En un contexto donde la salud es uno de los pilares fundamentales del bienestar de la población, resulta alarmante y profundamente irresponsable la actitud adoptada por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, particularmente por el ministro de Salud Nicolás Kreplak y el gobernador Axel Kicillof, en relación a la atención hospitalaria de extranjeros sin residencia.
Esta postura no solo ignora las realidades económicas que enfrenta el sistema de salud provincial, sino que también perpetúa un modelo que ya de por sí arrastra graves deficiencias.
Es de público conocimiento que los hospitales de la provincia, lejos de ofrecer un servicio de excelencia, están luchando constantemente con la falta de insumos y una grave escasez de personal. Los médicos y las enfermeras trabajan en condiciones de precariedad, sin una remuneración adecuada por el arduo esfuerzo que desempeñan.
A esta situación se le suma la falta de infraestructura, lo que convierte a muchos hospitales en lugares donde la atención no está a la altura de las necesidades de la población.
En este contexto, cualquier medida que implique un mayor desborde del sistema solo contribuiría a su colapso.
No es un secreto que, en muchos casos, la atención en estos hospitales no es de la calidad que uno esperaría para casos de urgencia o enfermedades graves.
Los insumos básicos, desde medicamentos hasta equipos médicos esenciales, son escasos, lo que obliga a los pacientes a esperar interminables horas para recibir un trato, que en ocasiones es insuficiente.
A pesar de las mencionadas carencias, el gobierno de Kicillof y Kreplak se ha opuesto férreamente a la posibilidad de arancelar la atención a los extranjeros sin residencia en la provincia, defendiendo una supuesta solidaridad internacional.
No cabe duda de que la solidaridad es un valor fundamental en la sociedad, pero uno debe ser coherente y responsable en su aplicación. La postura del gobierno provincial no solo es utópica, sino que coloca una carga insostenible sobre un sistema de salud ya colapsado.
Mientras tanto, en otros países de la región, como Bolivia, a los argentinos se nos cobra por la atención médica en hospitales públicos, sin ningún tipo de concesión especial. Si estos países pueden aplicar aranceles a los ciudadanos extranjeros, ¿por qué no puede hacer lo mismo la provincia de Buenos Aires?
Es sumamente contradictorio que el gobierno provincial se niegue a establecer mecanismos que permitan una mayor sostenibilidad financiera del sistema de salud, al mismo tiempo que se muestra reacio a revisar una política que claramente no beneficia a la mayoría de los ciudadanos bonaerenses. La negativa a cobrar a los extranjeros sin residencia implica que aquellos que sí aportan al sistema a través de sus impuestos (los bonaerenses) continúen siendo los grandes perjudicados.
La actitud de las autoridades provinciales es una demostración clara de falta de responsabilidad y de una visión pragmática sobre cómo administrar los recursos públicos. En lugar de aferrarse a un discurso populista que no tiene base en la realidad, Kreplak y Kicillof deberían poner en primer lugar las necesidades de la población bonaerense.
La salud de los argentinos debe ser prioritaria, y eso solo puede lograrse si se toman decisiones responsables en cuanto a la gestión y la distribución de los recursos del sistema.
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