El presupuesto 2026 prevé una caída de casi el 30% en las partidas destinadas a los Parques Nacionales, una medida que encendió alarmas entre ambientalistas y trabajadores del sector. El desfinanciamiento amenaza la protección de ecosistemas clave.
La roja cifra del ajuste se impone por encima del verde: el sistema de áreas protegidas de la Argentina enfrenta un desfinanciamiento que no solo amenaza sus objetivos ecológicos, sino la propia viabilidad operativa de cuidarlas.
Al presentar el presupuesto para 2026, el Poder Ejecutivo propone asignar a la Administración de Parques Nacionales (APN) una partida de 111.459 millones de pesos. Parecería un aumento respecto de los 97.769 millones de 2025; lo que representa un 14%. Sin embargo, en términos reales el crecimiento, considerando la inflación, sería apenas 0,08 %, lo cual no repone las caídas de años previos.
Este dato vuelve dramática la imagen de las 39 áreas definidas como parques nacionales en el país, parte de una red de 55 territorios de gestión nacional. Guardaparques, brigadistas, fiscalización, restauración, infraestructura: todos estos eslabones se debilitan con menos recursos.
Las áreas protegidas nacionales fueron concebidas como faros para la conservación de la biodiversidad, turismo sustentable, educación ambiental y patrimonio natural y cultural. Como indica la página oficial de Argentina.gob, “Gestionamos las áreas protegidas más importantes del país como espacios de conservación del patrimonio natural y cultural, investigación, turismo sustentable y desarrollo local”.
Pero hoy ese ideal se desmorona por su base financiera. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierte que el aparente “aumento” para 2026 no compensa ni de lejos la pérdida real de fondos, lo que se traduce en una capacidad de gestión cada vez más limitada.
El recorte continúa: se habla de una caída proyectada de 28,5 % para 2026 si se compara con 2023, último año con ley presupuestaria propia.
LA LEY DE BOSQUES, CADA VEZ MÁS VACÍA
El proyecto de Ley de Presupuesto 2026, presentado por el Poder Ejecutivo, asigna apenas el 3,5% de lo que corresponde al financiamiento de la Ley de Bosques. Serán tan sólo 15.843 millones de pesos, cuando deberían ser 444.000 millones, puesto que la normativa forestal establece que no pueden ser menores al 0,3% del Presupuesto Nacional.
Al mismo tiempo, otro engranaje clave de la protección ambiental, la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, está siendo vaciada de forma estructural por falta de financiamiento.
Esto implica que las provincias, que tienen a su cargo la implementación de los respectivos Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN), no se encuentran recibiendo los medios necesarios para fiscalizar, restaurar ni apoyar los modelos productivos sustentables.
La precariedad dual, menos fondos para el sistema de parques y menos fondos para los bosques nativos, genera un escenario peligroso: que la conservación quede en medida mínima y que el avance del desmonte, los incendios y la degradación encuentren un terreno prácticamente libre.
El impacto de estos vacíos financieros se ven reflejados en el territorio: según Greenpeace, en 2025 ya se han monitoreado en ciertas provincias del norte más de 10 000 hectáreas desmontadas. Sumado los incendios, que tren consigo la escasez de brigadistas, personal especializado para luchar contra el fuego en bosques y áreas protegidas, es otra señal de alarma que se incrementa ya que, en los parques nacionales, también se constatan incendios en zonas protegidas.
Cuando el presupuesto se reduce, el área operativa deja de funcionar: menos vigilancia, menos mantenimiento, menos prevención. Y el resultado son hectáreas vulnerables, ecosistemas que se debilitan, comunidades locales que pierden sustento, biodiversidad que retrocede.
MENOS DINERO, MÀS RIESGO
Las razones son múltiples, pero entre las más importantes: La prórroga del presupuesto de 2023 sin aprobación de una nueva ley de presupuesto otorga mayor autonomía de decisión para reasignaciones; el Estado puede mover fondos mediante decretos o decisiones administrativas, con menos transparencia.
La inflación y la presión de otras áreas del Estado (servicios, seguridad, deuda), que compiten por recursos, dejan al ambiente con una porción cada vez más pequeña.
Un discurso oficial que relativiza ciertas obligaciones ambientales o las plantea como “costos” que se pueden recortar. Cuando la conservación se convierte en «gasto» accesible al ajuste, pierde prioridad.
El desfinanciamiento ambiental no es una cuestión de “menos cheque” o “menos presupuesto”: es una apuesta por la degradación. Las consecuencias pueden sintetizarse así:
- Disminuye la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley, proteger especies en peligro, restaurar hábitats y atender emergencias (como incendios o invasiones).
- Aumenta la vulnerabilidad del país frente al cambio climático: los bosques nativos y las áreas protegidas actúan como reguladores del agua, sumideros de carbono, amortiguadores de eventos extremos. Si se debilitan, se agravan las sequías, las inundaciones o la aridez.
- Debilitan el vínculo entre protección ambiental y desarrollo local: el turismo de naturaleza, el ecoturismo, las economías verdes pierden impulso cuando los parques y bosques dejan de garantizar lo que prometen.
- Se debilita la credibilidad internacional del país ante compromisos ambientales, lo que puede afectar financiamiento externo, cooperación internacional y acceso a mercados que exigen trazabilidad forestal, biodiversidad, sustentabilidad.
El impacto del desfinanciamiento se siente con fuerza en el Gran Chaco, y especialmente en Santiago del Estero. La provincia concentra una de las mayores superficies de bosque nativo del país, pero también lidera los índices de deforestación.
Según un informe de Greenpeace, solo en 2024 se perdieron más de 54.000 hectáreas de monte por desmontes ilegales. A eso se suman 1.700 hectáreas quemadas por incendios.
La organización denunció además que la empresa Madera Dura del Norte S.A. continúa talando en zonas protegidas, acumulando más de 30.000 hectáreas deforestadas en dos décadas.
La provincia cuenta con el Parque Nacional Copo, uno de los últimos reductos del quebrachal que sobrevivió a la explotación sufrida en la región. Además del quebracho colorado santiagueño, crecen el quebracho blanco, el itín, el guayacán, el mistol y el yuchán. El yaguareté, el tatú carreta y el chancho quimilero, tres representantes de nuestra fauna en peligro de extinción, habitan el área.
El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Santiago del Estero clasifica más del 50% de su superficie como bosque protegido, pero la provincia recibe solo una mínima parte de los fondos nacionales que le corresponden.
En el monte santiagueño viven comunidades campesinas e indígenas que dependen del bosque para su subsistencia: leña, agua, frutos, medicina, sombra para el ganado. La imagen es clara: un monte que se achica, un Estado que retrocede y comunidades que resisten.
Más Leídas
