Dos médicos acusados del homicidio culposo de una adolescente, a quien habían intervenido quirúrgicamente por una apendicitis, comenzarán a ser juzgados a fines de este mes. Más de 10 años después de la muerte de la jovencita, los profesionales estarán en el banquillo de los acusados
Cuando se calzaba los patines y salía a la pista, su estilizada figura brillaba ante las luces. Parecía volar. Con 16 años recién cumplidos se había convertido en una profesional del patinaje artístico. Participaba de cada torneo que había en el país cosechando medallas y trofeos de distinta índole. La responsabilidad con la que entrenaba había dado sus frutos. El esfuerzo que había hecho desde los cinco años no había sido en vano. Era su pasión, y descollaba en ella.
Pero no era lo único que despertaba ese apasionamiento en ella. El ajedrez formaba parte de su entusiasmo. A tal punto que en 2013 llegó a participar de un torneo internacional. Si bien no ganó, estuvo orgullosa de haberse codeado con los más grandes entre las tablas, de haber adquirido una experiencia única, que la hacía soñar con el próximo campeonato.
Las culturas orientales también la movilizaban. Le encantaba la música coreana de pop electrónico. Ese entusiasmo la impulsó a estudiar el idioma coreano, que ya leía y hablaba con bastante fluidez. Es más, la ambientación y ornamentación de su cumpleaños de 15 tuvo que ver con ese estilo.
Tantas actividades no la hacían descuidar sus estudios. Durante la primaria había sido abanderada del colegio Mater Dei, en la ciudad de La Banda y, con sus excelentes calificaciones, ya se perfilaba para repetir el logro en la secundaria, mientras cursaba el 4º año “A” en la institución que la había visto crecer desde el nivel inicial.
No acostumbraba a salir a los boliches, aunque se reunía con frecuencia con un grupo de amigos, en la casa de alguno de ellos, con quienes iba al cine, comía pizzas y reía hasta cansarse. Su único hermano era su amigo más fiel e inseparable. Sus padres eran sus consejeros, sus guías en el camino de la vida.
Ella estaba cargada de sueños. Quería terminar la escuela y estudiar Derecho. Decía que una vez convertida en abogada viajaría a conocer Corea.
Ella se llamaba Ana Virginia Romano Seriani, era una adolescente feliz. Muy feliz. Cargada de sueños y anhelos. Tenía ante sus ojos un futuro brillante. Sin embargo, todos esos sueños se vinieron abajo en la fría tarde del 25 de julio de 2014, cuando sus ojos se cerraron para siempre.
Hoy, a una década de su muerte, los médicos Octavio Eduardo Carabajal y Federico Nicolás Sández comenzarán a ser juzgados, como responsables de su muerte. Ambos están imputados por homicidio culposo por mala praxis. Pero, para entender lo que sucedió hay que volver la vista atrás y rearmar una historia dolorosa que nunca debió terminar de esta manera.
Apendicitis
El lunes 21 de julio de 2014, Ana Virginia entrenó hasta cerca de las 23 en el Centro Recreativo de la ciudad de La Banda. Al día siguiente le comentó a su mamá, Alicia Seriani de Romano, que tenía una molestia que parecía ser de tipo gastrointestinal. Como la familia tenía pensado participar de los festejos de la Virgen de Huachana en los próximos días, la mujer decidió llevarla a la consulta médica.
Esa tarde, ambas subieron en una moto y se dirigieron al Sanatorio San Francisco, sito en la calle Buenos Aires, de la Madre de Ciudades. El médico cirujano Octavio Eduardo Carabajal les dijo que se trataba de apendicitis y que la operarían al día siguiente. Para todos parecía ser una cirugía sencilla, algo que podría ser minimizado y casi sin importancia. Sin embargo, se convirtió en un camino de muerte.
Los Seriani desconocían que Octavio Carabajal ya había recibido una sentencia condenatoria en sede civil, por los daños que sufriera una reconocida periodista santiagueña. Ella había sido operada en el mismo centro asistencial, por el mismo médico. Su vida fue salvada en un hospital de Córdoba, hacia donde fue trasladada en gravísimo estado. Luego de una década fue obligado por la justicia local a indemnizar a la comunicadora, pero ella no hizo una denuncia penal.
Cirugía mortal
El miércoles 23, la jovencita entró en cirugía a las 13, y salió una hora más tarde. Un par de horas después no salía del estado de somnolencia y sus padres comenzaron a desesperarse. Pese a su insistencia, el médico la habría ido a ver ocho horas más tarde, cerca de las 22. Su diagnóstico fue que la menor hizo una reacción alérgica a los antibióticos y le quitó todos los medicamentos que le suministraban a través de sueros. A las 2, el médico de guardia la traslada a la Unidad de Terapia Intensiva porque la menor comenzó con un sangrado.
El jueves 24 la vuelven a operar. “En ningún momento me dijeron que había una hemorragia. Cuando sale de quirófano nos dicen que tenía un quiste en los ovarios”, contó su mamá.
Ese día, desde las 20 hasta las 8 del día siguiente, el Dr. Federico Nicolás Sández se hizo cargo de la guardia de Terapia Intensiva. Aunque éste la recibe en estado grave, cuando se marchó, Virgi –como todos la llamaban- quedó en estado crítico. Aun así, en su historia clínica y en las planillas de la sala afirmó que no había novedades.
Cuando la médica Josefina David recibe su guardia, en la mañana del viernes 25 de julio, revisa a la adolescente y se encuentra con una situación de extrema gravedad. Tal es así que, de inmediato, “dicta una batería de medidas desesperadas tratando de salvar la vida de la chiquita. Consideramos que fue la única que actuó bien”, contó el Dr. Martín Adle, querellante de la familia.
A las 16 horas del día en que Santiago era toda una fiesta por su cumpleaños, Ana Virginia falleció en el Sanatorio San Francisco.
Mala praxis acreditada
“Se cometieron un cúmulo de irregularidades. La oportuna autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por la mala praxis médica, a través de un shock séptico hipovolémico, por deisencia de puntos de sutura”, aclaró el Dr. Adle sobre la autopsia realizada por el presidente del Cuerpo Médico Forense y otros dos profesionales.
Según el querellante, fue “totalmente acreditada la mala praxis y la desesperación del sanatorio a través de la falsedad de la historia clínica que se presenta en la justicia, que es distinta a la que se entrega a la obra social”, señala Adle.
Entre las muchas irregularidades, el abogado señaló, a modo de ejemplo, que “el seguimiento de enfermería está llenado 36 horas con la misma letra, lo cual es imposible”. Por otro lado, señala que “hay médicos que en la audiencia han negado la firma que está en la historia clínica. Hay producción de plaquetas y sangre que no se ha realizado, lo firma una hematóloga que declara no haberlo firmado”.
A la vez, agregó que “las pruebas recopiladas son contundentes”, agrega. Por lo cual, “se los acusó de homicidio culposo por mala praxis médica, y se pide la inhabilitación para ejercer la medicina”, agregó el abogado de la familia Romano Seriani.
Por su parte, la mamá de Ana Virginia sostuvo que le interesa “el tema de la matrícula, que no sigan haciendo lo que están haciendo. Ellos siguen operando, siguen trabajando como si nada hubiese pasado”.
En el mismo sentido enfatizó que “me interesa que no sigan haciendo esto. Nadie me asegura que esto no haya pasado antes y que no vaya a seguir pasando. Desde el momento en que ha pasado con mi hija, las posibilidades que vuelva a suceder, están. Quiero que se haga justicia”.
Denuncia
Pese al tremendo dolor, los padres de la jovencita no se quedaron con los brazos cruzados y de inmediato denunciaron el caso, que recayó en manos de la fiscal Celia Mussi y la jueza Rosa Falco, por entonces a cargo del Juzgado del Crimen de 5ª Nominación.
Los investigadores dispusieron numerosas medidas, como la exhumación y la autopsia del cuerpo de la adolescente. “Se cometieron un cúmulo de irregularidades. La oportuna autopsia determinó que el fallecimiento se ha producido por la mala praxis médica, a través de un shock séptico hipovolémico”, aclaró el Dr. Martín Adle, abogado querellante, sobre el procedimiento realizado por el presidente del Cuerpo Médico Forense y otros dos profesionales. La infección generalizada se produjo por la perforación de los intestinos.
Casi un año después, el 14 de abril de 2015, en virtud a todas las investigaciones realizadas y las pruebas recolectadas, la Dra. Mussi, fiscal de instrucción en lo Criminal y Correccional de 5º Nominación, le solicitó a la jueza Falco la imputación de Octavio Carabajal, su hijo Gustavo Carabajal, quien también participó de la cirugía, y Federico Sandez, por la supuesta mala praxis cometida contra Ana Virginia.
Este pedido de imputación contra los médicos levantó una verdadera polvareda entre los profesionales de la salud de Santiago del Estero, quienes no terminaban de asimilar que sus pares estuvieran envueltos en un hecho judicial de estas características.
Tal como era de esperarse, las defensas de los tres médicos señalados plantearon numerosos recursos que fueron dilatando el proceso.
Imputación
Pasó otro año hasta que, la segunda semana de marzo 2016, la jueza Falco hizo lugar al pedido de la fiscal y decidió imputar por mala praxis a los tres médicos. La imputación también fue objetada por los médicos, quienes presentaron sendos recursos de apelación para evitar su procesamiento, con lo cual, el caso pasó a la Cámara de Apelaciones.
El tribunal, integrado por los Dres. Gloria Cárdenas, Cristian Vittar y Abelardo Basbús, consideró también que “nunca se debe olvidar que la actividad médica opera sobre seres humanos y que cada individuo reacciona de manera disímil, respecto de los demás, por lo que requiere dosificaciones distintas del arte curativo. La medicina no forma parte de las ciencias exactas, intervienen con frecuencia elementos impredecibles, interfieren y sorprenden riesgos extraños, de difícil previsibilidad. Para que la intervención profesional sea legítima debe, además de perseguir el fin de curar y ser la indicada, ejecutarse conforme a las reglas del arte médico que, en general, no constan en ningún texto de seguimiento obligatorio”. Dichas reglas “están dictadas por la experiencia, son aceptadas generalmente e indican cómo se debe actuar frente a las diversas situaciones”, según lo destaca Marco Antonio Terragni, en su trabajo denominado “El delito culposo en la praxis médica”.
Finalmente, los camaristas decidieron rechazar las apelaciones que habían pedido Octavio Carabajal y Federico Sandez, confirmando el procesamiento en su contra. Al contrario, dispuso la falta de mérito a favor de Gustavo Carabajal, pues actuó como cirujano auxiliar o ayudante.
Obrar negligente
En cuanto al Dr. Federico Nicolás Sandez, el tribunal confirmó que estuvo como médico de guardia de la Terapia Intensiva entre las 20 del 24 de julio y las 8 del día siguiente. Precisamente, durante su guardia, Ana Virginia estaba internada en esta unidad.
En su declaración, el médico admitió que tenía “un postoperatorio complicado e hipotensión”. De la historia clínica surge que la menor se mantuvo estable, afebril, con valores normales de presión arterial y saturación de oxígeno. Sin embargo, para el tribunal, el médico no le dispensó “los cuidados o la atención que su caso requería”, y que, de “haberlo prestado, se hubiera podido evitar el desenlace fatal”. Es decir que su obrar se presenta como “negligente”, pues “omitió darle el cuidado debido al estado crítico de la paciente”. Esta omisión “se habría plasmado en la historia clínica, en la que no habría realizado ninguna atestación vinculada a la evolución de la paciente, figurando solamente lo plasmado en la hoja de enfermería”.
A partir de los testimonios de las enfermeras, y de los médicos que precedieron y sucedieron en la guardia al Dr. Sandez, la Cámara señaló que “se puede concluir que su versión sobre el estado de la paciente durante su guardia no resulta ajustada a los hechos acreditados”.
Por el cúmulo de pruebas y testimonios recolectados, el tribunal resolvió confirmar el procesamiento de Federico Nicolás Sandez.
Shock séptico
El informe de la autopsia señaló que Ana Virginia “falleció como consecuencia de una peritonitis séptica generalizada y un proceso de coagulación intravascular diseminado, post-apendicetomía, lo que determina un fracaso orgánico múltiple, produciendo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica originada en un shock séptico”.
El Dr. Octavio Carabajal fue “el cirujano principal, quien habría realizado las maniobras que, a la postre, produjeron el cuadro que provocó la muerte de la menor”.
“Los médicos no tienen la obligación de que el paciente al que asisten recupere la salud, pero sí pesa sobre sus hombros la obligación de utilizar todos los medios adecuados para aquel fin –que aquél sane-, debiendo en tal procura poner de su parte todos los conocimientos que tengan, con la diligencia y la prudencia que el caso concreto requiera”, señalaban los camaristas.
En su testimonio, el Dr. Jorge Haick, quien había decidido pasar a la jovencita a terapia, recordó que le habían informado que se trataba de “un post-quirúrgico de apéndice”, por lo que “tuvo la sospecha que –por la pérdida de sangre encontrada- se trataba de una hemorragia interna”, y que además de ordenar la transfusión de sangre y la colocación de suero, pidió llamar al Dr. Octavio Carabajal. Precisamente, la ecografía ordenada por Haick fue la que determinó la existencia de líquido. “En esa instancia se debe volver abrir al solo efecto de explorar todos los órganos”. Esta nueva cirugía fue realizada por los Dres. Carabajal, padre e hijo.
Por su parte, la Dra. María Alejandra Sanz, quien estuvo de guardia en la terapia desde las 8 hasta las 20 del 24 de julio, declaró que “el Dr. Carabajal era el médico que la había intervenido y tenía conocimiento de lo que sucedía”. O sea, que la menor estaba “hipotensa, pálida, nauseosa, febril y no desaturaba. Que el abdomen era doloroso”. Antes de retirarse de su guardia, en la historia clínica había plasmado que “la paciente podría estar sufriendo un shock hipovolémico, por un secuestro sanguíneo, es por ello que se pide glóbulos rojos y plasma para que levante la presión arterial”.
Mientras que la Dra. Josefina David, quien tomó la guardia a las 8 del 25 de julio, declaró que “cuando ve a la paciente, presentaba mal estado general, con deterioro del estado de conciencia, un delirio hiperactivo, estaba hipotensa, taquipneica, taquicárdica, febril, con baja saturación de oxígeno”. A su criterio, era una “respuesta inflamativa sistémica compatible con sepsis”, y que todas las fallas orgánicas que estaba sufriendo la menor se debían al “shock séptico”.
Pedido de "Probation"
El 4 de noviembre de 2020, el Tribunal integrado por los Dres. Luis Eduardo Lugones (presidente), Olga Gay de Castellanos y Raúl Oscar Romero, se reunió en una audiencia virtual para resolver la apelación excepcional interpuesta por los defensores de los médicos acusados por “homicidio culposo por mala praxis”.
Durante la audiencia, en la que no estuvieron presentes los médicos, sus abogados defensores solicitaron su intención de realizar “trabajos comunitarios” como una forma de “reparar el daño”, que no es otro que la muerte de una jovencita. Además, manifestaron su pretensión de pagar 60 mil pesos a la familia de la víctima, más allá de lo que resultare en sede civil.
Alicia Seriani, mamá de la jovencita, quien estaba presente en la audiencia, y a quien el tribunal le dio la palabra para expresar que, como familia, después de tanta espera, sólo anhelan la realización de un juicio oral, durante el cual se pudiera exponer el calvario que su hija padeció.
Más allá de los planteamientos y recursos que cada uno de los abogados defensores expuso, al igual que los pedidos del fiscal, hubo una situación que motivó el reclamo de la mamá, y que pudo exponer gracias a que el tribunal volviera a cederle la palabra.
“En un momento, uno de los abogados defensores dice que ‘la familia busca venganza’. Si uno quiere venganza, no se pone hacer semejante proceso, que es largo, doloroso, desgastante. Nosotros queremos justicia, que es totalmente distinto a la palabra venganza. Hacer trabajos comunitarios, para mí, no es justicia”, contó Alicia a LA COLUMNA.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones aceptó la pretensión de los médicos.
Luego de diversos planteos, el Superior Tribunal de Justicia, el 2 de diciembre de 2022, determinó el rechazo de la “probation”.
En este punto cabe resaltar que “la suspensión del juicio a prueba, también conocida como Probation es una forma de extinción de la acción penal respecto del imputado que cumplió determinadas reglas de conductas durante un período de prueba fijado por el tribunal que la concedió, siempre que se reúnan los recaudos legalmente establecidos”.
Juicio suspendido
Con todas las esperanzas puestas en la justicia, la familia Seriani se preparó para seguir las alternativas del debate oral que debía comenzar el 4 de junio pasado. Para sorpresa de todos, el juicio fue suspendido porque los defensores de los médicos inculpados formalizaron nuevamente el planteo de la probation.
Frente a ello, el Tribunal Unipersonal, a cargo de la Dra. Graciela Viaña de Avendaño, decidió suspender el debate oral hasta analizar la propuesta de las defensas a cargo de los Dres. Francisco Palau (h) y César Gustavo Jorge, abogados de Octavio Carabajal, y los Dres. Sebastián Robles y Gonzalo Tejeda Torres, abogados de Federico Sández.
Frente a ellos, el Ministerio Público Fiscal estaba representado por el Dr. Álvaro Cantos, representante del Ministerio Fiscal, mientras que el Dr. Martín Adle es el querellante en representación de la familia de Ana Virginia.
En la ocasión, los defensores plantearon otra vez el pedido de probation, que consistía en un resarcimiento económico para la familia de adolescente, uno por 2 millones de pesos y el otro por 3 millones. Pedidos que fueron rechazados de plano, tanto por el querellante como por el fiscal.
Frente a ello, cundió la alarma, pues la causa podría haber caído en prescripción si es que llegaba hasta septiembre sin juicio. La familia de la adolescente se movilizó y logró la adhesión del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad del Ministerio de Justicia de la Nación, que garantiza el acceso a los derechos de las víctimas. Así, en una carta enviada a la jueza expresaron, entre otras cosas, que “particularmente en el acompañamiento del caso brindamos un marco de asesoramiento y acompañamiento institucional a la Sra. Seriani con enfoque interdisciplinario. Es desde esa perspectiva que entendemos y adherimos a la preocupación expresada acerca de la posibilidad de que se suspenda a prueba un proceso penal por homicidio tan complejo y extenso desde su instrucción”.
Es por ello que “solicitamos en carácter colaborativo información acerca de la audiencia de instancia; y expresar en el marco del acompañamiento institucional, por manifiesto pedido de la familia, su interés de ejercer sus derechos de participación activa y transmitir el interés y compromiso para celebrar con la mayor celeridad posible la presente etapa”.
También recibieron el apoyo de la ONG “Por la vida y la Salud”, que preside Gabriela Covelli, mamá de Nicolás Deanna, fallecido también a causa de una mala praxis. Precisamente, esta organización brega por la sanción de la “Ley Nicolás”, que ya fue tratada en la Cámara de Diputados de la Nación. Es más, en esa oportunidad, Alicia Seriani fue invitada a exponer el caso de Ana Virginia frente a los legisladores.
Nuevo juicio
La presión mediática y de los organismos nacionales pareciera haber servido para impulsar la decisión de la Dra. Viaña de Avendaño, quien decidió considerar improcedente los pedidos de los médicos. Por lo tanto, dispuso que se sorteara un nuevo juez para continuar con el juicio y se eligió al magistrado Luis Ariel Domínguez como tribunal unipersonal de un nuevo juicio.
Tal es así que el 3 de julio pasado, la Oficina de Gestión de Audiencias informó a las partes que se fijó para el 30 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto el inicio del juicio.
En tal sentido, el director de la OGA, Dr. Alejandro Presti advirtió que “en mérito a las reiteradas renuncias intempestivas por parte de los abogados de confianza de los imputados y a los efectos de asegurar la presencia de abogado defensor particular en las audiencias de debate” debían concurrir a esa oficina hasta 5 días después de su notificación para confirmar su participación. Esta medida era para “evitar la suspensión del juicio y que, en caso de incomparecencia injustificada podría considerarse abandono de persona”.
Esto se debe a que en reiteradas oportunidades hubo aplazamientos debido a renuncias de abogados defensores.
Labor médica
Sin duda alguna, la labor médica fue siempre una de las más respetadas entre las profesiones. La dedicación, la entrega, el compromiso y la capacitación que estos hombres y mujeres ponen al servicio de la salud forman parte de una bandera que ellos mismos exhiben como un sello identificatorio, lo que se puso aún más de manifiesto en este tiempo de pandemia. Sin embargo, no todos los médicos son tan profesionales como parecen. Ni todos tienen la misma entrega ni mucho menos similar compromiso con el juramento que un día hicieron al egresar de las distintas facultades del país
Dos médicos santiagueños se sentarán en el banquillo de acusados, como responsables de supuestas malas praxis. Algo habrían hecho mal o habrían omitido tomar ciertas medidas para salvar la vida a Ana Virginia.
Indudablemente, nada de lo que fuera a determinar la Justicia podría devolver la vida a la adolescente, pero llevará alivio a todos aquellos que amaron a la adolescente. De todos modos, su familia entiende que ninguno de los médicos irá a la cárcel por la muerte de su hija. Sucede que en Santiago del Estero ningún médico condenado por mala praxis fue a prisión. Es más, los pocos que recibieron una sentencia condenatoria continúan ejerciendo su profesión, atendiendo en sus consultorios, practicando cirugías y recetando medicamentos, entre otros gajes de su oficio, aunque fueron considerados responsables de un delito criminal.
La familia no quiere venganza, sino justicia. ¿Pide demasiado? La justicia tiene la palabra…
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