Distintas causas judiciales en Santiago del Estero tienen un denominador común: operaciones millonarias, denuncias por presuntas maniobras fraudulentas y dinero cuyo recorrido todavía debe esclarecerse. Entre concesionarias, préstamos, cheques y operaciones comerciales, las investigaciones ponen bajo la lupa cifras que alcanzan miles de millones de pesos.
En Santiago del Estero, varias investigaciones judiciales por presuntas maniobras económicas y financieras tienen hoy bajo la lupa cifras que se cuentan hasta en miles de millones de pesos. Los expedientes son diferentes, los protagonistas no necesariamente se conocen y las modalidades investigadas tampoco son idénticas. Sin embargo, al observarlos en conjunto aparece una coincidencia: detrás de cada denuncia hay operaciones que, por su volumen y complejidad, obligan a reconstruir movimientos de dinero, revisar documentación y seguir rastros que muchas veces atraviesan cuentas bancarias, cheques, préstamos y relaciones comerciales.
Distintos casos, como el de Fürth Automotores, la investigación que tiene como principal imputada a la contadora Nora Isabel Villarroya, una denuncia por una presunta estafa que podría llegar a los 800 millones de pesos, otra que involucra a un comerciante y a un empleado bancario, y otras presentaciones judiciales por cifras millonarias, conforman un mapa de conflictos económicos que mantiene ocupados a fiscales, jueces, querellantes y especialistas en delitos patrimoniales.
A este escenario se agregan las investigaciones que involucran a la contadora María Soledad Castelli y al empresario Ramiro Agustín Petros. En ambos casos aparecen denuncias por operaciones económicas de gran volumen, cheques rechazados y compromisos financieros cuyo alcance todavía debe determinarse. Además, una presentación judicial de Castelli contra tres integrantes de la familia Petros introduce un punto de contacto entre ambos universos, aunque por ahora no permite afirmar que se trate de una misma maniobra ni que todos sus protagonistas hayan intervenido en ella.
No todos los expedientes están en la misma instancia. Algunos ya cuentan con personas detenidas y medidas de prisión preventiva; otros recién comienzan a transitar el camino de la investigación. Pero en todos existe una tarea central: determinar qué operaciones se realizaron, quiénes intervinieron y cuál fue el destino de los fondos.
FÜRTH AUTOMOTORES
Uno de los expedientes de mayor impacto económico es el que investiga un supuesto desfalco en perjuicio de Fürth Automotores SA. La cifra que manejan los investigadores oscila entre los 5.000 y los 6.000 millones de pesos, un volumen que convirtió a la causa en una de las investigaciones patrimoniales más relevantes de los últimos meses.
La pesquisa apunta a una presunta operatoria desarrollada desde el interior de la concesionaria, con empleados que habrían actuado por fuera de los procedimientos administrativos de la empresa. La hipótesis fiscal sostiene que determinadas operaciones se concretaban sin que los ingresos correspondientes entraran a las cuentas de la firma.
Entre los principales investigados aparecen el exgerente Gerardo Caro, el jefe de Ventas Matías Llado y la cajera Graciela Moyano. además de otros dos exempleados: Analía Montoya y Diego Spertino, detenidos el 25 de septiembre.
Montoya se desempeñaba en tareas de gestoría y entrega de recibos o remitos provisorios, mientras que Spertino trabajaba como vendedor. Para la acusación, ambos habrían integrado una cadena de intervención en las maniobras denunciadas. Las defensas, en cambio, cuestionaron la consistencia de las pruebas y sostuvieron que no existen elementos suficientes para equiparar sus conductas con las atribuidas a los primeros detenidos.
La discusión judicial también gira alrededor de la documentación interna de la empresa. Un correo electrónico de junio de 2025, en el que se advertía sobre una deuda importante y la necesidad de obtener un crédito por 5.000 millones de pesos para afrontar la situación financiera, se convirtió en uno de los puntos de controversia.
Desde la querella se sostiene que ese documento habría sido enmendado y que no alcanza para desvirtuar la investigación ni la auditoría interna. Las defensas, por su parte, cuestionan la forma en que se obtuvo y se incorporó parte de la prueba.
En la audiencia realizada el 3 de noviembre, se solicitó la falta de mérito y sobreseimiento para Montoya y Spertino, quienes se encuentran privados de su libertad. La resolución quedó en manos del juez de Control y Garantías Sergio Guillet, quien resolverá al respecto el próximo martes 10 de noviembre. Mientras que los fiscales Victoria Ledesma y Diego Cortés les atribuyeron el rol de eslabones clave en una estafa oscilante entre $ 5.600 y $ 6.900 millones, además de considerarlos estrechos colaboradores en las maniobras de Caro, Llado y Moyano
DERIVACIONES EN AÑATUYA
La causa tiene, además, una derivación que muestra cómo un conflicto empresarial puede multiplicar sus consecuencias. Un vecino de Añatuya denunció a la firma y a un supuesto vendedor por una operación vinculada con la devolución de un automóvil y la continuidad de una deuda que, según afirma, debía quedar cancelada.
El denunciante, Reinaldo Ponce, relató que había adquirido un Volkswagen Virtus en 2019 mediante financiación. Ante las dificultades para continuar pagando las cuotas, en julio de 2022 habría acordado entregar el vehículo a una persona que se presentó como vendedor de la concesionaria. Según su denuncia, la devolución se formalizó ante escribano, pero nunca recibió una constancia que acreditara la recepción del automóvil ni la cancelación de la deuda.
La unidad habría terminado en Tucumán y el denunciante sostiene que, pese a haberla entregado, las obligaciones económicas continuaron vigentes. La presentación quedó bajo investigación de la fiscal Florencia Garzón.
Este episodio no debe confundirse con el presunto desfalco interno que investiga la Fiscalía, pero sí incorpora otra dimensión al expediente: la necesidad de establecer quiénes estaban autorizados a intervenir en las operaciones comerciales y qué respaldo documental recibían los clientes.
CONTADORA VILLARROYA
Otro expediente que concentra la atención judicial es el que tiene como principal imputada a la contadora Nora Isabel Villarroya, detenida el 18 de agosto pasado y con prisión preventiva por siete meses, dispuesta por el juez de Control y Garantías Héctor Salomón.
La profesional está acusada de defraudación por uso de datos bancarios, administración fraudulenta y estafas reiteradas. La investigación es impulsada por las fiscales Celia Mussi y Melissa Fadel Pagani, con la intervención de querellas particulares.
Según la hipótesis acusatoria, Villarroya habría aprovechado la relación de confianza construida con sus clientes y las facultades que estos le otorgaban para administrar sus asuntos contables y financieros. De esa manera, habría tenido acceso a usuarios, contraseñas, tokens, correos electrónicos y claves fiscales que le permitían operar cuentas y realizar distintas transacciones.
Entre las maniobras investigadas figuran la emisión de cheques electrónicos, la solicitud de préstamos, las transferencias y la facturación por operaciones que los damnificados sostienen que no existieron.
La nómina de presuntas víctimas incluye a productores agropecuarios, la médica María Gabriela Ortíz y la firma D.E.J.D.E. SRL, con oficinas en Clodomira, departamento Banda.
Pero el expediente comenzó a ampliar sus interrogantes a medida que aparecieron nuevos documentos. Los informes bancarios habrían permitido identificar cinco préstamos por un total de 155 millones de pesos, tomados entre julio y octubre de 2025. La Justicia intenta establecer cómo se gestionaron esos créditos, quiénes fueron sus beneficiarios y qué relación tuvieron con las operaciones denunciadas por los clientes.
Uno de los aspectos que despierta mayor interés es la posible vinculación de la contadora con una cooperativa y una financiera que funcionan en un mismo edificio de calle 24 de Septiembre. Un apoderado de la cooperativa habría confirmado que Villarroya era socia de la entidad, circunstancia que abrió nuevas preguntas sobre el uso de chequeras, el cambio de valores y la circulación de fondos.
RECONSTRUIR LAS OPERACIONES
La Fiscalía también procura escuchar a la responsable de la financiera y reconstruir las operaciones realizadas en ese ámbito. En paralelo, el gerente de un banco nacional de capitales privados debió comparecer ante la fiscal Mussi, luego de dos citaciones infructuosas. Sin embargo, su declaración no habría aportado demasiados elementos.
La importancia de esa línea investigativa radica en que, de acuerdo con la documentación analizada, una parte significativa de los préstamos, cheques y transferencias sospechados habría pasado por esa entidad bancaria.
Los investigadores también intentan determinar si algunas cuentas de los clientes fueron utilizadas como intermediarias para canalizar operaciones que sus titulares desconocían. Una de las hipótesis sostiene que se habrían registrado movimientos de dinero y emisión de facturas entre personas sin vínculos comerciales reales.
Entre los elementos que todavía deben analizarse figuran cheques secuestrados, computadoras y documentación bancaria. La trazabilidad de los fondos será decisiva para establecer si existieron beneficiarios distintos de los damnificados que ya denunciaron los hechos y si otras personas tuvieron participación.
Por ahora, Villarroya permanece con prisión preventiva. El juez consideró que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, especialmente porque todavía restan informes bancarios y pericias sobre dispositivos electrónicos.
En este expediente, más allá de los montos denunciados, la pregunta central es cómo se habría utilizado la confianza depositada en una profesional para acceder a instrumentos financieros y disponer de recursos ajenos.
UNA ESTAFA QUE PODRÍA LLEGAR A LOS 170 MILLONES
Otro expediente que llegó a los tribunales locales involucra al comerciante José Agustín Khairallah, propietario de la cadena de lomiterías Lomo Khai, y Cristian Barrón Palazzi, empleado del Banco Francés, quienes fueron detenidos tras una denuncia presentada por una firma proveedora de artículos de gastronomía.
La presunta estafa fue valuada inicialmente en 85 millones de pesos, aunque algunas fuentes mencionaron que el monto podría alcanzar los 170 millones. La diferencia entre ambas cifras deberá ser precisada durante la investigación.
La denunciante sostiene que entregó mercadería y no recibió el pago correspondiente. Al empleado bancario se le atribuirían presuntos manejos irregulares de cheques vinculados con el comercio investigado.
Las defensas, en cambio, plantearon que la deuda nunca fue desconocida y que habría existido voluntad de pago. Esa postura introduce una cuestión que deberá ser analizada por la Justicia: determinar si se trató de un incumplimiento comercial o si existieron maniobras deliberadas que encuadran en una conducta penal.
La fiscal Celia Mussi interviene en el expediente, en el que participaron efectivos de las áreas de Ciberseguridad y Delitos Comunes de la Policía. Los procedimientos se realizaron en domicilios de distintos barrios de la ciudad Capital.
La investigación deberá establecer qué ocurrió con los valores, cómo se instrumentaron las operaciones y cuál fue el grado de intervención de cada uno de los detenidos.
UNA DENUNCIA POR 800 MILLONES
Otro de los expedientes que se suma al escenario de denuncias por presuntas maniobras económicas tiene como protagonistas a dos jóvenes, señalados en una presentación judicial impulsada por Lucas Herlein, uno de los damnificados.
La denuncia, presentada a través de su abogado, ante el Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Ángel Belluomini,, apunta a presuntas estafas reiteradas cuyo monto rondaría los 800 millones de pesos. En el escrito se habría solicitado la imputación de ambos jóvenes por su presunta participación en las maniobras denunciadas.
De acuerdo con la información que trascendió, los denunciados también habrían solicitado la eximición de prisión, un planteo que deberá ser analizado por la Justicia. Hasta el momento, no se informó sobre una resolución respecto de esos pedidos ni sobre una decisión definitiva en torno a las imputaciones.
La causa se encuentra en una etapa inicial y será la investigación fiscal la que deberá establecer cómo se habrían desarrollado las operaciones, cuál sería el perjuicio económico concreto y qué grado de responsabilidad le correspondería a cada uno de los señalados.
El monto denunciado vuelve a poner en primer plano una cuestión central en este conjunto de expedientes: la necesidad de reconstruir el recorrido del dinero, identificar a sus destinatarios y determinar si detrás de las operaciones existieron maniobras deliberadas para provocar un perjuicio económico.
SOLEDAD CASTELLI
La investigación que involucra a la contadora María Soledad Castelli constituye otro de los capítulos de esta trama de operaciones millonarias. El expediente tuvo como punto de partida la denuncia del comerciante Carlos Rubén Silva, quien aseguró haber entregado $136 millones a partir de una propuesta de negocios que le habría realizado la profesional.
De acuerdo con la denuncia, Castelli habría ofrecido operaciones que prometían importantes rendimientos y, como respaldo de las sumas recibidas, habría entregado casi una decena de cheques que posteriormente fueron rechazados por falta de fondos.
La presentación derivó en una investigación a cargo de la fiscal Luciana Jacobo. El 28 de noviembre de 2025, Castelli fue detenida e imputada por presunta estafa, libramiento de cheques sin fondos y amenazas, en concurso real de delitos, en perjuicio de Silva. En diciembre, el juez de Control y Garantías Sergio Guillet extendió su detención por diez días, mientras la Fiscalía avanzaba con distintas medidas probatorias.
La investigación, sin embargo, no se limitaría a ese episodio. Según la información publicada sobre el expediente, Jacobo tenía bajo su órbita seis legajos que compartirían protagonistas y operaciones, con más de $400 millones involucrados y una importante cantidad de cheques presuntamente sin fondos.
El 30 de diciembre de 2025, la jueza María del Huerto Bravo Suárez concedió a Castelli la excarcelación bajo una fianza real de $30 millones. La decisión le permitió continuar el proceso en libertad, mientras la Fiscalía seguía reuniendo elementos para determinar su eventual responsabilidad penal.
La dimensión del caso excede, por lo tanto, el reclamo inicial de Silva. En los distintos legajos aparecen referencias a operaciones con automóviles, camionetas, campos y ganado, además de movimientos económicos que habrían involucrado a personas de distintos ámbitos.
Uno de los aspectos más llamativos es que la propia Castelli habría denunciado a tres integrantes de la familia Petros. Esa presentación aparece mencionada dentro del conjunto de investigaciones que conduce la fiscal Jacobo y constituye uno de los puntos de contacto entre esta causa y el expediente que tiene como protagonista al empresario Ramiro Petros.
También trascendieron reclamos de empresarios por sumas de 50.000 y 120.000 dólares, además de referencias a un abogado cercano afectivamente a la contadora. Se trata de datos que deberán ser precisados a partir de las actuaciones judiciales, pero que permiten advertir la complejidad de una investigación en la que los vínculos personales y comerciales parecen cruzarse con importantes compromisos económicos.
RAMIRO PETROS
El nombre de Ramiro Agustín Petros aparece en este entramado desde otra investigación por presuntas estafas millonarias. El empresario es el principal imputado en una causa que comenzó a fines de 2023, a partir de denuncias de personas que aseguraron haber entregado dinero bajo promesas de elevados rendimientos.
Según la hipótesis fiscal, Petros habría participado de un esquema financiero informal, conocido como una “mesa de dinero”, mediante el cual captaba fondos de particulares a cambio de intereses superiores a los habituales en el mercado. Los acuerdos se habrían instrumentado mediante contratos privados y pagarés. La investigación reúne denuncias por préstamos incumplidos, cheques rechazados y operaciones comerciales que no habrían llegado a concretarse.
El perjuicio económico atribuido a esa presunta estructura superaría los $500 millones, aunque no existe un monto oficial consolidado en la información disponible. Petros, por su parte, rechaza las acusaciones y sostiene que algunas de las operaciones fueron realizadas por terceros e incluso afirma haber sido víctima de maniobras irregulares.
El 25 de enero de 2026 fue detenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando regresaba de Miami. Posteriormente, la Justicia le concedió la prisión domiciliaria bajo una caución real de $50 millones, beneficio que fue otorgado en el marco de sus planteos vinculados con la salud y su situación procesal.
La historia volvió a cambiar en julio de 2026, cuando se produjo un incendio en el departamento donde residía junto a la abogada Moira Curi, su pareja. Las primeras pericias apuntaron a un posible origen intencional y el episodio dio lugar a una nueva investigación penal. También surgieron interrogantes por las circunstancias en que Petros abandonó el hospital al que había sido trasladado después del siniestro y por la ausencia de custodia policial permanente.
Tras las nuevas actuaciones y los informes médicos oficiales, el juez Héctor Salomón revocó el beneficio de prisión domiciliaria y dispuso su regreso a un establecimiento penitenciario. La investigación por el incendio continúa y deberá establecer si existió una acción deliberada y quién habría sido responsable.
En paralelo, otro episodio judicial relacionado con Petros tuvo como protagonista a Curi. La abogada había solicitado liberar una propiedad de su titularidad, ubicada sobre calle Sáenz Peña 139, que permanece afectada como caución real. Como alternativa, Petros ofreció un automóvil valuado en más de $100 millones para reemplazar esa garantía. Sin embargo, el vehículo todavía debía ser tasado y la vivienda continuaba comprometida hasta que existiera una resolución judicial.
LA RUTA DEL DINERO
Aunque las distintas causas mencionadas no pueden ser equiparadas ni sus protagonistas vinculados entre sí sin pruebas, el conjunto permite observar algunos elementos que se repiten y, sobre todo, una pregunta común: qué ocurrió con los fondos involucrados en cada operación.
En Fürth Automotores, la investigación busca establecer si determinadas operaciones comerciales se realizaron al margen del sistema interno de la empresa y dónde terminaron los ingresos que debían incorporarse a sus cuentas.
En el expediente de Villarroya, el eje está puesto en el supuesto uso de claves, poderes, cheques electrónicos y préstamos para operar sobre cuentas de clientes. La investigación procura identificar quién recibió los fondos y si hubo otros beneficiarios.
En la causa que involucra al comerciante y al empleado bancario, el interrogante se concentra en el recorrido de los cheques y en la diferencia entre una deuda comercial impaga y una posible maniobra fraudulenta. Mientras tanto, en la denuncia que alcanza los $800 millones, la Fiscalía deberá determinar cómo se realizaron las operaciones y cuál fue el perjuicio concreto.
Los expedientes de Castelli y Petros agregan otra dimensión a ese mapa. En el primero, la investigación comprende seis legajos con más de $400 millones involucrados, según la información difundida, y operaciones que habrían incluido vehículos, camionetas, campos y ganado. En el segundo, la hipótesis fiscal apunta a una presunta mesa de dinero que habría captado fondos de particulares bajo promesas de altos rendimientos, con un perjuicio estimado superior a los $500 millones.
La denuncia que Castelli habría presentado contra tres integrantes de la familia Petros constituye un punto de contacto entre ambas historias, pero no permite por sí sola establecer una conexión delictiva entre los expedientes. Cada investigación debe analizarse por separado y a partir de sus propias pruebas.
Son mecanismos diferentes, pero todos exigen una reconstrucción financiera minuciosa. No alcanza con identificar una cifra, una transferencia o un cheque: es necesario determinar su origen, quién ordenó el movimiento, quién lo recibió, qué respaldo documental tuvo y cuál fue su finalidad.
La tarea suele involucrar pericias contables, análisis de dispositivos electrónicos, informes bancarios, documentación societaria y testimonios. En ocasiones, una operación que inicialmente parece aislada termina revelando conexiones con otras cuentas, entidades o personas.
CONFIANZA, CONTROLES Y RESPONSABILIDADES
En la causa Villarroya, la hipótesis fiscal sostiene que el acceso a las cuentas habría sido posible por las facultades que los clientes confiaban a la profesional. En el caso de Castelli, las denuncias describen propuestas de inversión y operaciones respaldadas por cheques que luego habrían sido rechazados.
En Fürth, la investigación apunta a operaciones que presuntamente se habrían desarrollado desde adentro de la estructura comercial. En el expediente de los cheques, la Justicia debe determinar qué intervención tuvo un empleado bancario en los movimientos cuestionados. Y en la causa que involucra a Petros, la Fiscalía procura establecer cómo funcionaba el presunto circuito de captación de fondos y qué ocurrió con el dinero entregado por los inversores.
Esto no significa que toda relación profesional, comercial o bancaria encierre un riesgo delictivo, pero sí expone la importancia de los controles internos, la documentación de cada operación y la verificación de los movimientos que se realizan en nombre de terceros.
También muestra la necesidad de diferenciar los conflictos civiles y comerciales de las conductas que pueden constituir delitos. Una deuda impaga, una empresa con dificultades financieras o una operación fallida no son automáticamente una estafa. La calificación penal requiere pruebas sobre el modo en que se concretaron los hechos y la eventual intención de engañar o perjudicar.
EXPEDIENTES ABIERTOS Y RESPUESTAS PENDIENTES
Las investigaciones reunidas tienen distintos tiempos y niveles de avance. Algunas cuentan con personas detenidas o medidas de prisión preventiva; otras aguardan informes, pericias y decisiones fiscales. También hay imputados que transitan el proceso en libertad, como ocurre con Castelli, mientras que la situación procesal de Petros volvió a modificarse tras la revocación de su prisión domiciliaria.
Los cruces de nombres y las coincidencias entre algunas denuncias agregan complejidad al escenario, pero no reemplazan la necesidad de probar cada hecho. En particular, la presentación de Castelli contra integrantes de la familia Petros no alcanza para concluir que su investigación y la que tiene como protagonista al empresario formen parte de una misma estructura.
El desafío de los investigadores será reconstruir cada circuito económico sin confundir montos denunciados con perjuicios definitivamente acreditados, ni sospechas con responsabilidades penales probadas.
Por ahora, detrás de los millones, los cheques, los préstamos y las operaciones comerciales, persiste una pregunta que atraviesa todos estos expedientes: quién movió el dinero, quién lo recibió y qué ocurrió realmente con los fondos.
La respuesta no estará solamente en el monto de cada denuncia, sino en la capacidad de la Justicia para reconstruir, operación por operación, la ruta del dinero.
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