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Colaboración

El punto de partida de este momento crítico del oficialismo es el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Un funcionario cercano, Diego Spagnuolo, dejó caer, a través de filtraciones y audios, una trama de supuestas coimas relacionadas con la compra de medicamentos, con menciones explícitas a laboratorios, retornos del 3 8 % de los contratos, y presunta implicación de altos cargos, como Karina Milei y sus colaboradores. 
El impacto fue inmediato: despido del funcionario involucrado, intervención de ANDIS, allanamientos a la droguería implicada, investigaciones judiciales. Pero eso no bastó para neutralizar el daño político. El escándalo puso en evidencia varias debilidades del oficialismo, a saber:
-Fragilidad institucional y control interno: la existencia de estos hechos sugiere deficiencia no solo en la supervisión, sino en la selección y confianza en quienes ocupan cargos clave. Si un director de un organismo central puede plantear públicamente que se están cobrando coimas y que existen estructuras detrás, claramente hay fisuras en el marco de control. 
-Conexión con el discurso oficial: el gobierno de Milei se presenta como uno de “mano dura contra la corrupción” y como una administración austera, que pone como prioridad el orden fiscal, pero también la transparencia. Este hecho hiere esa narrativa, especialmente cuando se menciona a personas del círculo íntimo presidencial.  
-Reacción tardía y parches políticos: aunque ANDIS fue intervenida, Spagnuolo removido, etc., muchas voces políticas y sociales acusaron al gobierno de reactividad en lugar de prevención. La filtración se hizo pública con fuerza mediática; el gobierno tuvo que “poner remedios” tardíamente.  
El resultado es un fuerte golpe reputacional justo en un momento en que el gobierno enfrenta múltiples tensiones sociales: inflación, costo de vida, malestar en sectores vulnerables, expectativa alta de cambio. 
Pocos días después del escándalo en ANDIS se dieron las elecciones provinciales bonaerenses, que se perfilaban como un termómetro clave para lo que se viene a nivel nacional. 
Como colofón, fueron unos resultados contundentes. El peronismo, agrupado bajo “Fuerza Patria”, logró cerca del 47 % de los votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) quedó con cerca del 33,8 %. Una diferencia de alrededor de 13 14 puntos.  
Las áreas clave de derrota fueron las secciones con mayor densidad poblacional y electoral, donde el peronismo arrasó. Se observa que el oficialismo perdió no solo en distritos “difíciles”, sino también donde había presencia significativa de LLA, incluso donde el presidente había realizado actos de campaña. 
Ante esta situación existió un reconocimiento discreto pero real de la derrota. Los líderes de LLA reconocieron públicamente que el resultado “no fue el que uno espera”, que hay que hacer autocrítica, y que las expectativas para octubre ante las elecciones nacionales quedaron reducidas o al menos condicionadas.
Este resultado bonaerense tiene una importancia estratégica enorme. La provincia de Buenos Aires concentra una porción muy grande del padrón electoral nacional, es un bastión político tradicional del peronismo y el lugar en el que suelen definirse las orientaciones políticas dominantes del país. Perdérsela, o al menos quedar muy atrás, le saca aire político al oficialismo. 
Pero junto con los escándalos y las derrotas electorales, otro eje importante de esta crisis tiene que ver con los vetos presidenciales sobre leyes que tocan “sensibilidad social”: jubilaciones, discapacidad, universidades, salud pediátrica, fondos para el Hospital Garrahan, etc. 
Así vimos cómo se vetaron leyes aprobadas por el Congreso para aumentar pensiones, moratoria previsional, emergencia en discapacidad. 
Además, se vetó la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, incluyendo asignaciones presupuestarias para el Garrahan, medidas que habían obtenido respaldo legislativo amplio. 
Por otro lado, se vetó la ley de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) redistribuyendo fondos hacia las provincias, iniciativa impulsada por gobernadores de distintos signos. 
Estos vetos tienen varias consecuencias políticas, por un lado, dejan ver una tensión entre la agenda ideológica del oficialismo (ajuste, recorte del gasto público, disciplina fiscal) y las demandas sociales urgentes de sectores vulnerables; asimismo, generan un antagonismo creciente con la oposición parlamentaria, que ha logrado articular mayorías para sancionar leyes que el Ejecutivo luego vetó. En muchos casos, esas leyes tienen alto consenso popular.
Y, sin lugar a dudas, profundizan la percepción de que el gobierno escucha poco, que no hay flexibilidad, que el ejecutivo está aislado de la sensibilidad ciudadana hacia necesidades básicas como la salud, educación y protección social. 
Frente a esta combinación explosiva -corrupción, derrota electoral, vetos sociales- el gobierno ha intentado varias respuestas, pero con efectos limitados, un controvertido llamado al diálogo con gobernadores para establecer instancias de negociación. Sin embargo, ese gesto parece vacío si se acompaña al mismo tiempo con vetos a leyes impulsadas por esas mismas provincias. 
Por otro lado, la negativa a cambiar el rumbo a pesar de la derrota en Buenos Aires, resulta algo confuso, porque desde el gobierno no ha llegado una señal clara de corrección de estilo, de ajuste político ni de una moderación en las decisiones que tocan directamente el tejido social. De hecho, los vetos indican que el gobierno ratifica su prioridad fiscal y su agenda de ajuste, incluso ante el malestar ciudadano.
Y se advierte además una mayor capacidad de crítica desde todos los sectores de la sociedad: la oposición parlamentaria, gobernadores, sectores sociales, jubilados, organizaciones estudiantiles, instituciones universitarias, etc., han denunciado que estas medidas y actitudes no solo desatienden las urgencias sociales, sino que erosionan la gobernabilidad y ponen en riesgo la legitimidad política. 
Ahora bien, la derrota del oficialismo no puede explicarse solo por un escándalo ni solo por vetos. Hay varios factores que se combinaron, en principio, una sensación de desconexión donde muchos ciudadanos sienten que el gobierno está más atento al discurso liberal/fiscal que a los problemas cotidianos de inflación, precios, salud, educación. Los vetos a medidas que habían sido aprobadas para mejorar servicios públicos agudizan esa percepción.
En segundo lugar, un creciente desgaste acumulado por políticas de ajuste, recortes presupuestarios, inflación sostenida, caída del poder adquisitivo, etc., que han generado cansancio. En este contexto, los escándalos internos (como ANDIS) actúan como catalizadores del malestar general.
Además, una mejor y mayor capacidad de la oposición al articular el rechazo a ciertas actitudes y medidas del gobierno; así, el peronismo y sectores independientes, universidades, colectivos sociales fueron capaces de generar consensos en el Congreso, al menos legislativos, y traducirlos en demandas visibles. Eso fortaleció la idea de que el gobierno estaba aislado.
Por último, se observa una mayor importancia simbólica de las provincias, la elección de Buenos Aires nos delata que ella no es solo una provincia grande, es el ejemplo de la Argentina urbana, con muchos distritos afectados por desigualdades, déficits de servicios públicos, salud colapsada, educación en apuros. Una derrota allí tiene más carga simbólica que en muchas otras regiones.
Dada esta nueva realidad, el oficialismo enfrenta varios riesgos legislativos, por la falta de mayorías claras, una oposición en bloque y la imposibilidad de aprobar leyes sin negociar fuertemente concesiones. La política de vetos puede generar que muchas iniciativas legislativas queden muertas, lo que aumentará la percepción de autoritarismo o de intransigencia.
Por otro lado, riesgos electorales, octubre se vislumbra difícil. Una derrota bonaerense fuerte ya afecta el ánimo y las expectativas del oficialismo; también puede impactar la movilización, la imagen, y dar fuerza a la oposición de cara a nacionales.
Y a ello debemos sumar la interrogación sobre la legitimidad social, donde el gobierno deberá sortear el riesgo de alienar a grupos sociales sensibles: jubilados, personas con discapacidad, estudiantes universitarios, padres de niños en hospitales públicos. Si esas personas se sienten no representadas, castigadas o ignoradas, puede incrementarse la protesta social, movilizaciones, etc.
Y un dato que no es anecdótico, la existencia de fuertes internas hacia la profundidad del oficialismo y sus socios circunstanciales, la Libertad Avanza y los partidos aliados enfrentan presiones internas. Dirigentes del PRO, sectores locales, gobernadores, intendentes pueden empezar a marcar disidencias si perciben que la estrategia nacional no está rindiendo. Las críticas internas van en aumento y se hacen públicas.
Pero también hay oportunidades si el oficialismo logra aprender que puede usar la derrota como punto de inflexión, para revisar su estrategia política, incorporar mayor pragmatismo, moderar algunos discursos, mostrar sensibilidad social real, dar señales de contención.
También puede capitalizar apoyo en distritos donde sigue teniendo fortaleza (ciudades, secciones donde ganó), reforzar la base, sin descuidar lo local.
Y todo ello para negociar más y mejor; cediendo en algunas leyes sociales puede costar políticamente menos que mantener firmezas ideológicas que generan rechazo popular. 
La Argentina vive ahora un momento político de fractura para el oficialismo. El escándalo de las coimas en ANDIS abrió una herida institucional y moral; la derrota bonaerense ha sido electoralmente grave, no solo numéricamente sino simbólicamente; los vetos a leyes sociales han profundizado la brecha entre el discurso del gobierno y la sensibilidad del electorado.
El gobierno de Milei se encuentra en una encrucijada: insistir en su línea ideológica fuerte -ajuste, austeridad, disciplina fiscal- y así poder mantener coherencia doctrinaria, pero al mismo tiempo corre el riesgo de aislarse políticamente, perder gobernabilidad y sacrificar rédito electoral. Si no hay señales de replanteo, adaptación o al menos mayor apertura al diálogo real, el desgaste puede acelerarse, especialmente de cara a las elecciones legislativas nacionales.
El electorado parece haber enviado un mensaje claro: no alcanza con discursos o promesas de cambio ni gritando “viva la Libertad, carajo”, si la gestión no traduce mejoras en lo cotidiano. La pregunta clave es si el oficialismo podrá leer ese mensaje, corregir el rumbo sin dejar de insistir en lo que considera sus principios, o si la polarización y la intransigencia seguirán profundizando la crisis política en Argentina.