En una rueda de prensa, el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, anunció la renuncia de todo su gobierno tras un escándalo que se desató por las ayuda social que presta el Estado holandés. 

El problema se había desatado días atrás cuando miles de familias fueron acusadas por error de cometer fraude con las prestaciones sociales y se vieron obligadas a devolverlas, lo que sumió a muchas de ellas en graves problemas financieros. Algunos de los hogares estaban en la mira de la administración por su origen étnico, en base a su doble nacionalidad.

Una investigación parlamentaria publicada en diciembre reveló que funcionarios de impuestos pusieron término a las prestaciones de miles de familias, acusadas erróneamente de fraude entre 2013 et 2019, y les obligaron a devolverlas de forma retroactiva.

La dimisión del Gobierno tiene lugar dos meses antes de las elecciones legislativas, previstas el 17 de marzo, y en medio de una crisis sanitaria que obligaron a las autoridades a imponer en el país las restricciones más estrictas desde el inicio de la pandemia.

El Estado de derecho debe proteger a sus ciudadanos del todopoderoso Gobierno y aquí esto fracasó de forma estrepitosa», declaró Rutte en rueda de prensa, tras lo cual reveló que había presentado la dimisión de su gabinete al rey Guillermo Alejandro, dos meses antes de las elecciones legislativas y en medio de la crisis sanitaria desatada por la pandemia de coronavirus.

Según trascendió, los funcionarios de impuestos habían procedido a una «distinción étnica» de unas 11 mil personas en base a su doble nacionalidad, incluyendo a algunas de las que están afectadas por el caso de las prestaciones familiares.

En diciembre, el Gobierno anunció que en los próximas cuatro meses pagaría indemnizaciones por al menos 30.000 euros (35.000 dólares) a cada progenitor implicado, pero esta medida no fue suficiente para apaciguar el escándalo.

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