El juez de la Cámara de Casación, Víctor Horacio Violini, fue el responsable de firmar la liberación de más de 2.300 presos tras protestas en plena cuarentena por coronavirus. La lista de liberados está constituida por se imputados por abuso sexual infantil, quienes regresaron a sus barrios y se alojaron cerca de sus víctimas.

Violini consideró la argumentación de los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires. Estos últimos exigieron la liberación de aquellos reclusos identificados como “población de riesgo” ante la pandemia. La defensa presentó un hábeas corpus para exigir su liberación y el pasado 23 de abril fue firmada por el magistrado.

Uno de ellos, Pedro Olmos de 68 años, regresó a su domicilio cuando fue detenido en septiembre del 2019 tras estar prófugo durante cinco meses por el abuso sexual de una chica de 13 años. Su hogar, ubicado en el barrio de Burzaco, está a menos de cinco kilómetros de la casa de su víctima.

Violini resolvió el arresto domiciliario de los presos por delitos leves y que son grupo de riesgo. Sobre los internos en situación de riesgo pero alojados por delitos graves, dispuso que cada juez analice si es viable el arresto en su casa.

Además del caso de Olmos, hay que sumarle que quienes también consiguieron prisión domiciliaria son violadores de un chico de 8 años y de una nena de 6 años. Los dos violadores viven cerca de los abusados.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, cuestionó que presos que forman parte del grupo de riesgo sean beneficiados con la prisión domiciliaria en el marco de la pandemia por coronavirus y sentenció: “Si fuera por mí no sale ninguno”.

“Es una situación muy excepcional, donde mi visión no tiene mucha injerencia porque las cárceles dependen administrativamente del Ministerio de Justicia y la libertad de cada uno de los presos depende de los jueces”, sostuvo el funcionario en una entrevista televisiva.

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