19 de noviembre, 2026
Colaboración

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó bastante más que imágenes multitudinarias, ceremonias religiosas y expresiones de afecto. Dejó un mensaje que, por su contenido y por el momento político en el que fue pronunciado, merece una lectura que trascienda lo estrictamente religioso.

El Papa no vino solamente a encontrarse con los fieles, le habló a un pueblo, pero también, y de manera muy particular, a quienes tienen la responsabilidad de gobernarlo. Sus palabras tuvieron una particular densidad institucional. Habló de democracia, de convivencia, de respeto por las diferencias, de límites al ejercicio del poder, de corrupción, de integridad de los gobernantes y de la necesidad de construir acuerdos.

Recordó algo que parece haberse perdido en buena parte de la discusión política argentina, la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. No fueron conceptos aislados ni expresiones de ocasión, en resumidas cuentas, constituyeron una verdadera interpelación a la conciencia de la dirigencia.

Es allí donde seguramente reside una de las principales enseñanzas de esta visita, una sociedad no se construye exclusivamente con indicadores económicos, equilibrios fiscales o discursos de eficiencia.  Por el contrario, se necesita de instituciones confiables, dirigentes responsables y una mínima voluntad de reconocerse como parte de una misma comunidad, aun cuando existan diferencias profundas.

León XIV eligió cuidadosamente sus palabras, como se pudo apreciar, no señaló nombres, no repartió responsabilidades partidarias ni convirtió su intervención en una tribuna de oposición, pero tampoco eludió los problemas. Frente a las máximas autoridades del país, sostuvo que la democracia necesita ser protegida mediante el diálogo, la participación y la confianza en las instituciones.

Advirtió que quienes ejercen responsabilidades públicas deben reconocer los límites del poder que les ha sido confiado y comprender que la autoridad encuentra su legitimidad más profunda cuando se ejerce como servicio. Hay, en esas afirmaciones, una concepción de la política que merece ser recuperada. Gobernar no significa imponer permanentemente una voluntad, ni convertir cada diferencia en una batalla, ni interpretar toda crítica como una agresión. Gobernar supone comprender que el poder no es propiedad de quien lo ejerce, sino una responsabilidad temporal conferida para procurar el bien común.

Quizás uno de los aspectos más reveladores de los días posteriores a la visita haya sido la reacción de la propia dirigencia política, desde distintos sectores se procuró encontrar en las palabras del Pontífice aquellas coincidencias que confirmaran las propias convicciones, mientras se relativizaban o directamente se ignoraban los pasajes que podían resultar incómodos.

El Gobierno nacional no fue ajeno a esa actitud, desde distintos ámbitos de la Casa Rosada se sostuvo que el mensaje papal no constituía una crítica específica a la administración de Javier Milei y que interpretarlo como un cuestionamiento al Gobierno suponía una lectura interesada. La afirmación contiene una parte de verdad, el Sumo Pontífice no pronunció un discurso partidario ni fue a confrontar con el presidente, esa constatación no resuelve la cuestión central.

Que un mensaje no esté dirigido exclusivamente a un gobierno no significa que ese gobierno no deba sentirse particularmente interpelado por él. El problema aparece cuando la dirigencia transforma una enseñanza general en una cuestión ajena, como si las advertencias sobre el ejercicio del poder, el cuidado de la palabra, la protección de los más vulnerables y el respeto institucional estuvieran destinadas siempre a los otros.

El mensaje papal no necesita ser interpretado como un ataque a Milei para advertir las diferencias que existen entre algunos de sus postulados y determinadas prácticas de la actual administración. El estilo confrontativo del discurso presidencial, la descalificación frecuente de quienes piensan distinto y la tendencia a presentar el disenso como una expresión de hostilidad contrastan con aquel pedido de reconocer en el adversario a un compatriota con quien se comparte un destino común.

No se trata de exigir unanimidad, mucho menos de desconocer la legitimidad de un gobierno elegido democráticamente, es preciso recordar que la legitimidad de origen no exime de la responsabilidad de ejercer el poder dentro de los límites que impone la Constitución, el respeto por las instituciones y la convivencia democrática. La democracia no se agota en ganar elecciones, se expresa en la manera de gobernar, en la disposición a escuchar, en la aceptación de los controles y en la capacidad de construir consensos cuando los intereses generales lo requieren.

León XIV advirtió que el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de armas y drogas y la corrupción deterioran la cohesión social, alimentan la violencia y desvían recursos indispensables para el bien común, agregando que esa temática debería ocupar un lugar central en cualquier agenda de gobierno, la fortaleza de las instituciones depende de la integridad personal de quienes tienen la responsabilidad de conducirlas.

La corrupción no constituye solamente una infracción penal ni un problema de administración de recursos públicos, es, fundamentalmente, una forma de degradación institucional, por eso, cuando los funcionarios utilizan el poder para obtener beneficios indebidos, cuando los controles se debilitan o cuando las responsabilidades se diluyen en operaciones de encubrimiento político, lo que se deteriora es la confianza de la sociedad en el Estado. Y aquí aparece una pregunta inevitable: ¿quiénes se sienten aludidos?

La Argentina arrastra una historia demasiado extensa de corrupción pública, de privilegios, de contrataciones sospechosas, de funcionarios que confundieron el patrimonio del Estado con intereses particulares y de dirigentes que reclamaron transparencia cuando eran oposición, pero no siempre estuvieron dispuestos a practicarla cuando llegaron al poder.

Ningún espacio político puede considerarse exento de esa responsabilidad, resulta obvio, que la corrupción no tiene identidad ideológica ni pertenece a una determinada tradición partidaria. Las advertencias del Papa deberían ser recibidas sin especulaciones defensivas. Los episodios que rodearon a la Agencia Nacional de Discapacidad, con las denuncias sobre presuntas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos, constituyen un ejemplo particularmente sensible. No solamente por la gravedad de los hechos que se investigan, sino porque comprometen recursos destinados a personas que necesitan una protección especial del Estado.

La visita del Pontífice al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, adquirió en ese contexto una dimensión que excedió ampliamente lo religioso. Su mensaje fue contundente, el progreso de una nación también se mide por la manera en que recibe, protege e integra a las personas con discapacidad y a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. No alcanza, entonces, con proclamar la transparencia o invocar la austeridad. La ejemplaridad pública exige conductas y la lucha contra la corrupción comienza por casa, especialmente por quienes tienen mayores responsabilidades.

Otra enseñanza fundamental de la visita fue la reivindicación del diálogo, el Papa habló de escuchar, cuidar las palabras, buscar acuerdos y comprender que las diferencias no deben destruir aquello que mantiene unida a una sociedad. Es difícil no advertir cuánto necesitamos recuperar esa práctica en la Argentina.

En los últimos tiempos, el debate público se ha ido convirtiendo en un escenario de descalificaciones, agravios y sospechas permanentes. El oficialismo parece confundir con frecuencia la firmeza con la confrontación, mientras que sectores de la oposición tampoco consiguen desprenderse de una lógica de resistencia que, en ocasiones, sustituye la discusión de propuestas por la disputa política inmediata.

El resultado es una institucionalidad debilitada, donde el Congreso pierde centralidad, los acuerdos se interpretan como concesiones inadmisibles y el diálogo entre el Gobierno nacional y las provincias queda subordinado, demasiadas veces, a necesidades coyunturales. Dialogar no significa renunciar a las convicciones ni abandonar las diferencias ni acordar a cualquier precio, implica reconocer que existen asuntos que exceden los intereses de una administración y que requieren políticas de Estado, continuidad institucional y participación de quienes representan legítimamente a la sociedad.

El mensaje de León XIV fue particularmente claro en este punto, las instituciones deben estar al servicio de todos y no convertirse en instrumentos de una parcialidad. El poder tiene límites y la búsqueda de acuerdos forma parte de su ejercicio responsable.

León XIV habló a los gobernantes, a los legisladores, a los jueces, a los dirigentes sociales, a los empresarios y, en definitiva, a todos aquellos que tienen alguna responsabilidad en la construcción de la vida colectiva. Lo hizo recordando que la autoridad es servicio, que la integridad no admite excepciones y que la democracia necesita algo más que procedimientos electorales: necesita ciudadanos que confíen en sus instituciones y dirigentes capaces de estar a la altura de esa confianza.

El Gobierno de Milei tiene, por su responsabilidad institucional, una obligación especial de examinar estas enseñanzas, no porque el Papa haya venido a cuestionarlo personalmente, sino porque es quien hoy ejerce el Poder Ejecutivo y tiene en sus manos la posibilidad de traducir esas palabras en conductas concretas. Eso sí, la interpelación alcanza también a quienes gobernaron antes, a quienes hoy integran la oposición y a quienes aspiran a conducir mañana.

La visita dejará poco si cada sector se limita a rescatar las frases que confirman sus propias posiciones y descarta aquellas que lo incomodan. La Argentina no necesita dirigentes que aplaudan al Papa para las fotografías y luego continúen actuando como si nada hubiera sucedido, requiere de dirigentes que comprendan que la ética pública, el respeto institucional y la sensibilidad social no son adornos del discurso político. El verdadero homenaje a las palabras de León XIV no consistirá en citarlas, sino en ponerlas en práctica.

En una Argentina acostumbrada a las promesas incumplidas, quizás esa sea la enseñanza más difícil, pero también la más necesaria, la grandeza de una dirigencia no se mide por la intensidad con que proclama sus convicciones, sino por la honestidad con que las convierte en actos.

Julio César Coronel

 

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