La disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud marcan un giro profundo en la política pública del área. En un contexto de ajuste presupuestario, denuncias de corrupción y revisión de pensiones, la medida reabre el debate sobre el enfoque de derechos, la jerarquía institucional de la discapacidad y el impacto real de la reestructuración estatal.
El Gobierno nacional confirmó el martes 30 de diciembre la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como respuesta a denuncias por irregularidades en su funcionamiento. La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.
La decisión del Gobierno nacional de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y transferir sus funciones al Ministerio de Salud no es un hecho aislado ni meramente administrativo. Se inscribe en un proceso más amplio de redefinición del rol del Estado y abre interrogantes sobre cómo se gestionarán, a partir de ahora, las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad en la Argentina.
La ANDIS fue creada en 2017 como un organismo descentralizado, con autonomía administrativa y financiera, con el objetivo de concentrar y coordinar las políticas de discapacidad que hasta entonces se encontraban dispersas en distintas áreas del Estado. Su existencia respondía a un enfoque alineado con los estándares internacionales de derechos humanos, que conciben la discapacidad desde una perspectiva social y no exclusivamente médica. Bajo esa lógica, el organismo debía articular acciones con múltiples ministerios y niveles de gobierno, además de gestionar herramientas clave como el Certificado Único de Discapacidad y las pensiones no contributivas.
PRESUPUESTO, AJUSTE Y RECORTE
Con el paso de los años, la agencia acumuló tensiones. A las críticas por demoras, burocracia y dificultades en el acceso a prestaciones se sumaron, en 2025, denuncias por presuntas irregularidades en la gestión, que derivaron en investigaciones judiciales, la remoción de autoridades y la intervención del organismo. En ese contexto, el Gobierno anunció su disolución definitiva, argumentando la necesidad de reducir estructuras, eliminar “capas burocráticas” y reforzar los mecanismos de control desde el Ministerio de Salud.
La medida implica un cambio sustantivo: la discapacidad deja de contar con un organismo específico y pierde autonomía institucional. El traspaso de funciones supone una centralización de la política de discapacidad en una cartera sanitaria, lo que reconfigura el enfoque desde el cual se diseñan y ejecutan estas políticas.
Mientras desde el Poder Ejecutivo se sostiene que no habrá recortes ni suspensión de prestaciones, la reorganización plantea dudas sobre la capacidad del nuevo esquema para sostener una mirada integral que contemple dimensiones sociales, educativas, laborales y de accesibilidad.
Chequeado explica que, según información de la Oficina Nacional de Presupuesto, durante 2025 la Agencia Nacional de Discapacidad ejecutó recursos por $4,9 millones, lo que significó una reducción real del 6,2% en comparación con el gasto del año anterior y una caída del 18,2% respecto de 2023, último año de la gestión del Frente de Todos, si se considera el efecto de la inflación.
En la misma línea, el Presupuesto previsto para 2026 asignó a la ANDIS $5,2 billones. De acuerdo con las proyecciones inflacionarias oficiales, ese monto representa un nuevo ajuste: una baja real del 10,7% frente a 2025 y del 27% en relación con 2023.
El recorte más significativo se registró en el programa “Acciones de integración de personas con discapacidad”, orientado a la capacitación de personas y organizaciones, que acumuló una pérdida del 23,6% en términos reales respecto de 2023.
En este contexto, en septiembre de 2025 el Congreso aprobó una ley para declarar la emergencia en discapacidad, con el objetivo de actualizar las partidas presupuestarias del área. Aunque el Poder Legislativo rechazó el veto presidencial, el Gobierno resolvió no implementar la norma al argumentar la falta de fuentes de financiamiento.
A su vez, durante 2025, el Gobierno avanzó con un proceso de revisión de las pensiones por discapacidad y dispuso la suspensión de más de 100 mil beneficios, de acuerdo con información oficial. Sin embargo, en octubre de ese año, el juez federal Nº 2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenó la restitución total de las pensiones, en el marco de denuncias por presuntas irregularidades en el procedimiento de auditoría llevado adelante por el Ejecutivo. La medida judicial fue acatada por el Gobierno ese mismo mes.
Pese a ello, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) advirtió que el Presupuesto 2026 contempla 155 mil pensiones menos en comparación con 2025. Al mismo tiempo, los recursos asignados al pago de estos beneficios muestran una reducción real del 18,7% respecto del año anterior y del 33,1% en relación con 2023.
En el marco de la reestructuración que se realizará se eliminarán 16 cargos políticos, “lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”, según el cálculo oficial.
CONTEXTO DE CRISIS Y ESCÁNDALO
La decisión se produce en medio de un contexto de controversia que viene desde meses atrás. En agosto de 2025 se filtraron audios atribuidos al entonces director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se aludían presuntas irregularidades en contrataciones y vínculos con proveedores de medicamentos, lo que derivó en una investigación judicial por presuntas coimas.
El 21 de agosto de 2025 el Gobierno nacional resolvió apartar a Diego Spagnuolo de la conducción de la ANDIS y decretó la intervención del organismo, una medida que se mantiene vigente y que quedó bajo la responsabilidad de Alejandro Vilches.
La investigación por un presunto esquema de coimas en el seno de la agencia quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi. En la causa figuran como principales imputados Spagnuolo, Gabellini, responsables de distintos laboratorios (entre ellos Droguería Suizo Argentino), y Miguel Ángel Calvete, vinculado al sector de las droguerías.
En su dictamen, el fiscal Picardi sostuvo que la ANDIS operó como un mecanismo de pagos millonarios, sistemáticos y direccionados, realizados a través de procedimientos que no respetaban los principios legales de concurrencia, publicidad y transparencia. Según la acusación, el organismo habría funcionado como una estructura de pagos con sobreprecios en favor de proveedores con vínculos con funcionarios, y como una ventanilla administrada, o cogestionada, por actores externos con fuerte influencia en el sector de la salud, particularmente droguerías y empresas proveedoras de insumos de alto costo.
INCERTIDUMBRE Y EFECTOS A FUTURO
Uno de los principales puntos de debate es el alcance simbólico y práctico de la decisión. La existencia de un organismo dedicado exclusivamente a la discapacidad otorgaba visibilidad política al tema dentro del Estado.
Su disolución, en cambio, puede interpretarse como una pérdida de jerarquía institucional, en un contexto de ajuste y reducción del gasto público. Para organizaciones sociales y especialistas, el riesgo es que la discapacidad vuelva a ser tratada como un asunto secundario o estrictamente sanitario, desdibujando el enfoque de derechos.
También se abren interrogantes operativos. La transición administrativa puede afectar la continuidad de programas, la articulación federal y los tiempos de respuesta ante trámites y demandas. A esto se suma la preocupación por el seguimiento de las causas judiciales vinculadas a las denuncias de corrupción, en un escenario donde el organismo investigado deja de existir como tal.
En este escenario, la disolución de la ANDIS y la reconfiguración de las políticas de discapacidad no se agotan en un cambio administrativo. La centralización de funciones, la reducción presupuestaria y la incertidumbre sobre la continuidad de programas plantean riesgos concretos en el acceso a derechos, la gestión de prestaciones y la articulación con organizaciones sociales. Más allá de las garantías oficiales, el impacto real de estas decisiones dependerá de cómo se implementen los nuevos esquemas y de si el Estado logra sostener una política de discapacidad integral, con capacidad técnica, enfoque de derechos y presencia efectiva en los territorios.
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