Shakira irá a juicio por evasión fiscal en España. La cantante deberá responder por seis delitos contra la Hacienda Pública española, por los que la Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros.

Se la acusa de defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España. Una juez acordó este martes la apertura del juicio oral de la artista, para que sea juzgada en la Audiencia de Barcelona.

Si bien Shakira ya pagó la cantidad que la Agencia Tributaria de España le exigía (más otros tres millones de euros en intereses), eso no impide que tenga que sentarse en el banquillo a instancias de la Fiscalía.

 

¿De qué se la acusa?
En mayo de este año, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a la cantante colombiana a juicio, ante los indicios de que residía en España «de manera habitual» entre los años 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en una vivienda de la cercana localidad de Esplugues de Llobregat que compró con su expareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, a través de una sociedad.

Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por «motivos profesionales, con una duración muy corta», a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense «The Voice» (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).

La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira «era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial», tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.

Para evitar hacerlo, según la Fiscalía, Shakira «utilizó un entramado societario», con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.

La Fiscalía sostiene que el «plan» de la cantante consistía en que sus empresas figuren formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba «en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales» a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.