Un relevamiento satelital de Greenpeace registró 35.368 hectáreas deforestadas en Santiago del Estero entre enero y septiembre de 2026. La provincia encabeza los registros de pérdida de monte nativo en el norte argentino. Mientras en Chaco la Justicia Federal creó un equipo interinstitucional para controlar los desmontes, organizaciones ambientalistas solicitaron a la Corte Suprema que intervenga sobre las cuatro provincias más afectadas.
La deforestación vuelve a colocar a Santiago del Estero en el centro de la discusión ambiental del norte argentino. La provincia registró 35.368 hectáreas de bosques nativos desmontadas entre enero y septiembre de 2026, según un relevamiento de Greenpeace realizado mediante la comparación de imágenes satelitales. La cifra representa casi la mitad de la superficie perdida en las cuatro provincias relevadas y ubica al territorio santiagueño en el primer lugar del registro regional.
El informe contabilizó un total de 73.224 hectáreas deforestadas en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa durante los primeros nueve meses del año. Después de Santiago del Estero aparece Salta, con 20.122 hectáreas; Chaco, con 9.339; y Formosa, con 8.395. La superficie acumulada equivale a cuatro veces la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los números exponen una situación que excede las fronteras provinciales. En el caso santiagueño, la pérdida de monte nativo afecta especialmente al ecosistema del Gran Chaco, donde la expansión de la frontera agropecuaria, los cambios en el uso del suelo y las intervenciones sobre áreas forestales mantienen bajo presión a los ambientes naturales.
UNA PROVINCIA QUE ENCIENDE LAS ALERTAS
La situación de Santiago del Estero no constituye un episodio aislado ni una problemática reciente. Los registros de monitoreo ambiental vienen señalando a la provincia entre los territorios con mayor presión sobre sus bosques nativos. El relevamiento de Greenpeace correspondiente a 2025 había estimado 51.149 hectáreas desmontadas en territorio santiagueño, dentro de un total de 94.204 hectáreas perdidas en las cuatro provincias del norte.
A ese escenario se suman los incendios forestales, otro factor de deterioro de los ecosistemas. Durante 2025, el mismo informe estimó que en Santiago del Estero se quemaron 53.325 hectáreas de bosques. La combinación de desmontes e incendios representó una pérdida de 104.474 hectáreas durante ese año.
La magnitud de estos datos obliga a mirar más allá de las estadísticas. Cada intervención sobre el bosque nativo modifica las condiciones del suelo, reduce los ambientes disponibles para la fauna silvestre y afecta los recursos naturales de los que dependen numerosas comunidades rurales y poblaciones campesinas.
En el norte provincial, un caso reciente puso nuevamente en discusión la protección de los territorios comunitarios. En septiembre de 2026 se informó que integrantes de la Comunidad El Tunal, perteneciente al pueblo indígena Vilela, lograron detener el ingreso de una topadora a sus tierras ancestrales, ubicadas a unos 25 kilómetros de Quimilí.
El territorio comprende 3.132 hectáreas y cuenta con un antecedente de reconocimiento estatal de la ocupación tradicional de la comunidad, realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en 2020. El episodio volvió a exponer las dificultades que enfrentan las comunidades para resguardar sus tierras y evitar intervenciones que comprometan el monte nativo.

UN PEDIDO A LA CORTE SUPREMA QUE INCLUYE A SANTIAGO
La preocupación por el avance de la deforestación también llegó al máximo tribunal del país. El 12 de noviembre de 2026, Greenpeace Argentina, con el patrocinio de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que trate prioritariamente una medida cautelar para suspender los desmontes en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.
La presentación se realizó en el marco de la denominada Causa Yaguareté y también incluyó un pedido para convocar a una audiencia pública. El planteo advierte sobre las consecuencias de la degradación y fragmentación de los bosques para la supervivencia de especies amenazadas, entre ellas el yaguareté, cuya población en el Gran Chaco argentino se estima en menos de 20 ejemplares.
El reclamo pone nuevamente bajo discusión la aplicación de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, los mecanismos de fiscalización y la responsabilidad de las autoridades frente a los desmontes ilegales.
Para Santiago del Estero, donde se concentra la mayor superficie deforestada del relevamiento regional, el debate tiene una dimensión concreta: cómo garantizar que las autorizaciones de aprovechamiento forestal respeten la normativa, que las intervenciones ilegales sean detectadas a tiempo y que las denuncias tengan una respuesta efectiva.
La experiencia judicial de Chaco muestra un camino posible de coordinación institucional. Sin embargo, la magnitud de los registros santiagueños exige respuestas acordes con la situación local. El monitoreo satelital, las inspecciones en terreno, la transparencia de los permisos y la aplicación de sanciones son aspectos centrales para evitar que la protección del bosque quede limitada a declaraciones y expedientes.
Mientras los organismos judiciales y ambientales discuten nuevas herramientas, las cifras continúan marcando la dimensión del problema. Con más de 35.000 hectáreas desmontadas en nueve meses, Santiago del Estero enfrenta uno de los principales desafíos ambientales de la región: frenar la pérdida de sus bosques nativos y garantizar que los controles lleguen antes de que el daño sea irreversible.