Santiago del Estero fue escenario de once femicidios durante el transcurso del año. La abogada Claudia Pallares, se refirió a los patrones de dominio y aislamiento que se repiten en los casos, y también dificultades para acceder a la protección estatal y mecanismos institucionales que no siempre logran prevenir el desenlace más grave.
Los femicidios no comienzan necesariamente con una agresión física ni son hechos aislados que aparecen de manera repentina. Detrás de muchas de estas muertes existen historias de violencia, conductas de control y relaciones atravesadas por el dominio sobre la vida de las mujeres. Esa es una de las principales reflexiones que plantea la abogada Claudia Pallares al analizar los casos de femicidio registrados en Santiago del Estero.
El relevamiento expone algunos datos que permiten observar patrones preocupantes: nueve de las víctimas fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, nueve de los hechos ocurrieron en localidades del interior provincial y tres femicidios fueron seguidos por el suicidio de los agresores. Para la Dra. Pallares, estas cifras no solo permiten dimensionar la problemática, sino que también obligan a preguntarse por las condiciones en las que se desarrollan las relaciones violentas y las posibilidades reales de las mujeres de acceder a mecanismos de protección.
La existencia de vínculos cercanos entre victima y victimario permite realizar una lectura que pone el foco en la apropiación y el ejercicio del poder sobre las mujeres. La pregunta es ¿Por qué los varones matan a sus parejas o exparejas? Para Pallares, muchas veces el desencadenante aparece cuando sienten que pierden el dominio que ejercían sobre ellas.
"Cuando sienten la pérdida de este objeto, porque consideran un objeto a la mujer, y pierden esa cuestión de dominio y de control, de sentirse dueños, es cuando generalmente suceden estas cuestiones", analizó.
En este planteo se refirió también a los casos donde las víctimas son madres de los hijos de los agresores. La idea de propiedad sobre el cuerpo y la vida de las mujeres sostuvo, constituye uno de los aspectos centrales sobre los que es necesario trabajar para comprender la violencia femicida. No se trata únicamente de una ruptura sentimental o de una separación, sino de la resistencia a reconocer la autonomía de la otra persona.
Las dificultades de acceso en el interior provincial
Otro aspecto importante para tener en cuenta es que nueve de los femicidios sucedieron en localidades del interior, una distribución que lleva a Pallares a plantear las desigualdades territoriales en el acceso a la asistencia y a la protección institucional en casos de violencia de genero.
La abogada señala que, mientras en la capital provincial existen oficinas de prevención, direcciones de género y juzgados especializados, en las localidades alejadas esas herramientas no siempre están disponibles o resultan inaccesibles para quienes atraviesan situaciones de violencia.
La distancia respecto de los organismos estatales representa una dificultad adicional para mujeres que, además, pueden encontrarse atravesadas por la dependencia económica, el aislamiento y el temor a perder a sus hijos. Es por esto por lo que denunciar o buscar ayuda implica enfrentarse a obstáculos que no se limitan solo a la decisión personal de la victima de salir de una relación violenta.
"¿Qué hacen esas mujeres perdidas en el interior, en manos de una persona que se cree dueño de ella y de sus hijos?", cuestionó Pallares. "Quizá la Justicia llega tarde a esos lugares", expresó.
La frase resume una de las principales preocupaciones que atraviesan su análisis: la necesidad de una respuesta institucional que contemple estas diferencias. En ese sentido, propuso repensar la distribución territorial de los dispositivos de atención y avanzar en la creación de oficinas, direcciones de género o incluso unidades móviles que puedan llegar a las comunidades antes de que la violencia alcance sus consecuencias más extremas.
Es decir, garantizar una intervención estatal que no se produzca únicamente cuando ya existe una denuncia o cuando el riesgo se volvió irreversible, sino que pueda anticiparse a los hechos mediante el acompañamiento y la prevención.
Denunciar no siempre garantiza protección
La existencia de leyes nacionales e internacionales destinadas a prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres no necesariamente se traduce en una protección efectiva. Pallares reconoce que Santiago del Estero cuenta con herramientas legislativas e institucionales, pero advierte que todavía existen fallas en su aplicación y seguimiento.
La doctora hizo referencia a situaciones de mujeres que realizaron denuncias en reiteradas oportunidades y que, pese a haber advertido sobre las agresiones que sufrían, no consiguieron evitar el desenlace. También recordó que algunos femicidios ocurrieron incluso cuando las víctimas contaban con medidas de protección.
Para la abogada, esta situación evidencia que no alcanza con disponer de mecanismos legales si no existe un acompañamiento sostenido que permita garantizar su cumplimiento. Las prohibiciones de acercamiento, las exclusiones del hogar y los botones antipánico pueden representar herramientas importantes, pero su eficacia depende de las condiciones en las que se implementan.
Como ejemplo, describió las limitaciones de una intervención policial que se mantiene durante algunos días después de una denuncia, pero que luego deja a la víctima nuevamente expuesta. "¿Qué pasa el cuarto día? Si él quiere, va y entra", planteó al cuestionar la insuficiencia de algunas medidas de protección.
En ese sentido, insistió en que el problema no reside únicamente en la ausencia de legislación, sino también en la necesidad de mejorar los sistemas de prevención y seguimiento posteriores a las denuncias.
"Tenemos una buena legislación, tenemos oficinas de prevención, pero creo que todavía nos falta como sociedad responsabilizarnos, no mirar para otro lado y a las mujeres les falta información", señaló.
El miedo a denunciar y el lugar de los hijos
Las dificultades para salir de una relación violenta tampoco pueden explicarse exclusivamente desde la dependencia económica. Pallares señaló que, aunque históricamente esta fue considerada una de las principales razones por las que muchas mujeres permanecían junto a sus agresores, actualmente también existen casos de víctimas que trabajan, cuentan con ingresos propios e incluso tienen una autonomía económica mayor que sus parejas.
Por eso, considera necesario ampliar la mirada sobre los factores que dificultan la denuncia. El miedo a quedarse solas, las amenazas, la posibilidad de sufrir represalias y, especialmente, la preocupación por los hijos que pueden convertirse en condicionantes que prolongan los vínculos violentos.
En muchos casos, explicó, las mujeres dudan en denunciar al padre de sus hijos por temor a perjudicarlos o modificar la imagen que tienen de él. Incluso cuando la relación terminó, el vínculo familiar puede seguir funcionando como un obstáculo para pedir ayuda.
"A la mujer le cuesta denunciar, porque piensa siempre en los hijos primero, que no quiere que lo vean preso", señaló Pallares. Sin embargo, advirtió sobre la contradicción que se produce cuando, en el intento de preservar ese vínculo, se termina exponiendo tanto a la mujer como a los propios niños a nuevas situaciones de violencia.
La abogada también mencionó experiencias profesionales en las que mujeres que decidieron no denunciar al padre de sus hijos terminaron atravesando hechos de violencia que alcanzaron también a los niños. Por eso, insistió en que la protección de la vida debe ocupar un lugar prioritario.
Además, recordó que la violencia no se manifiesta únicamente a través de golpes o agresiones físicas. La violencia económica, simbólica, emocional, psicológica y sexual también forma parte de las situaciones que deben ser reconocidas y denunciadas.
En este escenario, consideró que la información es una herramienta fundamental para que las mujeres puedan identificar las distintas formas de violencia y conocer los mecanismos disponibles para solicitar asistencia. Aunque reconoció que no todos los procedimientos funcionan como deberían, sostuvo que denunciar permite dejar constancia de lo ocurrido y solicitar medidas de protección.
La responsabilidad social frente a los femicidios
De igual manera, puso el foco en las respuestas sociales frente a la violencia de género. En particular, cuestionó los discursos que responsabilizan a las víctimas por sus decisiones, su vestimenta o sus comportamientos, así como los comentarios que minimizan las agresiones.
Para la abogada, resulta especialmente preocupante que esas críticas también provengan de otras mujeres. Considera que juzgar a quienes atraviesan situaciones de violencia contribuye a reproducir prejuicios y a debilitar los espacios de acompañamiento que podrían resultar fundamentales para prevenir nuevos hechos.
Su cuestionamiento también alcanzó a quienes descalifican las movilizaciones feministas o consideran exagerados sus reclamos. Frente a esas posiciones, recuperó los datos de su relevamiento: nueve de los once casos analizados fueron cometidos por parejas o exparejas. Para Pallares, esa proporción demuestra que existe un patrón que no puede ser ignorado.
"No es casual, no es inventado y las cifras alarman", sostuvo.
En ese camino, Pallares insistió en la importancia de dejar de mirar hacia otro lado y de acompañar las movilizaciones que buscan visibilizar la problemática. "Las mujeres necesitamos ser unidas para prevenir y para protegernos, entre todas", concluyó.
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