A 24 horas de que se dé a conocer el veredicto por el asesinato de Lucio Dupuy, una ONG defensora de los Derechos Humanos denunció a la jueza Ana Clara Pérez Ballester por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En 2020, la titular del Juzgado de Familia y del Menor N°1 de La Pampa otorgó la tenencia del menor a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja Abigaíl Páez, quienes están acusadas de torturar y abusar del niño de 5 años hasta matarlo en noviembre de 2021.

“Tuvo varias alertas para evitarle le muerte a Lucio y no sabemos si por una cuestión ideológica no cumplió con los deberes de una jueza de familia”, señaló a radio Mitre Raúl Magnasco, presidente de la Fundación “Más Vida”, la organización que impulsó la denuncia contra la magistrada ante la Unidad de Atención Primaria, que depende del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de La Pampa.

“La denuncia se hace contra todos los funcionarios públicos que hubieran debido intervenir en el proceso. Es difícil pensar que la jueza no tuviera información o sospecha del contexto en el que se encontraba la vivienda definitiva”, agregó Magnasco, al tiempo que señaló que cada vez que Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez iban a buscar a Lucio a la casa de la familia paterna “siempre había llamados a la policía, discusiones en la puerta, o que cuando tenían que devolverlo no lo hacían”.

En esta línea, recordó que Cristian Dupuy, el padre de Lucio, “fue varias veces a la Justicia y nadie le dio la más mínima atención”, y puntualizó que a los dos meses de la tenencia en la casa de la madre, el menor ya había sido ingresado a un hospital. “Las torturas y vejaciones a las que fue sometido ocurrieron en un año, son difíciles de ocultar o pretender que nadie se enteró”, sostuvo el titular de la fundación “Más Vida”.

Por último, se refirió a los motivos por lo que Espósito Valenti habría pedido la custodia de Lucio. “Una de las versiones que circula es que en tiempo de pandemia ella no tenía trabajo y de esta forma podía acceder a la asignación que le corresponde por hijo”, sostuvo. “Está claro que no lo querían, eso surge de los chats, la forma en que lo adjetivaban era irreproducible; todos los indicadores estaban al alcance de la mano, casi todo el tiempo estaba con fracturas”, completó.

Ayer, a través de un comunicado, se explicó que una vez que se inicie la investigación formal —explicaron en un comunicado— podrá determinarse la culpabilidad de Ana Clara Pérez Ballester, junto al resto de los funcionarios intervinientes “que, sin tomar los recaudos socioambientales del caso, entregaron a Lucio al hogar donde finalmente encontraría la muerte”.

“Estamos ante un evidente caso de mal desempeño. Cuando la custodia de Lucio fue entregada a sus tíos, los sometieron a todos los estudios ambientales posibles. Sin embargo, cuando se trató de entregarlo a la pareja responsable de su tortura y muerte, la jueza incumplió los controles, lo que derivó en la muerte evitable de Lucio. Si tan solo hubiera ordenado los controles del caso….”, lamentaron desde la ONG.