El régimen de Nicolás Maduro ha consolidado su poder mediante un entramado de fraude electoral y persecución política que ha dejado a la otrora pujante Venezuela al borde del colapso democrático.
Chávez instauró una dictadura sobre el pretexto de una revolución a favor de los más humildes y en su derrotero generó un poder tan opresivo como violento, llevado a cabo por pequeños burgueses. Ya lo decía George Orwell: “El poder no es un medio, Wiston. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura. [...] El objetivo del poder es el poder”.
En un país donde la opresión y la represión se han convertido en herramientas cotidianas, las elecciones han dejado de ser un mecanismo legítimo de expresión popular para convertirse en una farsa montada por el gobierno, con el único objetivo de mantenerse en el poder.
Las elecciones, bajo el régimen iniciado por Chávez y continuado por su discípulo Maduro, han sido sistemáticamente marcadas por irregularidades, fraude y manipulación.
Hace ya varias elecciones presidenciales que las mismas han sido ampliamente criticadas por la comunidad internacional, por un panorama electoral teñido de prácticas fraudulentas.
En muchos casos, las condiciones para una competencia libre y justa no han existido: la represión a la oposición, la desventaja de los partidos no oficialistas, la parcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el uso de recursos del Estado en beneficio de la campaña oficialista son solo algunos de los elementos que han viciado el proceso.
No solo la falta de transparencia en los resultados es evidente, sino que las condiciones para que los opositores puedan participar de manera justa y libre son prácticamente inexistentes.
Líderes opositores como Henrique Capriles, Leopoldo López y María Corina Machado fueron sistemáticamente excluidos del proceso, y los principales partidos opositores enfrentaron una persecución feroz, desde la anulación de candidaturas hasta el encarcelamiento de dirigentes.
Y muchos de ellos terminan en la prisión, en la clandestinidad o en el exilio, Corina Machado escondida vaya a saber uno dónde y el ganador de las últimas elecciones, Edmundo González Urrutia, en España con un autoexilio.
Es que el régimen de Maduro ha perseguido implacablemente a los líderes de la oposición, quienes han sido objeto de arrestos arbitrarios, torturas y amenazas.
Quienes se atreven a desafiar su poder han sido atacados de diversas maneras: desde la utilización de la justicia como herramienta para encarcelar a opositores, hasta la implementación de una campaña de acoso mediático y social contra quienes critican abiertamente al gobierno.
Líderes como Leopoldo López y Juan Guaidó han sido figuras emblemáticas de la resistencia, pero también han sido blanco de una ofensiva feroz que ha incluido encarcelamientos y persecuciones judiciales. López pasó años en prisión domiciliaria, mientras Guaidó, presidente interino reconocido por muchos países, se vio obligado a operar en la clandestinidad después de varios intentos de capturarlo.
Otros métodos utilizados por el chavismo son la expropiación de medios de comunicación, la censura a la prensa y el control absoluto de la narrativa oficial para deslegitimar a los opositores, llevándolos a la marginalidad política.
En este contexto, miles de venezolanos han tenido que exiliarse, huyendo de una crisis política y social insostenible, donde el costo de desafiar al gobierno es la persecución y, en muchos casos, la muerte, algo que nosotros vemos diariamente en Argentina, donde hay miles de venezolanos conviviendo pacíficamente y todos ellos con un mismo discurso, se escaparon de la tiranía chavista.
Ahora bien, el desafío de la oposición venezolana no es solo interno, sino también internacional. Es sabido que el régimen de Maduro ha conseguido mantenerse en el poder gracias a un entramado de apoyo de países como Rusia y China, que le brindan respaldo político y económico. Sin embargo, la comunidad internacional ha tomado medidas, en su mayoría simbólicas, para aislar al régimen, como la imposición de sanciones.
Los esfuerzos de países democráticos, como Estados Unidos y algunos miembros de la Unión Europea, han sido clave para visibilizar las violaciones de derechos humanos, pero la presión diplomática aún no ha logrado el cambio de régimen esperado.
La oposición venezolana sigue luchando por su legitimidad, pero necesita más que palabras de condena para poder restablecer la democracia en el país.
Para lograr un cambio real es esencial que se ejerzan presiones más fuertes desde el exterior, apoyando a los opositores y buscando mecanismos internacionales para aislar a un régimen que no solo ha usurpado el poder, sino que ha sumido a Venezuela en una crisis humanitaria sin precedentes.
En este punto no podemos obviar el reciente agravamiento de las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Argentina, a raíz de la decisión del régimen de Nicolás Maduro de cortar el suministro de agua a la residencia de la Embajada Argentina en Caracas, donde permanecen asilados varios dirigentes de la oposición.
Esta medida forma parte de un conjunto de acciones que buscan ejercer presión sobre los opositores al régimen y puede interpretarse como una violación de los derechos humanos y de las normas diplomáticas establecidas.
El corte de suministro de agua, junto con la prohibición de la entrada de un camión cisterna con agua potable, no solo afecta a los asilados, sino que también constituye un acto de hostilidad directa contra un país extranjero, en este caso, Argentina.
Este tipo de medidas, que buscan poner en riesgo las condiciones de vida de los asilados, son vistas como una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que protege la inviolabilidad de las representaciones diplomáticas y consulares, y de los derechos fundamentales de las personas bajo asilo.
Argentina, como nación afectada, tiene varias opciones frente a esta agresión. Primero, podría elevar la denuncia ante organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Penal Internacional (CPI), señalando la violación de los derechos humanos de los asilados y el abuso de poder del gobierno venezolano.
También podría solicitar la intervención de la ONU, particularmente de su Consejo de Derechos Humanos, para que se tomen medidas frente a esta violación.
En términos de solidaridad regional, Argentina podría buscar el apoyo de otros países latinoamericanos que también rechazan el régimen de Maduro, con el fin de crear un frente común que presione por una solución pacífica y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
La comunidad internacional podría coordinar esfuerzos para exigir a Venezuela el cese inmediato de las agresiones contra los asilados y pedir el restablecimiento de las condiciones mínimas de respeto a las normas internacionales.
El respaldo a Argentina, en este caso, debe ir más allá de las declaraciones. Sería importante que se implementen sanciones más contundentes contra el régimen venezolano, incluyendo la ampliación de las sanciones económicas, la congelación de activos y la presión para que se suspenda a Venezuela de organismos multilaterales.
De igual manera, el mundo debería presionar para que las organizaciones internacionales establezcan mecanismos más efectivos para monitorear y sancionar violaciones de derechos humanos y ataques a la diplomacia, acá debemos darle la razón a Javier Milei cuando plantea que algunos organismos internacionales, como las Naciones Unidas, no están cumpliendo con los fines para los cuales han sido creados o, por lo menos, no son lo eficientes que deberían ser.
La decisión del régimen de Nicolás Maduro de extremar el asedio a los asilados en la Embajada Argentina es una nueva señal del autoritarismo creciente en Venezuela y una violación directa de los derechos de los opositores al régimen.
No debemos olvidar que el fraude electoral y la persecución política bajo el régimen de Nicolás Maduro no son solo violaciones de la democracia, sino que representan un obstáculo para el futuro de Venezuela.
La única salida para el país pasa por restaurar el estado de derecho, garantizar elecciones libres y justas, y permitir la plena participación de la oposición política sin el miedo a represalias.
Solo mediante el respeto a los derechos humanos y la restitución de la democracia podrá Venezuela encontrar el camino hacia la reconstrucción de una nación que hoy se encuentra atrapada en las garras de una dictadura.
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