El proyecto de Ley enviado por el Gobierno para establecer criterios básicos epidemiológicos que mitiguen la pandemia de coronavirus en el país obtuvo este miércoles dictamen de mayoría en el Senado y podrá ser debatido la semana próxima en el recinto. La iniciativa, a la que se le podrán introducir cambios en el momento de su discusión en el recinto, fue apoyada solo por el Frente de Todos y rechazada por la oposición.

Durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud del Senado, el oficialismo adelantó, a través del jefe de senadores del Frente de Todos, José Mayans, que si es necesario incorporar modificaciones a la iniciativa se podrá hacer en la discusión en el recinto, prevista para la semana próxima.
En la apertura de las exposiciones de hoy, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, respaldaron el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para establecer criterios básicos epidemiológicos que mitiguen la pandemia de coronavirus en el país y afirmaron que las facultades que se propone otorgar al Poder Ejecutivo «son constitucionales».

La titular de la cartera sanitaria afirmó que en los últimos días se ha «visto una disminución de contagios en todo el país, pero con tensión en la ocupación de camas», como consecuencia de la disparada de casos de las semanas anteriores.

«Vamos a tener un número alto de fallecimientos en las próximas semana por ese número alto de casos» anterior, sostuvo la ministra y destacó que «los indicadores tienen una mirada federal».

Vilma Ibarra, por su parte, consideró que «es un enorme desafío administrar las restricciones de derechos» en medio de una pandemia y destacó la importancia de contar con apoyo del Congreso para sancionar una ley que reglamente las medidas para mitigar la expansión del virus.

La funcionaria declaró que el Gobierno acude al Congreso «con la vocación de trabajar para tener una ley que permita tener un marco previsible y que cada jurisdicción sepa qué medidas tienen que enfrentar de acuerdo a la situación en que viven».

«No hay ningún menoscabo de las competencias de gobernadores, no hay restricción a medidas que ellos tomen», explicó, pero aclaró que «todas las medidas tienen contexto científico, algunas más controversiales que otras, pero ninguna parece irrazonable en el marco de calificaciones de situaciones de riesgo».

Ibarra aclaró que «no son muchas las delegaciones legislativas que se generan para el poder Ejecutivo nacional» y sostuvo que «la mayor intensidad se presenta en situaciones de alto riesgo, luego de que no demostraron un adecuado funcionamiento o resultados las medidas adoptadas por las autoridades locales y en alarma epidemiológica».

Respecto a las clases presenciales, aclaró que «todos» desean «tener clases presenciales» pero que «para poder garantizar ese derecho no se deben desbordar los sistemas de salud, no queremos que se permanezca en situación de alarma».

Añadió que todas las medidas que se prevén en este proyecto de ley que adopten los gobernadores o gobernadoras o que adopte en su momento por facultades delegadas el Presidente de la Nación, van a tener que estar sometidas al chequeo de su eficacia».

«Se establece un máximo de 21 días para que se pueda valorar su eficacia. Esto tiene el sentido de plantear que no se hagan prórrogas per se», recalcó, y ratificó que se trata de «medidas constitucionales».

En representación de la oposición, el jefe de los senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y la vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Laura Rodríguez Machado, cuestionaron el «escaso tiempo» otorgado acercar aportes a la propuesta oficial.

«Es cierto que estamos en una situación epidemiológica crítica, pero el PEN lleva más de un año administrando por DNU la pandemia. Existió tiempo suficiente para discutir una ley», resaltó Naidenoff.

«Ameritaba una discusión mucho más amplia. La ley se conoció en las últimas horas y de acá al 21 (de mayo) no es la urgencia de un decreto que fenece», cuestionó el formoseño, al hacer referencia a la intención del Frente de Todos de sancionar la ley antes de ese día.

A su turno, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, respondió: «Ustedes también podrían haber presentado un proyecto de ley, eso no ha ocurrido, no han presentado ningún proyecto de ley que regule el marco sanitario».

Mayans, en tanto, informó que el objetivo del oficialismo era «emitir dictamen hoy mismo», algo que fue objetado por los opositores, y adelantó que se podrían incluir cambios a la norma en el recinto.

El senador oficialista criticó a la oposición al señalar que «la estrategia Bolsonaro (por el presidente de Brasil) es la que quiere aplicar la oposición de cuanto peor, mejor» y le reprochó que «si hubiese tenido este mismo celo por la Constitución la Argentina no estaría quebrada como está».

En la ronda de preguntas, los legisladores opositores recriminaron a las funcionarias la falta de consenso logrado para el envío del proyecto y la toma de decisiones inconsultas con gobernadores como el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta respecto de las clases presenciales.

El momento de mayor tensión fue cuando Naidenoff recriminó la diferencia en el registro de casos que, dijo, se observa entre los datos nacionales y los de algunas provincias como Formosa y las disposiciones del gobernador de ese distrito, Gildo Insfrán, respecto al aislamiento de personas sospechosas de padecer Covid.

«Están secuestrando gente, es una barbaridad lo que dice la ministra», exclamó el senador radical a lo que Vizzotti respondió que se trata, en algunos casos, de «aislamientos extrahospitalarios» y le pidió «no faltar a la verdad».

Concluida la ronda de preguntas, los senadores pasaron a un cuarto intermedio hasta las 14 y luego escucharon las exposiciones de los constitucionalistas Alejandro Fargosi, Roberto Gargarella, Féliz Lonigro, Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez, Mariano Bar y Domingo Rondinas, y los médicos Arnaldo Rubin, Guillermo Durán, Roberto Debbag y Conrado Estol.

El proyecto no distingue entre zonas geográficas del país, sino que establece estrictos parámetros epidemiológicos y sanitarios conforme los cuales las jurisdicciones locales y el Gobierno nacional, según las competencias de cada uno, adoptarán medidas para mitigar la propagación del virus.

A su vez, se busca que tanto el Poder Ejecutivo Nacional como los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, según el caso, “adopten medidas sanitarias ante la verificación de parámetros epidemiológicos y sanitarios con el fin de mitigar la propagación del virus Sars-Cov-2 para prevenir y contener su impacto sanitario”.

Según dichos parámetros, el proyecto establece restricciones y, con relación al Poder Ejecutivo, establece los criterios a utilizar para el ejercicio de sus facultades.

La modificación de los parámetros para determinar la existencia de Bajo, Medio o Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario y Alarma Sanitaria corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional, previa consulta con los ministros y ministras de Salud de las provincias y el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Consejo Federal de Salud.