenó a los 6 violadores de 17 años, en un fallo dictado en febrero de 2019, la víctima aún sigue sin la contención necesaria por parte del Estado.
Como iniciativa de Octorina Zamora, mujer wichí, con el consentimiento de Nicasio (padre de Juana), la colaboración de dos periodistas de la provincia de Salta más una colega de Buenos Aires, comenzaron una campaña, para cercar el terreno de la precaria vivienda de la familia y mejorar la seguridad perimetral y la calidad de vida de joven y su grupo familiar.
En la mañana de hoy brindaron una conferencia de prensa en la plazoleta IV Siglos de la ciudad de Salta en donde lanzaron la campaña «No’ t’ uye Juana», que en castellano quiere decir «Cuidando a Juana».
Tienen que juntar una buena cantidad de dinero para establecer un cercado perimetral que le permita a Juana tener seguridad. Es algo muy elemental teniendo en cuenta el lugar en donde está enclavada la humilde casa de Nicasio, en una típica comunidad indígena de cualquier paraje de Santa Victoria Este, con la cercanía de las familias criollas de los culpables de la violación en el mismo núcleo urbano.
«Juana no tiene hasta ahora asistencia del Estado ni contención psicológica ni sanitaria. Actualmente sufre algunas crisis, por llamarlas de algún modo, por la cual se escapa a cualquier hora y hay que salir a buscarla. Entonces el papá nos pidió por favor que lo ayudemos porque nadie del Estado lo ayuda. Desde los tiempos de Urtubey que venimos esperando sólo promesas«, dijo Zamora.
«Mi hija ya está grande. Va a cumplir 18 años y las familias de los criollos nos siguen intimidando y discriminando a nuestra familia y a toda la comunidad. Armar este cercado nos permitirá tener más seguridad. Es por eso que estamos buscando la solidaridad de la gente porque nadie nos ayuda ni la Municipalidad. El intendente anterior (Moisés Balderrama) nos prometió una casa y sólo nos hizo una galería. El actual (Rogelio Nerón) ni nos ve«, dijo Nicasio que también utiliza un nombre ficticio por seguridad.
«Juana, es una adolescente originaria wichi con retraso madurativo, víctima de un ataque sexual en banda, de odio, racial, violento y patriarcal, hace años, en plena infancia. Ella simboliza a todas las jóvenes, a todas las mujeres, por el desamparo del Estado», dijo Zamora ante todos los medios.
“La familia de Juana sigue sometida al olvido, en la miseria, sin la asistencia que le corresponde por ser víctima, por ser mujer, por ser indígena, por ser una niña y también por ser discapacitada», concluyó la referente wichi.
En la IV Siglos, sobre la reja que divide al Cabildo hubo carteles con los títulos de los diarios. En un momento tuvo repercusión nacional y las organizadoras expusieron los titulares que se manejaban por esos años. Hacía ruido una palabra en los afiches tachada con bolígrafo rojo: chineo.
«Nosotras rechazamos el término chineo, que sostienen algunos referentes indígenas y que se utilizaron mucho en los medios masivos de comunicación. Sostenemos que es una palabra ofensiva, un rótulo que busca naturalizar los abusos sexuales y violaciones, que deben llamarse de esa manera. El chineo no es una cosa cultural, ancestral; son abusos y violaciones. Por lo cual debemos desterrar su utilización«, dijo la periodista Susana Peralta.
Y para entenderlo mejor hay que decir las cosas como son. Juana era niña, discapacitada, wichi, violada, embarazada. Fue sometida a una cesárea de urgencia y su historia es una sucesión de maltratos, abandonos y violencia posteriores explica el sentido de la palabra vulnerable.
A ciudadanas como Juana el Estado la abandonó mucho antes de haber sido violada por un grupo de criollos en Alto La Sierra, en pleno Chaco salteño, un lugar sin cloacas ni agua potable, en una vivienda muy precaria, con una discapacidad severa, sin escolarización, sin salud y sin asignación universal para la niñez.
Después de la violación y la denuncia, nadie se acercó a ella ni a sus padres para explicarles que tenían derecho a un tratamiento de anticoncepción de emergencia y de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Menos, que podía acceder a un aborto no punible por tratarse de un embarazo producto de una violación de una menor discapacitada. Obligada a continuar un embarazo de alto riesgo, tampoco recibió atención médica, asistencia psicológica ni información.
Cuando ya cursaba el sexto mes de gestación, especialistas de la Fundación Cultura Nativa, de Jorge Rojas, diagnosticaron una malformación en el feto. Solo entonces la niña se enteró de que estaba embarazada. Fue sometida a una cesárea de urgencia el mismo día en que, en todo el país, miles de personas salían a las calles a reclamar «Ni una menos»./ElTribuno
