Hay momentos en la vida de una sociedad en los que las estadísticas dejan de ser números y comienzan a convertirse en rostros. Detrás de un porcentaje de inflación hay una familia que modifica su alimentación. Detrás de una caída del consumo hay un comerciante que mira la puerta de su negocio esperando un cliente.
Oculto tras el aumento de la morosidad hay alguien que un día descubre que ya no puede pagar la cuota que hasta pocos meses atrás pagaba sin mayores dificultades. Parapetado en un salario que permanece prácticamente inmóvil mientras los precios continúan avanzando hay una persona que trabaja ocho, diez o doce horas y, sin embargo, siente que cada vez puede comprar menos.
Ese es, quizás, el problema más serio que atraviesa hoy la Argentina: la creciente distancia entre el país que muestran los indicadores macroeconómicos y el país que experimentan cotidianamente millones de argentinos.
La discusión económica puede detenerse en la inflación, el déficit fiscal, las reservas, la emisión monetaria, el riesgo país, la deuda, el equilibrio financiero o la independencia del Banco Central, ciertamente que todas esas cuestiones son importantes, pero ninguna sociedad puede desarrollarse seriamente sobre el desorden permanente de sus cuentas públicas ni sobre una moneda que pierde sistemáticamente su valor.
Pero una economía no existe para satisfacer a sus propios indicadores, existe para que las personas puedan vivir mejor. Y allí aparece una pregunta que la política argentina parece formularse cada vez menos: ¿qué sucede con aquellos que, aun teniendo trabajo, ya no llegan a fin de mes?
Seguramente, el Gobierno puede exhibir resultados que no deberían ser ignorados, la inflación se redujo sustancialmente respecto de los niveles extraordinarios registrados en 2024 y el Banco Central sostiene que la economía transita una etapa de desinflación, con una política monetaria orientada al control de los agregados monetarios y al saneamiento de su balance.
Ello es necesario reconocerlo, pero reconocer una mejora macroeconómica no obliga a negar una realidad social. Una cosa es que la inflación se desacelere y otra muy distinta que los ingresos recuperen rápidamente el terreno perdido. Una cosa es que una economía vuelva a crecer y otra que ese crecimiento llegue a la mesa familiar. Una cosa es que aumente el crédito y otra que ese crédito sea utilizado para invertir, producir o adquirir una vivienda, en lugar de utilizarse para pagar alimentos, servicios, medicamentos, alquileres o deudas anteriores.
La economía puede estar recuperándose mientras una parte significativa de la sociedad continúa empobreciéndose, no hay contradicción matemática en ello, hay, en cambio, una enorme contradicción política.
Porque una sociedad no evalúa su bienestar leyendo el balance del Banco Central. Lo evalúa cuando abre la heladera, cuando paga el alquiler, cuando recibe la factura de electricidad, cuando lleva a sus hijos a la escuela, cuando compra medicamentos, cuando llena el tanque del automóvil o cuando llega el vencimiento de la tarjeta de crédito.
Y es precisamente allí donde comienza a aparecer una realidad mucho menos confortable. Durante años, los argentinos aprendieron a convivir con la inflación. Fue una adaptación perversa, pero adaptación al fin. La inflación licuaba las deudas en términos reales. El dinero perdía valor y, paradójicamente, también podía perderlo una deuda contraída meses antes.
Ahora el escenario es diferente, cuando la inflación baja pero las tasas reales permanecen elevadas, el crédito puede transformarse en una trampa para quien necesita endeudarse para sobrevivir. El fenómeno ya no es una especulación de economistas, es una realidad que comienza a adquirir dimensiones preocupantes.
Cuando millones de personas comienzan a atrasarse simultáneamente en el pago de sus obligaciones, ya no estamos solamente ante una suma de malas decisiones individuales, estamos ante un fenómeno económico y social. Y cuando ese fenómeno adquiere dimensiones masivas, deja de ser estrictamente privado.
Desde el discurso oficial se sostiene que las deudas contraídas entre particulares, bancos, financieras, tarjetas y usuarios constituyen esencialmente una relación privada. Desde el punto de vista jurídico, la afirmación tiene una parte de verdad, pero gobernar no consiste en repetir una verdad jurídica hasta convertirla en una excusa política.
Una deuda puede ser jurídicamente privada y, al mismo tiempo, producir consecuencias sociales de naturaleza pública. Si una familia no puede pagar una tarjeta, el problema comienza siendo suyo, si cien mil familias no pueden pagar, existe un problema económico, si millones de personas tienen dificultades para cumplir sus obligaciones financieras, estamos frente a un problema de estabilidad social, de consumo, de actividad económica y eventualmente de estabilidad financiera.
El Estado no debería intervenir necesariamente para salvar al deudor de sus responsabilidades, pero tampoco puede comportarse como si las consecuencias colectivas de una crisis de endeudamiento fueran asunto exclusivo de quienes firmaron los contratos.
Hay una diferencia fundamental entre socializar irresponsablemente las pérdidas y diseñar mecanismos razonables para evitar que una crisis de endeudamiento termine destruyendo el tejido económico de los hogares. La política debería ocuparse precisamente de esa diferencia.
Hay algo particularmente llamativo en la actual discusión económica, el Gobierno pretende profundizar el crédito como instrumento de desarrollo, incluso acaba de anunciar medidas para canalizar recursos hacia los préstamos hipotecarios, buscando reducir sus costos y dinamizar la construcción. La intención, en términos económicos, puede ser razonable porque el país necesita crédito pero fundamentalmente necesita crédito hipotecario, financiamiento para las empresas, capital para invertir.
Antes de celebrar el retorno del crédito habría que formular una pregunta elemental ¿crédito para quién? Porque si el crédito sirve para financiar inversión productiva, ampliar una empresa, comprar una vivienda o adquirir bienes durables, cumple una función virtuosa. Pero si el crédito sirve para comprar alimentos porque el salario no alcanza, pagar la tarjeta porque el sueldo se agotó antes de fin de mes o cancelar un préstamo anterior con otro préstamo, estamos ante otra cosa.
No es desarrollo financiero, es endeudamiento de supervivencia, y una economía que necesita que sus ciudadanos se endeuden para sostener el consumo básico está enviando una señal que ningún Gobierno debería ignorar.
Pero, tal vez la cuestión de fondo sea que la política parece haber aceptado una peligrosa subordinación frente a la economía, dejamos de preguntarnos qué sociedad queremos construir y comenzamos a preguntarnos qué indicador debe mejorar. El déficit, la inflación debe bajar, mientras la emisión desaparezca, y en tanto las reservas suban y el riesgo país baje, así el crédito aumenta y la inversión llega.
Pero falta una pregunta que debería estar antes de todas, ¿para qué? ¿Para qué queremos estabilidad monetaria? ¿Para qué queremos equilibrio fiscal? ¿Para qué queremos inversión?¿Para qué queremos crecimiento?
La respuesta debería ser obvia, para mejorar las condiciones de vida de las personas. Pero cuando esa finalidad desaparece del centro de la discusión, ocurre algo profundamente preocupante, la economía deja de ser un instrumento de la política y comienza a convertirse en la política misma.
Entonces el ciudadano se transforma en una variable, el salario se convierte en un costo, el jubilado, en una restricción presupuestaria, el empleado público, en una partida, el consumidor, en demanda, el deudor, en riesgo crediticio, el trabajador, en una unidad de productividad y la pobreza, en una estadística. Eso es precisamente lo que una política verdaderamente humana debería impedir.
En este contexto, el Gobierno ha colocado en el centro de su agenda la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto apunta, entre otras cuestiones, a impedir el financiamiento del Tesoro mediante adelantos transitorios y a restringir la distribución de utilidades, reforzando la autonomía del organismo y la disciplina monetaria. El propio Banco Central sostiene que esos cambios permitirían consolidar el descenso de las expectativas inflacionarias y fortalecer la credibilidad de la política monetaria.
La discusión merece seriedad, nadie puede negar que la independencia del Banco Central constituye una cuestión institucional relevante, tampoco resulta razonable defender indefinidamente mecanismos mediante los cuales el Estado pueda financiar desequilibrios fiscales a través de la creación de dinero.
Pero ¿puede reformarse el Banco Central sin discutir simultáneamente qué lugar ocupa el ciudadano dentro del nuevo modelo económico? Porque una moneda estable es una condición necesaria para una sociedad sana no es una condición suficiente. La estabilidad monetaria no reemplaza el empleo de calidad, ni salarios dignos, ni da acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, a la movilidad social, porque es sabido que una sociedad no puede vivir dentro del balance del Banco Central.
Una democracia en la que los ciudadanos solamente reciben las consecuencias de las decisiones económicas, sin sentir que participan de la construcción de un futuro común, corre el riesgo de conservar sus instituciones mientras pierde algo mucho más importante, la confianza de quienes deberían ser sus verdaderos protagonistas.
Julio César Coronel
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