La falta de espacios y sistemas de comunicación accesibles sigue excluyendo a personas con discapacidad y neurodivergencias de la vida social, educativa y laboral. Entre desigualdades estructurales, barreras sensoriales y déficits de información, la accesibilidad continúa siendo una deuda que impacta en la autonomía, los vínculos y la salud mental.
En sociedades diversas es imprescindible avanzar hacia formas de comunicación y entornos que permitan la plena participación de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad y neurodivergencias. Las barreras comunicacionales y espaciales no solo restringen la autonomía individual, sino que también condicionan la igualdad de oportunidades en ámbitos educativos, laborales y sociales.
A pesar de los avances en materia de inclusión, para muchas personas neurodivergentes sigue siendo difícil encontrar espacios verdaderamente adaptados a sus necesidades sensoriales y comunicacionales. Los entornos que contemplan iluminación regulable, control del ruido, señalética clara o apoyos visuales son escasos y, cuando existen, suelen estar asociados a propuestas privadas o especializadas cuyos costos resultan inaccesibles para una gran parte de la población. Esta situación profundiza las desigualdades y refuerza la idea de que la accesibilidad continúa siendo un privilegio y no un derecho garantizado.
Según datos oficiales del INDEC, el 10,2 % de la población de 6 años o más vive con alguna discapacidad. A esto se suma que cerca del 40 % de niñas, niños y adolescentes no cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), una herramienta clave para acceder a prestaciones de salud y apoyos públicos. La exclusión se vuelve crítica en el ámbito laboral: más del 86 % de las personas con discapacidad no tiene trabajo registrado y apenas un 14 % participa activamente del mercado laboral, lo que limita de manera directa su autonomía económica.
A este escenario se agrega una deuda estatal persistente. El cupo laboral del 4 % establecido por ley para el sector público se incumple de forma sistemática y, en la práctica, no alcanza el 1 %. La brecha educativa termina de sellar este ciclo de desigualdad al restringir el acceso a niveles superiores de formación y reducir oportunidades de desarrollo desde la infancia.
A la exclusión administrativa y laboral se suma una infraestructura urbana que segrega. La falta de accesibilidad en el transporte público y el deterioro de las vías de circulación limitan la movilidad independiente y obligan, en muchos casos, al uso de transportes privados de alto costo. Una parte significativa de las unidades de transporte y de los espacios urbanos del país aún no cumple con estándares básicos de accesibilidad motriz y sensorial.
Esta desconexión física no solo dificulta el acceso a hospitales o centros de formación, sino que impacta de lleno en el derecho al ocio y la participación social, confinando a muchas personas al ámbito doméstico. De este modo, la discapacidad termina siendo definida no por la condición de la persona, sino por un entorno que ignora la diversidad funcional y profundiza una deuda histórica en materia de integración real.
En este contexto, la falta de información clara y accesible se convierte en una barrera cotidiana que limita la autonomía y la participación social. Frente a ello, surgen herramientas y recomendaciones clave para garantizar el acceso a la información y promover entornos más inclusivos.
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