La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes los sobreseimientos de Mauricio Macri, Gustavo Héctor Arribas, Silvia Cristina Majdalani y otros agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en el marco de la causa que investigaba si se espió a familiares de las víctimas del ARA San Juan, informaron a Infobae fuentes judiciales.

La decisión fue tomada por Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Guillermo J. Yacobucci, Angela Ledesma y Mariano Hernán Borinsky. Yacobucci y Borinsky conformaron el voto de la mayoría que hizo hincapié en que el tribunal de la instancia previa realizó un tratamiento concreto y pormenorizado de los hechos ventilados en la causa y descartó debidamente la tipicidad de las conductas investigadas.

El fallo sostuvo que es la causa en la que se investiga el hundimiento del mencionado buque ARA San Juan la que debe avanzar definitiva y prontamente hacia una respuesta concreta para los referidos familiares de los tripulantes fallecidos que perdieron la vida en el cumplimiento del deber y al servicio de la patria

Se trata de la única causa en la que Macri fue llamado a indagatoria después de dejar la Casa Rosada. El 1 de diciembre de 2021, un juez de Dolores sostuvo que el ex presidente y los ex jefes de la AFI habian llevado adelante tareas de espionaje que “buscaban en definitiva influir en la situación política e institucional del país, y en especial en la opinión pública y la gestión política del gobierno de ese momento”. El juez le imputó seis hechos.

Pero el 15 de julio del 2022, la Cámara Federal porteña revocó esa decisión y sobreseyó a los implicados. “Existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas”, sostuvo el fallo. Ese ese fallo el que ahora revisó la Cámara de Casación.

El submarino ARA San Juan implosionó a las 10:55 del 15 de noviembre de 2017, luego de que -según la hipótesis que maneja la Justicia- una explosión en uno de sus bancos de baterías dejara a la tripulación incapacitada para poder maniobrar la nave para llevarla a la superficie. Esa fue la información que surgió más de un año después de aquel día, pero por entonces sólo se tuvo conocimiento de la desaparición de la nave tras días sin dar señales ni ser registrado por los radares. Los 44 tripulantes murieron. Durante un año, los familiares de las víctimas llevaron adelante marchas y movilizaciones exigiendo respuestas. 

En ese marco es que apareció la denuncia que involucró a Macri y a los directivos de la AFI. La acusación implicaba haber espiado a los familiares de las víctimas del ARA San Juan a través de fotos, búsquedas en redes sociales, seguimientos e infiltraciones en marchas, cuando ese grupo pedía ayuda para encontrar a sus seres queridos, perdidos en el fondo del mar.

La causa se inició por impulso de la ex directora de la AFI Cristina Camaño y aterrizó en el juzgado federal de Dolores, donde se unió a los expedientes contra el falso abogado Marcelo D’Alessio y el supuesto espionaje a las llamadas bases AMBA que funcionaron durante el gobierno de Mauricio Macri. En octubre de 2021, en medio de la campaña legislativa, Macri fue llamado a indagatoria, la primera causa por la que tuvo que enfrentar un juzgado después de haber dejado el sillón de Rivadavia. Macri negó las acusaciones y acusó al juez de ser funcional al oficialismo.

En diciembre del 2021, el juez de Dolores Martín Bava lo procesó diciendo que el entonces jefe de Estado había ordenado espiar a los familiares de las víctimas, en busca “influir en la situación política e institucional del país, y en especial en la opinión pública y la gestión política del gobierno de ese momento”. La causa pasó a Comodoro Py porque era conexa al llamado expediente D’Alessio. La Cámara Federal porteña se encargó de analizar la decisión de Bava.

El 15 de julio del 2022, los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi revocaron ese fallo y ordenaron el sobreseimiento de los involucrados. Para la Cámara Federal, el delito no existió: a su criterio, las diligencias guardaban relación con la seguridad del presidente y descartaron la hipótesis que había llegado desde Dolores diciendo que se trató de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública. El ex presidente celebró el fallo. “La verdad aún puede ganar en la Argentina”, dijo en sus redes sociales. 

Pero la fiscalía y los familiares apelaron. Las agrupaciones de las querellas acusaron a Macri y pidieron avanzar hacia el juicio oral. La fiscalía, en tanto, pidió la nulidad del fallo: dijo que había que anular los procesamientos porque el juez de Dolores que instruyó el caso, al momento de la indagatoria no informó “acabadamente los hechos imputados y las pruebas existentes” en contra del ex jefe de Estado, situación que le impidió ejercer su derecho de defensa.

En Casación la causa tuvo idas y vueltas a la hora de definir la integración del tribunal que definiría la cuestión. Al frente de la resolución quedaron los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Mariano Borinsky. A fines de agosto, se llevó adelante una audiencia pública en donde se escuchó a los familiares de las víctimas y en la que las defensas reclamaron el cierre de la causa. Y ahora llegó la respuesta confirmando el sobreseimiento de Macri, Arribas, Majdalani y nueve agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).