El fiscal federal Ramiro González imputó hoy al ex presidente Alberto Fernández y a un ex directivo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, tras la denuncia que hizo el Gobierno por los seguros que se contrataban para darle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos de la ANSES. También fueron imputados Alberto Pagliano (ex titular de Nación Seguros), el responsable de San Ignacio sociedad de productores asesores de seguros SA, y el responsable de TG Broker S.A.
La denuncia la había presentado el jueves pasado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el nuevo titular de la ANSES, Mariano de los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres, las tres áreas involucradas en las presuntos irregularidades durante la administración anterior.
Alberto Fernández y Pagliano ya están imputados en la otra causa que también impulsó el fiscal González y tiene a cargo el juez Julián Ercolini. Por ese expediente, anoche se ordenaron allanamientos en la casa del broker Héctor Martínez Sosa y de su esposa, María Cantero, quien fue durante tres décadas la secretaria del ex presidente.
En ese procedimiento, la Policía Federal secuestró varias agendas, teléfonos y computadoras que ahora serán peritadas, pero no encontró documentación vinculada con la causa judicial.
Además de impulsar la investigación, el fiscal pidió varias medidas de prueba y que sea convocado, como testigo, Osvaldo Giordano, el ex titular de ANSES que fue echado por el presidente Javier Milei tras detectar las comisiones que pagaba el organismo por los seguros.
Entre otras cosas, González reclamó que la Superintendencia de Seguros de la Nación informe “si registra actuaciones vinculadas con San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y/o TG Broker S.A. a efectos de que dichas firmas intervengan – en carácter de organizador y de productor asesor respectivamente- en los Seguros de vida colectivos de saldo deudor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, y en su caso, remita las correspondientes constancias”.
También le pidió al juez que encargue un peritaje de la especialidad “con el objeto de determinar el perjuicio patrimonial, consistente en la variable entre el régimen pretérito al decreto 823/2021 y la operatoria de contratación a través de un bróker de seguros denunciado en autos”.
La denuncia original apuntaba al rol de D’Angelo -que ahora es concejal de Unión por la Patria en el partido bonaerense de Quilmes- para saber si “contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”.
