El reporte que refleja la situación de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina a tres años de sancionarse la Ley 27.610. El análisis del Proyecto Mirar, que monitorea la implementación de la norma.
El aborto transformó la vida social, política y sanitaria del país. En concreto, reconoció el derecho a decidir de mujeres y otras identidades, pero también implicó cambios en los sistemas de salud y la política pública.
El aborto es mucho más que un acto individual. A tres años de su reconocimiento como un derecho, es no sólo una prestación más que brindan los equipos de salud en los tres subsectores de salud, sino también un hito para la sociedad que participó en uno de los debates más
democráticos de la historia argentina. Así lo resaltó en su último reporte del Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Sociedad y Estado (CEDES) en alianza con Ibis Reproductive Health que monitorea la implementación de la Ley 27.610 en el país.
Desde 2020, el aborto se incorporó como una práctica en centros de atención primaria de la salud y en hospitales en todas las provincias, y se duplicó la cantidad de servicios públicos que realizan interrupciones voluntarias y legales del embarazo. Desde la aprobación de la ley hasta octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a interrupciones seguras y legales en instituciones públicas de salud.
Además, desde que se aprobó la ley hasta junio de 2023, la línea de atención telefónica gratuita 0800-222-3444 sobre salud sexual atendió 40.563 consultas, 92% de las cuales fueron sobre aborto. Los datos son claros para mostrar el desempeño de la política pública, aun cuando las desigualdades territoriales para acceder al derecho persisten y deben ser
corregidas.
Pero el reconocimiento del derecho de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar a decidir sobre su vida reproductiva significa mucho más. “El aborto es una práctica de salud y un derecho reconocido a partir de uno de los debates más participativos de la historia nacional. Sanitaristas, profesionales de la salud y del derecho, activistas, ciudadanas de todas las edades incluyendo adolescentes, políticos y políticas, y periodistas de diferentes lugares del país expresaron sus argumentos y aportaron datos durante el debate”, enfatizó Mariana Romero, médica, directora ejecutiva del CEDES, investigadora de ese espacio y del CONICET e integrante del Proyecto Mirar.
Más de 4,5 millones de personas vieron la transmisión en vivo de los debates, solo en los canales oficiales del Congreso de la Nación Argentina. “Fue un antes y un después en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en la región latinoamericana y Estados Unidos”, recalcó Agustina Ramón Michel, abogada, investigadora asociada del CEDES e integrante del proyecto.
El proceso legislativo y el texto de la ley fueron de inspiración para los sistemas democráticos de la región al plasmar la regulación de la objeción de conciencia y el acceso dentro de un sistema de salud desigual y fragmentado. El proceso de movilización social que concluyó en la norma aprobada también despertó admiración en otros países, “tanto que el pañuelo verde se convirtió globalmente en el símbolo de la lucha por el derecho a decidir”, enfatizó.
POLÍTICA PÚBLICA EN LOS TERRITORIOS
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y Atención Posaborto garantiza de forma integral acciones preventivas, estándares de calidad y de atención antes, durante y después del aborto.
La IVE y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) significa mucho más que una experiencia personal. Es también una política pública en todo el país que cuenta con protocolos de atención actualizados según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ese marco, entre 2021 y el primer semestre de 2023 se distribuyeron 240.540 insumos para la interrupción del embarazo.
Justamente, una fortaleza de la política de acceso al aborto seguro es la producción pública de los medicamentos para abortar, lo que contribuye a una mejor disponibilidad de las drogas y mayor accesibilidad económica. Los laboratorios públicos de las provincias de Santa Fe, San Luis y Río Negro producen misoprostol y el santafecino además produce mifepristona.
“Cuando nos referimos al aborto hablamos de una prestación más dentro de un sistema de salud que aspira a garantizar el acceso universal a prácticas seguras en todas las provincias y en los tres subsectores de salud: público, privado y de obras sociales. Y también hablamos de equipos de salud de todo el país que incorporaron la práctica tanto en centros de atención primaria de la salud como en hospitales”, subrayó Mercedes Krause, socióloga, investigadora del CEDES y la UBA e integrante del Proyecto Mirar.
No obstante, aún con el compromiso de los equipos y las autoridades, todavía se observa una brecha territorial en el acceso al derecho: las 1982 instituciones públicas que dan acceso están distribuidas desigualmente. Si se miden los servicios en instituciones públicas disponibles por mujer, hay 3 a 4 cada 100.000 mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, mientras que hay 48 servicios cada 100.000 mujeres en La Pampa.
LIBERTAD E IGUALDAD
“La ley de aborto reconoce el derecho a la libertad, la autonomía y al goce de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Reconoce también a niñas, niños, niñes y adolescentes y a quienes conviven con discapacidad como personas con agencia moral para tomar decisiones sobre sus vidas”, recalcó Silvina Ramos, socióloga, investigadora titular del CEDES y del monitoreo que lanzó el reporte.
Esa realidad puede leerse en los datos recolectados por el proyecto mirar: se produjo un descenso progresivo de las niñas que llevan embarazos a término (desde 2.350 en 2018 a 1.394 en 2021), lo que implicó una disminución de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 43% entre 2018 y 2021.
Esto se debe en gran medida a la Educación Sexual Integral (ESI) y al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA). Por eso, el acceso al derecho a decidir es también una oportunidad para que niñas, niñes, niños y adolescentes hablen del abuso, de maternidades forzadas y de sus necesidades de cuidados.
Solo entre 2020 y 2021 las muertes maternas por aborto se redujeron de 23 a 13. Como indica el reporte: “Son mujeres, adolescentes y otras personas gestantes con ciudadanía plena, que no mueren y pueden elegir acerca de sus vidas en libertad e igualdad”. Por esa razón, el aborto protege la vida. No hay marcha atrás posible.-
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