En este nuevo 25 de Mayo, cuando una vez más resuena aquella histórica pregunta de “el pueblo quiere saber de qué se trata”, quizás también sea momento de hacernos otras preguntas, mucho más cercanas, cotidianas y concretas. Preguntas sobre los privilegios, las costumbres enquistadas y la distancia creciente entre el ciudadano común y quienes administran lo público.
Porque si el verdadero soberano es el pueblo, como tantas veces se declama en actos oficiales y discursos patrióticos, entonces cuesta entender por qué, en muchas ciudades, los funcionarios públicos provinciales y municipales parecen gozar de privilegios que el resto de los ciudadanos no tiene.
Basta recorrer algunos sectores emblemáticos de Santiago del Estero para advertirlo. Frente a edificios públicos aparecen espacios donde estacionar está prohibido para cualquier vecino, pero donde vehículos oficiales -y muchas veces particulares de empleados o funcionarios- permanecen cómodamente ubicados durante horas.
Ocurre frente al Parque Aguirre, en sectores vinculados a Parques y Paseos, y también en inmediaciones del Complejo Taboada, entre otros lugares. El ciudadano común debe dar vueltas, pagar estacionamiento o resignarse a una multa; el funcionario, en cambio, parece contar con un permiso tácito que nadie controla.
La pregunta es simple: ¿por qué? No se trata solamente de autos o lugares para estacionar. Se trata de una lógica. De una cultura del privilegio que lentamente se naturaliza hasta volverse invisible. Una lógica según la cual algunos servidores públicos terminan actuando como si el espacio público les perteneciera.
Algo parecido ocurre dentro de parques y paseos, donde es frecuente observar motocicletas de empleados municipales circulando por sectores peatonales, espacios verdes o caminos internos reservados para familias, niños y personas que intentan disfrutar de un ámbito recreativo. Lo llamativo no es solamente que suceda, sino que suceda con absoluta normalidad, a plena vista de todos y sin ningún tipo de sanción.
¿Acaso las normas de convivencia urbana son solamente para los ciudadanos comunes?
Y en medio de esta escena aparece otro interrogante inevitable: las garitas policiales instaladas dentro de plazas y espacios públicos, ¿qué función cumplen realmente?
En teoría representan presencia preventiva, cercanía y seguridad. En la práctica, muchas veces ofrecen una imagen muy distinta. Policías mirando permanentemente sus teléfonos celulares, sentados, aislados de cuanto ocurre alrededor y sin la mínima actitud de observación del entorno. Resulta difícil comprender cómo en espacios relativamente reducidos, donde sería perfectamente posible vigilar movimientos sospechosos, conflictos o situaciones de riesgo, la atención parece estar puesta en una pantalla y no en el espacio público que deberían custodiar.
La sensación ciudadana es que muchas veces esas garitas terminan funcionando más como decoración urbana que como verdaderos puestos de prevención.
Y aquí surge otra cuestión no menor: si la vigilancia depende cada vez más de cámaras de seguridad, ¿qué tan eficaces son realmente esas cámaras? Porque abundan los relatos sobre imágenes borrosas, registros de mala calidad o dispositivos que no logran identificar rostros ni patentes con claridad suficiente. Se anuncian sistemas modernos, millonarias inversiones y centros de monitoreo sofisticados, pero cuando ocurre un hecho concreto, la calidad de las imágenes suele dejar demasiadas dudas.
Entonces volvemos al principio. El pueblo quiere saber de qué se trata. Quiere saber por qué existen privilegios cotidianos para quienes deberían dar el ejemplo. Quiere saber por qué el espacio público parece tener dueños circunstanciales. Quiere saber si las normas son iguales para todos o solamente para algunos. Quiere saber si la seguridad es real o apenas una puesta en escena.
Tal vez el mejor homenaje a aquel espíritu de mayo no sea repetir consignas históricas ni organizar actos protocolares, sino recuperar algo mucho más profundo: la idea de que los funcionarios son servidores públicos y no una categoría superior de ciudadanos. Porque cuando los privilegios se vuelven costumbre, la igualdad ante la ley empieza lentamente a vaciarse de contenido.
