La decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones a gobernador en las provincias de San Juan y de Tucumán generó un terremoto político y provocó la reacción del gobierno nacional.

En un mensaje emitido por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández señaló que “los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri (en referencia a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) siguen respondiendo a sus órdenes”.

El jefe de Estado consideró además que la resolución del máximo tribunal de Justicia “deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia”.

En otro fragmento de su discurso, Fernández apuntó que “se trata del mismo Poder Judicial que persigue de forma sistemática a la Vicepresidenta de la Nación (Cristina Kirchner) con argumentos forzados, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales”.

“Se han convertido en el brazo operativo de la oposición y de los grupos concentrados del poder económico y mediático”, remató el mandatario, que acusó a los magistrados de “desconocer el federalismo y la división de poderes” y reclamó mayor transparencia pública por parte de los funcionarios de la Justicia: “La degradación judicial debe concluir. No conocemos el patrimonio de ningún magistrado de la Corte Suprema”.

La figura de Rosatti fue uno de los blancos principales que eligió Alberto Fernández: “Ayer mismo, unas horas antes de esta decisión, el presidente de la Corte Suprema hizo declaraciones ante empresarios sobre qué deberíamos hacer con la emisión monetaria. En primer término, no tiene autoridad, ni facultades, ni conocimientos para opinar sobre el rumbo de la política económica del gobierno”.