El Gobierno le pagará la próxima semana al Fondo Monetario Internacional (FMI) unos u$s300 millones correspondientes a un vencimiento de intereses del programa Stand By que firmó Mauricio Macri en 2018 con el organismo. Será el segundo giro que el país realizará en el año, mientras continúa la negociación del nuevo programa para refinanciar los alrededor de u$s45.000 millones adeudados.
De acuerdo con el cronograma establecido en el Stand By, el vencimiento cae este sábado 1 de mayo. Como no es día hábil, el Tesoro le comprará los dólares al Banco Central y los volcará a su cuenta en la autoridad monetaria el próximo lunes. Dos o tres días después el FMI debitará de allí las divisas, una vez que el propio organismo multilateral defina el tipo de cambio de conversión de DEG (Derechos Especiales de Giro, la moneda del Fondo en la que está nominado el crédito) a dólar, explicaron desde el Ejecutivo. Justamente por ese motivo hasta último momento no se sabrá el monto exacto del pago. Un cálculo reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) lo estimó en u$s298 millones.
Los recursos para el pago saldrán de las arcas del BCRA. Luego de un 2020 de fuerte drenaje, este año las reservas internacionales comenzaron a recomponerse, impulsadas por las liquidaciones del agro en medio del salto del precio de los commodities y en plena vigencia del cepo cambiario. Así, la entidad que preside Miguel Pesce logró recomprar todas las divisas que había tenido que vender durante la corrida del semestre pasado para evitar una devaluación y las tenencias brutas volvieron a superar los u$s40.000 millones. En términos netos, las consultoras privadas las estiman entre u$s5.000 y u$s6.500 millones.
La intención oficial es aprovechar la temporada alta de la liquidación de divisas (abril-junio) para incrementar la acumulación de reservas y garantizar un mayor poder de fuego, que permita capear el tercer trimestre preelectoral sin un salto de la brecha. Para ese momento, llegarán los u$s4.354 millones que le corresponden a Argentina por la distribución de DEG que hará el FMI en el marco de su política de ampliación de la liquidez global para paliar el impacto de la coronacrisis. Aunque el destino de esos fondos está en tensión dentro del oficialismo: como contó Ámbito semanas atrás, la Casa Rosada planea utilizarlos para engrosar las reservas pero el bloque de senadores del Frente de Todos, que responde a Cristina Fernández de Kirchner, promueve que se utilicen para políticas sanitarias y sociales.
En cualquier caso, las divisas disponibles no bastan para afrontar todos los compromisos en moneda extranjera que tiene el país por delante en 2021 sin asestarle un importante golpe a las reservas. Tras la reestructuración con los bonistas, el grueso de los vencimientos se concentra entre el FMI y el Club de París. Entre ambos suman unos u$s7.600 millones y es por eso que el Gobierno negocia una reprogramación de los grandes pagos de capital.
El siguiente gran escollo serán los cerca de u$s2.400 millones que caducan con el Club de París el 30 de mayo, con 60 días de gracia antes de caer en default. Para reestructurar esa deuda, este conjunto de países acreedores pide que con anterioridad se selle un acuerdo con el FMI, pero ésta hoy no es la hipótesis principal. Por eso, también se negocia un “puente” con el Club para postergar el vencimiento hasta tanto se concrete el programa con el Fondo. Ese fue uno de los ejes de la agenda que llevó días atrás el ministro Martín Guzmán a su gira por Europa y que llevará el presidente Alberto Fernández a distintos países de ese mismo continente en el viaje que realizará a partir del 10 de mayo.
En tanto, el calendario anual de pagos al FMI incluye cuatro vencimientos de intereses y dos de capital. En primer giro en concepto de intereses se hizo en febrero por u$s313 millones. El segundo será el de la semana próxima y luego habrá otros dos, en agosto y noviembre, por cerca de u$s400 millones cada uno. Los dos primeros compromisos de capital -por algo menos de u$s1.900 millones cada uno- caen en septiembre y diciembre. Si para septiembre aún no hay acuerdo, una opción que el Gobierno no descarta es cancelar ese vencimiento con parte de los DEG que recibirá el país.
