La situación política en Venezuela ha vuelto a estar en el centro de la atención internacional debido a las recientes elecciones que han sido marcadas por acusaciones de fraude, la expulsión de los cuerpos diplomáticos de los países que se quejaron por ese amañado acto electoral, incluido los argentinos, a lo que se suma la represión policial y la violación flagrante de los derechos humanos, todo en medio de una falta absoluta de transparencia en el proceso electoral.
El presidente Nicolás Maduro, quien en el pasado ha sido objeto de críticas y sanciones internacionales por su gestión autoritaria y controvertida, nuevamente es acusado de manipular el proceso electoral para mantenerse en el poder.
Son incontables las denuncias de irregularidades, como la exclusión de partidos opositores, la detención y proscripción de líderes como Corina Machado y la intimidación a votantes, todo lo cual empañó la legitimidad de los comicios y generó preocupación tanto dentro como fuera del país.
Durante la campaña electoral el propio Nicolás Maduro amenazó con un baño de sangre si no ganaba.
Eso sí, para este gobierno autoritario cívico-militar, la culpa no es de ellos, sino de la “extrema derecha” venezolana que, según el chavismo, son “cipayos” y “títeres” del imperialismo “yanqui”.
Respecto de nuestro país la tirantez diplomática viene desde el mismo momento en que Javier Milei accedió a la presidencia de la Nación. Para Nicolás Maduro, nuestro presidente es un “facho”, “feo”, “sucio” y la enrostra algo inverosímil que, por actuación pública y por edad, es imposible, al cantar: “Milei, basura, vos sos la dictadura”.
Obviamente, luego de anunciar su triunfo, Milei salió a cuestionar y denunciar públicamente el fraude en Venezuela, desconociendo el triunfo, a partir de ahí el gobierno chavista ordenó la expulsión de los diplomáticos argentinos, que ya no contaban con un embajador en esas tierras sino solo un encargado de negocios, pero con otro aditamento: en las dependencias argentinas en Caracas se encontraban asilados seis políticos opositores, con lo cual toda la situación se agravaba de manera exponencial.
La expulsión de diplomáticos argentinos, en un acto inusual y de represalia por las críticas a la situación interna en Venezuela, ha elevado la tensión diplomática y evidenciado el deterioro de las relaciones entre ambos países.
No quedan dudas que esta medida arbitraria refleja la intolerancia del régimen de Maduro hacia el cuestionamiento de su legitimidad, lo cual pone en entredicho el respeto a las normas internacionales y a la diplomacia como vía de resolución de conflictos.
Luego de intensas gestiones con otros países, donde Estados Unidos solicitó a las autoridades venezolanas que asegurará la inviolabilidad del territorio argentino en Caracas, que se preservará la seguridad del personal diplomático como de los asilados, fue Brasil quien, a pesar de las diferencias ideológicas entre Lula y Milei, se hizo cargo de la representación argentina y dio garantías a los asilados.
Fueron días donde nuestra embajada fue rodeada por manifestantes de ambos lados, unos con intenciones de ingresar violentamente y los demás para proteger a sus líderes, y ello envuelto en esos tumultos, persecuciones, secuestros llevados adelante por las fuerzas policiales y parapoliciales que responden al régimen.
La represión policial desatada en el marco de las elecciones, con detenciones arbitrarias, agresiones a manifestantes y censura a medios de comunicación independientes, ha sido condenada por organizaciones de derechos humanos y países democráticos y demuestra con una inusitada visibilización la ausencia de cualquier rasgo democrático en esta caricatura en que se transformó el gobierno de Nicolás Maduro.
La violación sistemática de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión y el derecho a protestar pacíficamente, evidencia la grave crisis institucional y el autoritarismo que impera en Venezuela.
En toda democracia se admiten la transparencia de los actos públicos de gobierno, la alternancia en el poder, la libertad de prensa y de expresión, las garantías constitucionales, pero Maduro no solo silencia opositores y prensa libre, sino que impide el ingreso de veedores internacionales, de medios de comunicación extranjeros, como así también de políticos de otras naciones que no comulgan ideológicamente con el régimen chavista.
La falta de transparencia en el proceso electoral, con irregularidades en el conteo de votos y la opacidad en la divulgación de resultados, era obvio que generaría desconfianza y descontento entre la población venezolana, que ve cada vez más limitadas sus opciones para expresar su voluntad de manera democrática y genuina.
Adviértase que Nicolás Maduro asumió la presidencia nuevamente ante el Consejo Nacional Electoral, a solo 12 horas de cerrados los comicios, cuando todavía no se había supuestamente terminado de contabilizar más del veinte por ciento de las urnas y donde no se habían publicado las actas electorales, algo que todavía no se produjo, a más de una semana de terminado el comicio.
Si no fuera real sería algo risueño, escucharle decir a Maduro como a todo su séquito, que la culpa de todo es de un supuesto “hackeo” por parte de la “extrema derecha”, y para ello se congratula por la participación de veedores internacionales provenientes de China, Rusia, Bielorrusia, Bolivia, Nicaragua, Cuba, todos países con una cultura democrática tan inexistente como ridícula, pero a ellos también se le sumaron algunos representantes argentinos como el líder de Quebracho, Esteche, o dirigentes kirchneristas.
La porfiada necedad de Maduro, Diosdado Cabello quien resulta ser el verdadero y maligno cerebro de esta dictadura como los generales que le otorgan fuerza al régimen, no quieren ver que la ausencia de un sistema electoral imparcial y transparente socava la legitimidad de cualquier gobierno y refleja la fragilidad de las instituciones democráticas en el país, lo que tarde o temprano probablemente conducirá a una “guerra civil” o al drenaje continuó de exilados venezolanos desparramados por el mundo, como los actuales ocho millones que ya se han ido del país.
Soluciones a la vista no son muchas, cualquier llamamiento a la rebelión popular pacífica concluirá con más detenciones, secuestros y violaciones de los derechos humanos y, por supuesto, un incremento de muertes. Pensar en la asunción de la derrota es casi un imposible, porque ningún miembro este gobierno autoritario, civil o militar, quiere perder sus privilegios y, fundamentalmente, temen quedar presos.
Ante esta compleja situación solo queda esperar la reacción de las naciones democráticas del mundo, es imperativo que la comunidad internacional continúe presionando al gobierno de Maduro para que respete los principios democráticos, garantice los derechos humanos y permita la celebración de elecciones libres y justas.
La defensa de la democracia, la transparencia electoral y el respeto a los derechos fundamentales debe ser una prioridad en cualquier sociedad que aspire a la justicia, la libertad y el progreso y Venezuela, tarde o temprano, debe ir hacia ese camino.
En conclusión, la crisis electoral en Venezuela refleja la urgente necesidad de soluciones políticas y diplomáticas que permitan restablecer la confianza en las instituciones y en el ejercicio democrático.
Esperemos que nuestros hermanos venezolanos recuerden y sigan la senda de Simón Bolivar, a quien hoy el régimen usa de estandarte, pero el Libertador le habla al pueblo y les señala el camino: “Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos”.
Julio César Coronel
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