Alberto Fernández anunció que impulsará una «querella criminal» para identificar a los autores y participes del endeudamiento asumido durante el gobierno de Mauricio Macri, por unos US$55.000 millones, al que calificó como «la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

«Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo», expresó Fernández al promediar su extenso discurso.

«Ya en 2018 la Argentina fue sumergida en una nueva y profunda crisis en la balanza de pagos, en una grave recesión, en una caída de los niveles de actividad y de los ingresos reales y en un aumento notorio del desempleo, la pobreza y la indigencia. Como si esto fuera poco, cuando el país perdió el acceso al financiamiento internacional, el Gobierno anterior solicitó el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional», dijo el Presidente.

El Presidente pidió al Congreso Nacional la sanción del proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias, que permitirá beneficiar a mas de un millón de trabajadores, así como la aprobación de las modificaciones en el Poder Judicial y el Ministerio Público, y anunció el envío de un conjunto de iniciativas para mejorar el acceso a la justicia.

Además, pidió que se apruebe la reforma judicial sancionada por el Senado, y la modificación de la ley del Ministerio Público para designar el Procurador General de la Nación, y anunció un conjunto de proyectos sobre recurso extraordinario ante la Corte Suprema, juicios por jurados y Consejo de la Magistratura.

Fernández anunció que enviará al Congreso un Proyecto de Ley para declarar la emergencia en los servicios públicos y regulados, que permita avanzar en la tarea de «desdolarizar» las tarifas y «adecuarlas a una economía que tiene sus ingresos en pesos».

«Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva», remarcó Fernández en la Apertura de las Sesiones Ordinarias del Parlamento, en la que prometió ponerle fin «al martirio» de tener que elegir «entre comer o pagar la luz y el gas».

Tras asegurar que «la pesadilla de tener que decidir entre alimentarse o pagar los servicios públicos, la incertidumbre permanente de no saber cuánto iba a venir de luz y gas ha llegado a su fin», el Presidente destacó la importancia de «marcar un sendero en el precio de las tarifas para el próximo año».