Los números del Observatorio de Femicidios muestran la dimensión de una violencia que no da tregua: 10 femicidios y 45 intentos registrados en Santiago del Estero durante los primeros nueve meses de 2026. Detrás de esas cifras hay mujeres atacadas, amenazas previas, órdenes de protección incumplidas y familias atravesadas por tragedias.
Las estadísticas permiten dimensionar el problema, pero no alcanzan para explicar qué significa que una provincia registre 45 intentos de femicidio y 10 femicidios en apenas nueve meses.
Detrás de cada número hay una mujer, una familia y una historia. Algunas terminaron en muerte. Otras quedaron al borde de convertirse en una nueva tragedia. En muchas aparecen separaciones, amenazas, celos, armas, ataques dentro del hogar y niños que terminaron siendo testigos o protagonistas involuntarios de situaciones extremas.
Estos son algunos de los casos que marcaron a Santiago del Estero durante 2026.
El 5 de junio, el paraje Lorena, en el departamento Copo, quedó conmocionado por un femicidio seguido de suicidio.
Florinda Albornoz tenía 49 años y era madre de cuatro hijos. Había terminado su relación con Lucindo Enrique Rojas, de 60 años, aunque ambos continuaban manteniendo contacto y, según los testimonios incorporados a la investigación, no existían antecedentes conocidos de episodios violentos entre ellos.
La jornada comenzó con una escena cotidiana. Florinda le contó a uno de sus hijos que iría junto a su padre a revisar los zapallos. Horas después, una de sus cuñadas la encontró muerta entre los cultivos.
Las primeras pericias determinaron que la mujer había recibido un fuerte golpe en la cabeza y dos disparos de escopeta en el pecho. A unos 15 metros del cuerpo fue encontrado Rojas, muerto, suspendido de un árbol. Junto a él estaba la escopeta.
La investigación buscó reconstruir qué ocurrió durante aquellas horas en una zona rural, aislada y con escasa señal telefónica.
El caso tuvo además una consecuencia que excedió el expediente penal: cuatro hijos quedaron sin sus padres. Los organismos de protección de la niñez fueron convocados para intervenir y garantizar asistencia y contención a los menores.
La tragedia de Lorena mostró, con una crudeza particular, que un femicidio no termina con la muerte de una mujer: deja una familia que debe reconstruirse sobre una ausencia definitiva.

El 29 de junio, Colonia Dora fue escenario de otro femicidio seguido de suicidio.
Edith Eugenia Pérez tenía 43 años. Era integrante del cuerpo de Bomberos de la ciudad, trabajaba en el Centro de Integración Comunitaria y también integraba una lista de candidatos a concejales. Fue atacada dentro de su vivienda por su esposo, Omar Rafael González, de 43 años.
La mujer recibió múltiples puñaladas. Los investigadores secuestraron tres cuchillos y otras evidencias que fueron sometidas a pericias. Las primeras actuaciones hablaban de 13 heridas y de la posibilidad de que se hubieran utilizado dos armas blancas.
No había testigos directos del ataque. La investigación comenzó entonces a reconstruir los días previos y la situación de la pareja, sobre la que aparecieron referencias a distanciamiento, celos y discusiones.
Después del crimen, González se dirigió al patio de la vivienda y se suicidó ahorcándose de un árbol.
Edith dejó dos hijos. Su muerte también golpeó a una comunidad que la conocía por sus tareas laborales y su participación social.
El caso volvió a mostrar otra característica que aparece en los registros de violencia de género: una relación que desde afuera puede no revelar señales evidentes puede esconder conflictos que solamente adquieren visibilidad cuando la violencia ya llegó a un extremo.
El 27 de febrero, El Aibe, departamento Banda, fue escenario de uno de los episodios más estremecedores del año.
María Amanda Chazarreta, madre de tres hijos, fue asesinada por su pareja, Ramón César Jiménez, quien le provocó 13 heridas con un arma blanca.
El crimen fue descubierto por los propios hijos menores de la pareja, de 6 y 9 años. El niño de 9 años salió en busca de ayuda y pronunció una frase que quedó grabada en la reconstrucción del caso: “Mi papi la hincó a mi mami en la cama y no se mueve”. Mientras tanto, su hermano menor permanecía junto al cuerpo de su madre, intentando despertarla.
La escena expuso una de las dimensiones más dolorosas de los femicidios: los hijos no son espectadores ajenos. En ocasiones quedan atrapados dentro de la violencia y son ellos mismos quienes deben pedir ayuda después del ataque.
La investigación estableció que Amanda había retomado la relación con Jiménez aproximadamente un mes antes. También se investigaron antecedentes de conflictos y denuncias entre ambos.
Horas después del crimen, el cuerpo de Jiménez fue encontrado suspendido debajo de un árbol, tras un rastrillaje policial en las inmediaciones de la vivienda.
Amanda fue despedida en El Aibe, acompañada por familiares, amigos y vecinos. Sus tres hijos quedaron frente a una pérdida que comenzó mucho antes de comprender siquiera la dimensión de lo que habían visto.
El 20 de febrero, el femicidio de Thania Santillán conmocionó a la localidad de Las Tinajas, en el departamento Moreno.
La joven, de 22 años, murió después de recibir dos disparos de escopeta. De acuerdo con los primeros resultados de la autopsia difundidos en la investigación, uno de los proyectiles ingresó por la espalda y el segundo impactó en la zona de la sien.
El principal acusado fue Diego Salto, señalado como pareja de la víctima en la información difundida inicialmente sobre el caso.
La escena posterior al crimen estuvo marcada por la presencia del acusado durante varias horas junto al lugar donde se encontraba el cuerpo de Thania. La policía debió negociar durante horas hasta lograr su rendición.
La investigación quedó en manos de la fiscalía, que debía determinar la mecánica exacta del ataque y reconstruir los últimos días de la joven.
Thania vivía junto a su familia en el paraje Tabianita y trabajaba realizando tareas de uñas y peluquería. Su muerte dejó nuevamente a una comunidad rural atravesada por el dolor y la incredulidad.

El caso de Ramona Emilia Medina comenzó como una búsqueda. La mujer, de 65 años, había salido de su casa en Las Termas de Río Hondo y no había regresado. Su familia dio aviso a las autoridades y comenzó un operativo para encontrarla.
Una pista surgió a partir del testimonio de un remisero que había sido convocado para trasladar a una mujer y un hombre desde una vivienda del barrio Herrera El Alto. El conductor llegó al lugar, observó la situación y decidió no realizar el viaje.
La investigación condujo hasta Luis Ricardo Bustamante, de 38 años. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos.
Posteriormente, según la información difundida sobre la causa, Bustamante habría indicado a los investigadores dónde se encontraba el cuerpo de Medina.
La mujer fue encontrada en un campo ubicado detrás de un cementerio, quemada y envuelta en una frazada. El estado del cuerpo obligó a los peritos a trabajar para determinar las circunstancias exactas de la muerte y establecer qué había ocurrido previamente.
El caso mostró otra de las formas en que puede manifestarse la violencia extrema contra las mujeres: la desaparición, el ocultamiento del cuerpo y la destrucción de evidencias.
CUANDO LA MUERTE PUEDE EVITARSE
Si los femicidios muestran el desenlace irreversible de la violencia extrema, las tentativas permiten observar el momento anterior: mujeres que sobrevivieron por una intervención de terceros, porque lograron escapar o porque la asistencia llegó a tiempo.
A comienzos de julio, una mujer de 40 años estuvo a punto de morir dentro de su propia casa, en el barrio Salta Prolongación de La Banda. Su esposo, Jorge Núñez, de 45 años, la habría atacado con un arma blanca y le provocó una profunda herida en el cuello.
La mujer perdió abundante sangre. Sus cuatro hijos estaban en la vivienda y escucharon los gritos. Uno de ellos salió desesperadamente hasta una garita de Seguridad Vial ubicada sobre la autopista para pedir ayuda. “Mi papá quiso matar a mi mamá. Ella está herida y mis hermanos lo tienen en el piso”, habría alcanzado a decir ante los efectivos.
Cuando la Policía llegó, encontró a la mujer ensangrentada y con una lesión en la zona cervical. Sus hijos decidieron cargarla en un vehículo y trasladarla al centro de salud. La gravedad de la herida llevó a la Fiscalía a modificar la calificación inicial y encaminar la investigación como tentativa de homicidio calificado por violencia de género.
Esta vez la historia no terminó en un femicidio. Pero cuatro hijos quedaron convertidos en testigos directos de una violencia que pudo haber terminado de otra manera.
En marzo, una joven de 19 años fue atacada por su expareja en Clodomira cuando había concurrido a buscar al hijo que ambos tenían en común. La mujer se había separado aproximadamente una semana antes de Franco Gómez, de 28 años. El hombre tenía consigo al niño y, según la denuncia, no había cumplido con el compromiso de devolverlo.
La joven concurrió entonces hasta su vivienda para buscarlo. Allí se produjo una discusión. De acuerdo con la denuncia, Gómez extrajo un arma blanca y atacó a su expareja.
La joven recibió siete heridas: seis en la zona dorso lumbar y otra a la altura del seno derecho. Fue trasladada inicialmente al hospital zonal y posteriormente derivada al Centro Integral de Salud Banda debido a la gravedad de las lesiones.
La causa fue investigada como homicidio doblemente agravado por el vínculo en grado de tentativa. El acusado se había fugado y era buscado por los investigadores.
El episodio muestra cómo una separación reciente y los conflictos vinculados con los hijos pueden convertirse en escenarios de extrema violencia cuando el agresor no acepta el final del vínculo.
En junio, un hombre ingresó a la vivienda de su expareja en el barrio Las Malvinas de Añatuya y, según la denuncia, intentó atacarla con un cuchillo mientras ella descansaba.
La mujer, de 42 años, ya tenía una medida de prohibición de acercamiento contra el hombre por hechos de violencia ocurridos aproximadamente un mes antes. La situación cambió cuando una de las hijas de la víctima, de 20 años, llegó a la vivienda. La joven se enfrentó a su padre para impedir el ataque. Logró sujetarlo y derribarlo, y comenzó un forcejeo que terminó desplazándose desde la habitación hasta el sector del living.
Otras hijas de la mujer llegaron poco después y ayudaron a reducir al agresor hasta la llegada de la Policía. Durante el enfrentamiento, la víctima sufrió una herida punzante en el muslo. El cuchillo utilizado fue secuestrado por los investigadores.
El caso vuelve a colocar en primer plano una cuestión particularmente sensible: la existencia de una medida de protección previa y, al mismo tiempo, la presunta violación de esa restricción.
En julio, una mujer de 46 años sobrevivió después de recibir varios disparos de su pareja, Ubaldo Iñíguez, de 55 años, en una vivienda ubicada sobre la Ruta Provincial 211, en San Antonio.
Pocos minutos antes del ataque, la mujer había llamado desesperadamente a su hija, de 25 años, para pedir ayuda. La joven llegó aproximadamente cinco minutos después. Al ingresar a la habitación matrimonial encontró a su madre tendida en el piso, con heridas compatibles con disparos, pero todavía con vida. En la misma habitación estaba Iñíguez, muerto, con un arma de fuego sobre el pecho. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Regional.
Una vez más, una llamada de auxilio y la llegada de un familiar marcaron la diferencia entre la vida y la muerte.
A fines de julio, una joven de 22 años fue atacada con un cuchillo en Villa Unión, departamento Mitre. La víctima fue encontrada herida en una calle pública y denunció que había sido atacada por su pareja, Matías Ulises Cisneros, de 27 años. El ataque le provocó una profunda herida en el antebrazo izquierdo, de aproximadamente cinco centímetros, que requirió sutura y atención quirúrgica. Cisneros fue aprehendido poco después y los investigadores secuestraron el cuchillo presuntamente utilizado. La mujer sobrevivió, pero el episodio fue investigado como un nuevo presunto intento de femicidio.
Es, quizá, uno de los casos menos espectaculares en comparación con otros ataques registrados durante el año. Pero justamente por eso también resulta importante: no todos los intentos de femicidio terminan con heridas que parecen incompatibles con la vida. Algunos pueden quedar reducidos, en una primera mirada, a una lesión que requiere puntos de sutura. La gravedad de la violencia, sin embargo, también debe analizarse por el contexto y por la intención investigada.
DIES HISTORIAS, UNA MISMA PREGUNTA
Florinda, Edith, Amanda, Thania y Ramona no son solamente cinco nombres dentro de un listado de femicidios Tampoco lo son las mujeres que sobrevivieron a los ataques en La Banda, Clodomira, Añatuya, San Antonio y Villa Unión.
Sus historias son diferentes. Los escenarios también. Hubo armas de fuego, cuchillos, golpes, amenazas y ataques dentro de viviendas. Hubo mujeres que habían terminado una relación y otras que todavía convivían con sus agresores. Hubo hijos que pidieron ayuda, hijas que enfrentaron a sus padres y familiares que llegaron a tiempo.
En algunos expedientes existían denuncias o medidas de protección. En otros, las investigaciones no habían registrado antecedentes conocidos de violencia. Por eso, sería un error convertir estas historias en una explicación única del fenómeno.
Pero juntas permiten observar algo que los números por sí solos no muestran, y es que la violencia extrema no tiene un único rostro ni comienza siempre de la misma manera-
Puede aparecer después de una separación. Puede esconderse detrás de una discusión familiar. Puede escalar a partir de amenazas. Puede atravesar una vivienda en plena madrugada. Puede ocurrir en una zona rural alejada de los centros urbanos. Puede involucrar armas. Y puede tener como testigos a los propios hijos.
El desafío de la prevención está precisamente allí: identificar las señales antes de que el ataque llegue al extremo, porque detrás de los 45 intentos de femicidio registrados en Santiago del Estero durante los primeros nueve meses de 2026 hay 45 oportunidades en las que una mujer estuvo en peligro.
Y detrás de cada uno de los 10 femicidios consumados hay una historia que ya no puede modificarse. Contarlas no significa solamente recordar a quienes fueron víctimas. También significa preguntarse qué señales aparecieron antes, quién pudo haberlas visto, qué ayuda fue solicitada y qué mecanismos existían para intervenir.
Contar las historias también es una forma de mirar aquello que las estadísticas no alcanzan a decir.