La senadora nacional, Claudia Ledesma de Zamora ratificó su postura respecto al proyecto que se debate en estos momentos en el Senado. A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, la funcionaria expresó lo siguiente:

Quienes promueven la interrupción voluntaria del embarazo trataron de instalar dos argumentos: la deshumanización del feto, al señalar que puede no ser merecedor de la vida, y la suavización terminológica dentro de las propuestas normativas.

No estamos sólo debatiendo la despenalización del aborto, sino además la legalización de la terminación de los embarazos no deseados, a cargo de los gobiernos provinciales y/o del sistema de salud en general.

Al sistema de salud, al cual se le pidió que trabajara a destajo para salvar vidas durante la pandemia, ahora se le pide que finalice con vidas no deseadas porque, entre deseo, mérito y antigüedad, el niño por nacer no debe continuar viviendo.

La propuesta tiene contradicciones morales, humanas, religiosas y legales. La contradicción que más nos preocupa es el aspecto constitucional, respecto de los tratados internacionales de jerarquía constitucional y del reparto de competencias entre la Nación y las provincias.

Nuestra Carta Magna dio jerarquía constitucional, entre otros tratados, a la Convención Americana sobre los #DDHH, que dispone que «toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.»

El proyecto es también inconstitucional al establecer normas procedimentales y reglamentarias en contradicción con las Constituciones provinciales. En ejercicio de su poder constituyente, doce provincias establecieron la protección del derecho a la vida desde la concepción.

Imponer una uniformidad legislativa que prescinda de los derechos y garantías que válidamente han reconocido las constituciones provinciales configura un avasallamiento de la autonomía provincial y una violación a la forma federal establecida en nuestra Constitución.

Como sociedad jurídicamente organizada, las políticas públicas deben estar destinadas a la construcción de caminos e instrumentos que salvaguarden la vida, lo que de ningún modo implica desconocer la dolorosa situación de vulnerabilidad y desamparo que sufren muchas mujeres.

Un Estado de derecho debe generar todas las estrategias positivas posibles para proteger a todos y cada uno de los ciudadanos, teniendo como prioridad a los más débiles. En este debate, el niño por nacer es el que debe ser protegido prioritariamente en su derecho a la vida.

Despenalizar el aborto para terminar con embarazos no deseados no resuelve el problema, sino que elimina simplemente el derecho a la vida de una persona por nacer. ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?

La Madre Teresa de Calcuta decía frente a líderes mundiales: “Hoy el más grande crimen contra la paz es el crimen contra los niños inocentes nunca nacidos. Si una madre puede matar a su niño ¿qué nos impide a ti y a mi matarnos el uno al otro?”.