Las dos iniciativas populares contra los pesticidas generaron fuertes debates entre los agricultores durante la campaña en un país que alberga uno de los mayores fabricantes de productos fitosanitarios, el grupo Syngenta, que fue comprado en 2017 por el gigante chino ChemChina.

La primera iniciativa, «Por una Suiza libre de pesticidas sintéticos», pedía la prohibición de estos productos en un plazo de 10 años, así como la importación de bienes alimentarios producidos en el extranjero con pesticidas sintéticos o que los contengan.

La segunda, «Por un agua potable limpia y una alimentación saludable», pedía que se endurezcan los requisitos para otorgar subvenciones gubernamentales a los agricultores.

La propuesta pedía que se concedieran sólo a las granjas que no utilicen pesticidas, que proscriban el uso preventivo o regular de antibióticos y que puedan alimentar a los animales con el forraje que ellas mismas producen. Los suizos rechazaron ambas iniciativas, que los ecologistas y la izquierda apoyaban frente a la oposición del gobierno, por un 61% de los votos, según las estimaciones.

Respecto a la revisión de la ley sobre el CO2, que incluye medidas destinadas a reducir aún más las emisiones de estos gases de efecto invernadero para 2030, el estudio de gfs.bern no presenta una tendencia clara sobre el resultado, consignó la agencia AFP. La iniciativa promueve, mediante incentivos económicos, los comportamientos respetuosos con el clima, como la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos y la comercialización de vehículos que consuman menos gasolina o diésel.

La ley también prevé aumentar el impuesto sobre el fueloil y el gas natural e introducir una tasa sobre los billetes de avión en cada vuelo que salga de Suiza. Según los opositores al texto, estas medidas costarían caro y afectarían a las personas con ingresos bajos y medios y a los que más viajan.

Por el contrario, una mayoría de la población (57%, según las encuestas) apoyó la ley sobre las medidas policiales para luchar contra el terrorismo, pese a las advertencias de la ONU y de Amnistía Internacional. Esta ley da a la policía medios para actuar más fácilmente de forma preventiva contra un «terrorista potencial». Gracias a la ley, la policía podrá vigilarlos mejor, limitar sus desplazamientos y obligarlos a asistir a los interrogatorios.

Todas estas acciones serían permitidas a partir de los 12 años y a partir de los 15 años también se les podría poner bajo arresto domiciliario durante nueve meses, previa aprobación de un tribunal.

Los opositores de izquierda a la ley creen que no respeta los derechos fundamentales y los derechos humanos. El Gobierno asegura que se garantizarán estos derechos y aduce que los programas de desradicalización son insuficientes ante la amenaza que representan algunas personas.

Suiza se ha librado de los ataques yihadistas cometidos en Europa, pero la amenaza sigue siendo «alta» según las autoridades, que aseguran que «en 2020 tuvieron lugar dos ataques con cuchillo, probablemente con ‘móvil terrorista'».

Un 61% también dio su visto bueno a la ley contra el Covid-19 que otorga al Gobierno poderes adicionales para luchar contra la pandemia y atenuar sus efectos en la sociedad y la economía, según las primeras proyecciones.